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Interés general 7 de julio de 2016

Que sí, que no: ahora deciden suspender “tarifazo” de luz

En lo que parece un cuento interminable, de idas y vueltas que marea a los usuarios casi todos lo días, la Justicia provincial decidió suspender por 90 días la aplicación de nuevas tarifas en el servicio de distribución eléctrica.

La Sala II de la Cámara Federal de La Plata, que declaró nulas las resoluciones que aumentaron la tarifa del gas, dejó sin efecto el incremento de la energía eléctrica.

Con el voto de los jueces César Álvarez y Leopoldo Schriffrin, al modificar la decisión del juez Adolofo Ziulu, en la causa “Abarca”, y ordenó por el término de 3 meses la suspensión de las Resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación Nº 6/2016 y 7/2016 y la Resolución del ENRE 1/2016 para el ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.

La decisión tuvo lugar un día después de que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata revocara la resolución del juez Federico Arias que suspendía la suba tarifaria.

El caso de los vaivenes judiciales en torno a los tarifazos terminarán indefectiblemente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que podría emitir la semana que viene un dictamen referente a los aumentos en las tarifas de gas, ante la proximidad del inicio de la feria judicial, mientras siguen sumándose las provincias en las que la Justicia suspendió esos incrementos, una de ellas con alcance en todo el país al declarar “nulas” las resoluciones del Ministerio de Energía.

Fuentes vinculadas al Poder Judicial, dejaron trascender que la decisión del máximo tribunal podría conocerse el próximo martes.

Los voceros también reconocieron que “no hay mucho margen” debido a la sucesión de amparos que se precipitaron en los últimos días y suspendieron los aumentos tanto a niveles provinciales como municipales.

No obstante, también aclararon sobre la complejidad del tema y pusieron énfasis en las disparidades de criterio que se verificó en cada una de esas decisiones judiciales.

En el mismo sentido, el bloque Justicialista presentó un proyecto de ley para suspender “en forma provisoria” hasta el 1 de julio de 2017 los aumentos en los servicios de luz, gas y agua mientras el Gobierno revise los nuevos cuadros tarifarios.

La Cámara Federal de La Plata declaró hoy “nulas” las resoluciones del Ministerio de Energía que dispusieron un aumento en la tarifa del servicio de gas y dispuso retrotraerla a los valores previos al 1º de abril.

A diferencia de otros fallos, el tribunal platense no limitó su alcance a una provincia o municipio determinado, ya que al declarar la nulidad de resoluciones del ministerio dirigido por Juan José Aranguren, abarca a los usuarios de gas de todo el país.

Asimismo, la Cámara Federal de General Roca ordenó suspender el aumento de tarifas del gas para las provincias de Neuquén y Río Negro, por lo que la empresa que presenta el servicio en la zona deberá emitir nuevas facturas con los valores de marzo pasado.

La medida se suma a la suspensión del aumento de gas en Salta dispuesta por el juez federal de esa provincia, Miguel Medina, al aceptar un recurso de amparo de la Defensoría del Pueblo de la capital provincial.

Antes de estos fallos hubo resoluciones judiciales de similar tenor que abarcaron a San Luis, Córdoba y diferentes partidos de la provincia de Buenos Aires, en tanto se esperan definiciones sobre recursos presentados en Mendoza y Chubut, mientras en Santa Fe se rechazó una demanda de un grupo de diputados provinciales del Frente Amplio Cívico y Social.

Por otra parte, un centenar de usuarios de la red de gas natural de La Rioja, entre los que se encuentra un ex senador nacional de la UCR y un dirigente del PJ local, presentaron un recurso de amparo ante la Justicia Federal, a fin de reclamar la suspensión del aumento.

Los aumentos en el suministro de gas por red comenzaron a regir en abril, pero su efecto demoró unas semanas a medida que se iban facturando los períodos de consumo con incremento pleno de la tarifa.

Desde entonces, hubo una seguidilla de reclamos de autoridades provinciales y municipales, legisladores y asociaciones civiles.



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