Si el Senado avanzara con la aprobación definitiva de la fórmula de movilidad jubilatoria que la oposición logró imponer con media sanción en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei hará uso del veto presidencial para neutralizar esa reforma.

La semana pasada, el jefe de Estado dejó en claro su postura en el evento Latam Economic Forum: “Les voy a vetar todo lo que rompa la caja fiscal, me importa tres carajos”.

El flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que si “en la Cámara de Diputados quieren insistir con los dos tercios ante un veto del Presidente, claramente lo que va a hacer el Gobierno nacional es cortar otras partidas”. Y amenazó con “recortes de todo tipo”.

Sin embargo, allí no termina la película, ni el jefe de Estado tiene la última palabra en esta historia, aunque parezca extraño.

La oposición tiene buenas chances de anular el veto presidencial y blindar su fórmula para ajustar los haberes de jubiladas y jubilados. La pregunta es cómo hacerlo.

La respuesta está en la Constitución nacional, y en la calculadora.

El artículo 83 de la Carta Magna establece que “desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación”.

Si Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal quisieran insistir con la iniciativa después de su veto, puede perfectamente hacerlo juntando las dos terceras partes de los votos en una nueva sesión especial. Y luego el Senado debería refrendar esa misma mayoría.

La realidad es que se trata de un objetivo totalmente alcanzable.

De hecho, en la votación del miércoles a la madrugada se superó esa mayoría de dos tercios, ya que acompañaron afirmativamente 160 diputados sobre los 232 que marcaron su voto en un sentido u en otro, descontando los ausentes y las abstenciones. El porcentaje fue del 69%, por encima de los 66,66% necesarios.
La base o denominador sobre la cual se debe realizar la cuenta no es 257, que sería la cantidad total de diputados del cuerpo.

Tampoco es la cantidad de diputados presentes en la sesión, ya que podría darse el caso, como suele suceder la mayoría de las veces, de que algunos de ellos opten por abstenerse.

La cuenta que debe realizarse, entonces, es el cociente de la cantidad de votos afirmativos sobre la suma de los votos positivos y los negativos.

Los 72 votos en contra, que fueron mayoritariamente de La Libertad Avanza y el PRO, no solamente no fueron suficientes en la Cámara baja para frenar la media sanción, sino que tampoco le dejan al oficialismo señales optimistas de cara a una eventual nueva sesión en la que resulte necesario impedir los dos tercios.

Se suma a este pronóstico alentador para la oposición y desolador para el oficialismo un dato político para nada desdeñable.

Tiene que ver con que los cinco diputados del Frente de Izquierda, que en la madrugada del miércoles se abstuvieron por considerar que la propuesta del resto de la oposición era demasiado mezquina y con sabor a poco, votarán a favor en el caso de que el proyecto vuelva a la Cámara baja producto de un veto presidencial.

“Si el presidente intenta vetar la ley, nuestros votos se transformarán en un voto contra el veto presidencial”, ratificó la diputada y ex candidata presidencial Myriam Bregman.

En la votación, hubo otras tres abstenciones que podrían convertirse en votos negativos ya que se trata de diputados que son aliados del Gobierno. Son la tucumana Paula Omodeo, del monobloque Creo, y los sanjuaninos Nancy Picón Martínez y María de los Angeles Moreno, quienes responden al gobernador Marcelo Orrego.

A su vez en la votación hubo ausentes, como es el caso de Silvia Lospennato (PRO) y Rocío Bonacci (LLA), que claramente votarán en contra de la nueva ley de movilidad jubilatoria. En cambio, Magalí Mastaler (Unión por la Patria), una de las ausentes, votará a favor, y lo mismo haría Manuel Aguirre (UCR).

En el Senado, también es más que factible que la oposición pueda reunir las dos terceras partes de los votos para resucitar la ley previsional ante un potencial veto de Milei.

En el caso de que no hubiera ausencias, se necesitarían 48 de los 72 votos. La sumatoria de Unión por la Patria, UCR y bloques provinciales excede con creces ese número.

No es demasiado común que el Congreso insista con leyes vetadas por un presidente, dada la dificultad de que la oposición reúna las dos terceras partes de los votos en el recinto. Este es un escenario que raras veces en la historia se produjo, pero que vuelve a recrearse ahora bajo el atípico Gobierno de Javier Milei, cuya fuerza política es claramente minoritaria en el Parlamento.

La última vez que una ley vetada parcial o totalmente recobró vigencia por decisión del Congreso fue a propósito del Presupuesto 2003, hace más de dos décadas.