por Guillermo Lipis

El juez federal Daniel Rafecas se reconoce “en el centro de la escena” desde la solicitada publicada en la que se reclama su “remoción por manifiesta inconducta en el ejercicio de la magistratura”; afirma que “los jueces ya no pueden hablar sólo a través de sus fallos” y que se “hace cargo” de su “mirada como juez” por la que desestimó la denuncia presentada por el entonces fiscal Alberto Nisman contra el ex canciller Héctor Timerman y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Para Rafecas, “la multiplicación de los medios masivos debería llevar a un debate interno en la Justicia para repensar la relación de jueces y fiscales con los medios masivos de comunicación y la opinión pública”, explicó a Télam en su despacho de Comodoro Py.

Este juez se asume “en el centro de la escena” por la solicitada publicada el pasado 8 de septiembre en la que se reclamó su remoción por haber rechazado la denuncia del ex fiscal Nisman, y afirma que se vio “obligado -en esta coyuntura- a explicar cuestiones relacionadas con algunos fallos y que mi voz sea escuchada en este contexto tan complejo de la relación entre los medios de comunicación y la Justicia”.

– ¿Qué cambió en la relación de la gente de la Justicia con los medios de comunicación?

– La mayoría de los funcionarios o magistrados de mi generación estamos formados en la cultura de que los tribunales, juzgados y fiscalías hablan a través de sus dictámenes. Pero a partir de la multiplicación de medios, la incorporación de una enorme cantidad de dispositivos tecnológicos y la proliferación de periodistas y panelistas, un dictamen genera cientos de opiniones y muchas personas se involucran -desde una mirada interesada u objetiva- desde los medios masivos de comunicación.

– ¿Y este cambio no trae aparejado un mayor involucramiento de lecturas políticas a las decisiones judiciales?

– Sí, pero ya estoy acostumbrado a las críticas o lecturas políticas sobre decisiones estrictamente judiciales. En mi trayectoria de 12 años como juez federal tengo varios ejemplos emblemáticos como el caso de los sobornos en el Senado. En esa causa tenías de un lado ex senadores peronistas y funcionarios o senadores radicales del otro. O la causa Ciccone, o la postura del juzgado en la causa por crímenes de lesa humanidad en el Primer Cuerpo de Ejército.

– Esta politización de los fallos se repitió en su desestimación de la denuncia de Alberto Nisman, cuando el fiscal solicitó querellar al entonces canciller Héctor Timerman y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

– Sí, lo que resultó llamativo es que ese hecho sucedió un año y medio después. Creo que, seguramente, a partir del cambio de gobierno ciertos sectores creyeron que en Argentina podría generarse un cambio en el escenario de la justicia y volvieron a la carga con imputaciones políticas contra el gobierno anterior ante la frustración de que el juez de primera instancia -a partir de un pedido de reapertura- mantuviera su postura. Pero considero a esta reacción (por la solicitada) inusitada e inapropiada.

Mi resolución sobre la presentación del ex fiscal (Nisman) es bastante clara y transparente. Además hay que destacar que fue confirmada por la Cámara Federal en términos igualmente elocuentes -en cuanto a que no había delito- y también por la Cámara Federal de Casación Penal.

Las tres instancias de la Justicia, en el 2015, ratificaron que de la denuncia de Nisman no podía vislumbrarse ningún delito que investigar.

– ¿Puede explicar los motivos de su decisión jurídica?

– De lo que fue la denuncia de Nisman quedaron en pie, por la instrucción del fiscal (Gerardo) Pollicita, dos hechos supuestamente de connotación delictiva. Uno era la supuesta presión del gobierno y la Cancillería argentina sobre Interpol para dar de baja las órdenes de captura de los iraníes a partir de la firma del Memorando de Entendimiento con Irán. El otro punto se sustentaba en lo que había sugerido el periodista José “Pepe” Eliaschev en su nota en el diario Perfil donde denunciaba que el entonces gobierno argentino “estaría dispuesto a suspender la investigación de los dos ataques terroristas”, a la Embajada de Israel y la AMIA.

La primera parte de la denuncia del ex fiscal era central, pero tenía -por lo menos- dos problemas graves para ser admitida como hipótesis delictiva.

Una era que el gobierno argentino no podía darle de baja a la notificación roja para cesar la búsqueda de los iraníes porque el artículo 81 del reglamento de INTERPOL establece que el único que puede pedir la baja de una notificación roja es el mismo organismo judicial que le dio el alta, es decir el juez de la causa. Es decir que INTRERPOL no podía hacerlo, por ejemplo, ni a solicitud o bajo presiones del gobierno argentino o iraní.

A mí me hubiera gustado que en algunas de las 281 páginas de su denuncia, Nisman explicara cómo se paró frente a la legislación aplicable que desmiente su postura.

– ¿Nisman menciona o considera ese artículo del reglamento de INTERPOL en su presentación?

– No está citado ni una sola vez en las 281 páginas redactadas. No dice nada para tratar de explicar esta contradicción. Y lo que para mí es desconcertante es que no está citado el único documento oficial que conecta a la Cancillería con INTERPOL.

– ¿Ese es el segundo punto que usted mencionó anteriormente?

– Sí. Me refiero a la supuesta presión del canciller Timerman sobre INTERPOL. La pregunta que hay que hacerse es: ¿Hubieron contactos oficiales entre la Cancillería e INTERPOL al momento de la firma del tratado con Irán? Sí, existieron. Hubo una única comunicación oficial de Timerman quince días después de suscripto el memorando (que aún no estaba en vigor y que nunca se puso en marcha) comunicando la firma del acuerdo.

En esa carta Timerman también explicó que la eventual entrada en vigencia del acuerdo no modificaba el estatus de las notificaciones rojas emitidas por las órdenes de captura de los iraníes.

La misiva también recordaba que cualquier cambio en el pedido de capturas sólo podrá ser realizado por el juez argentino con competencia en dicha causa, el doctor Rodolfo Canicoba Corral.

Es decir que la Cancillería hizo exactamente lo contrario a lo que dijo Nisman porque comunicó el memorando y fijó la postura oficial argentina en el sentido opuesto a lo que explicó el fiscal.

Respecto a lo escrito por Eliaschev en el diario Perfil, el mismo periodista lo desmintió en la declaración testimonial que el propio Nisman le tomó en la UFI-AMIA.

– ¿Y qué más evaluó sobre los textos de Eliaschev?

– Que sus declaraciones fueron puramente mediáticas, no tenían ningún sustento y por eso quedaron rotundamente descartadas en mi resolución.

La nota de Eliaschev en Perfil estaba escrita con verbos en potencial, pero además, cuando fue a declarar bajo juramento a la fiscalía de Nisman no proporcionó ninguna información que pudiera servir de argumento a la denuncia formulada por la UFI-AMIA.

El supuesto ‘paper’ de inteligencia iraní que había visto Eliaschev era una traducción al inglés de un informe en farsí que no se sabía ni quién la había escrito, ni cuándo o cómo lo habían hecho, ni quién lo tradujo.

Y no decía nada más que Argentina e Irán se habían reunido para intentar destrabar el conflicto diplomático.

Nisman presentó su denuncia dos años después de la firma del pacto, suscripto en enero de 2013, y un año y medio después de que el mismo ingresara en una vía muerta porque Irán nunca confirmó este tratado y perdió interés en el asunto. Y si nunca entró en vigor y no produjo ningún efecto jurídico, entonces tampoco produjo posibilidad alguna de delito.

Rafecas, por último, explicó que justamente por eso no podía “abrir una causa penal con la implicancia nacional e internacional que podía traer aparejada”.

Télam.