por Jorge Raventos

Aunque signadas por la penosa quietud que provoca la pandemia, las últimas semanas no han estado desprovistas de hechos políticos significativos.

Uno de ellos, de inocultable relevancia, es que el triángulo formado por el Ejecutivo nacional, la jefatura de gobierno porteño y la gobernación bonaerense ha afrontado con firmeza la fuerte y concertada presión de actores poderosos y de fuertes operadores de opinión pública que reclama poner fin ya a la cuarentena aplicada en el ámbito metropolitano.

Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof han sido capaces de asimilar, acordar o posponer divergencias que los distancian en varios asuntos, conscientes de que en las actuales circunstancias una fractura del triángulo equivale a decretar el fracaso de la estrategia -comparativamente exitosa- que las tres partes adoptaron para enfrentar la amenaza del Covid19 y de que eso implicaría, además de un inmenso costo en vidas, una fuerte derrota política para cada uno de ellos.

No hay que descartar que justamente esa derrota sea el auténtico objetivo de la sostenida campaña que atraviesa los principales medios.

Rodríguez Larreta es un blanco favorito, aunque no sea el central, de esa campaña: se lo golpea por motivos encontrados. Sus competidores internos más -digamos- “duros” son celosos del poder que emana de su condición de jefe de la Ciudad Autónoma y tratan de devaluarlo a los ojos del sector más antiperonista del electorado propio mostrándolo como un satélite del Ejecutivo nacional y como muy condescendiente ante lo que describen como imposiciones de Kicillof.

Quienes apuntan contra Alberto Fernández ven en cambio a Larreta como el pilar más débil (pero más estratégico) del pedestal sobre el que el Presidente ha montado su poder en relación con la pandemia y golpean sobre esa columna para dañar el conjunto de la arquitectura; calculan que separar a Larreta del Presidente arranca a éste fuera del equilibrado centro en el que aspira a instalarse, para empujarlo a los brazos de la señora de Kirchner y aislarlo en ese costado. El vínculo Fernández-Larreta es la semilla de un sistema político con un centro fortalecido. Un riesgo para los bordes, que se necesitan mutuamente.

La base del triángulo

El hecho es que el triángulo Fernández-Larreta-Kicillof se mantiene en pie y que ha hecho ahora una jugada fuerte, al retrotraer al área metropolitana a la Fase 1 de la cuarentena. Los tres gobiernos saben que están facilitando el hostigamiento de sus antagonistas políticos, ofreciéndoles un público potencialmente receptivo el de muchos de los que están obligados nuevamente a bajar las persianas de sus negocios y que, inclusive admitiendo que la pandemia exige medidas heroicas, esperaban que esas medidas no los tocaran a ellos.

Las cifras de infectados por el virus en la zona metropolitana vuelven comprensible el riesgo político asumido por los tres gobiernos. En menos de un mes ( junio), los casos en el AMBA casi se cuadruplicaron. La mortalidad porteña (160 muertes por millón de habitantes) es más de cinco veces mayor que la del resto del país (30/ 1M) y la del Gran Buenos Aires (45/1M) es menor a la de CABA, pero el conurbano supera en contagios a la Capital. Se trata de poner un freno a la circulación del virus y, aunque ocasiona trastornos económicos en muchos casos severos, no hay otra herramienta a mano que no sea el aislamiento social preventivo.

El último viernes, el Presidente y Larreta se reunieron en Olivos y ratificaron que la Fase 1 se extenderá hasta el 17 de julio. El monitoreo constante que practican los tres gobiernos indica hasta el momento que la circulación de personas se redujo considerablemente y que, así, la línea de contagios se ha amesetado. Esperan que esa tendencia se mantenga para recuperar niveles de apertura correspondientes a las fases 2 y 3. Fernández, Larreta (y también Kicillof) saben que, tras más de 100 días, es necesario aflojar la cuarentena y activar la economía sobre bases sanitariamente firmes; lo indica el buen sentido político: “Sólo hay que pedir a cada uno, lo que cada uno puede dar. La autoridad se apoya antes que nada en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se tire al mar, el pueblo hará la revolución. Tengo derecho a exigir obediencia, porque mis órdenes son razonables”. No es El Príncipe de Maquiavelo, es El Principito de Saint Exupéry.

Los enemigos políticos de la cuarentena (o de alguno de los tres gobiernos involucrados en ella) describen con patetismo (no exento de manipulación demagógica en algunos casos) las contrariedades y perjuicios que su instrumentación acarrea, pero no ofrecen ninguna alternativa, sólo sonido y furia…y la notoria intención de averiar la autoridad del Presidente y los jefes distritales y desarticular el triángulo.

La idea que Fernández y Larreta conversaron el viernes último es que, aunque después del 17 se inicie una etapa de diferenciación en las fases a aplicar en cada distrito (quizás no todos los municipios del conurbano estén en condiciones de abandonar la Fase 1) , la coordinación entre las tres jurisdicciones no se abandone.

La resistencia del centro

Si la esforzada subsistencia del acuerdo triangular Nación-CABA-PBA puede leerse como una expresión de vitalidad del centro del espectro político (versus los extremos), hay otros datos que apuntan en la misma dirección. El tema Vicentín, donde los bordes ejercieron al inicio una pinza (atolondrado proyecto de expropiación/denuncias de “venezuelización” y agitación rural) fue enfriado y canalizado por vías razonables con la gestión de un centro ampliado por la participación de gobernadores como -principalmente- el santafesino Omar Perotti y el cordobés Juan Schiaretti, autoridades de distritos con una densa base agraria que forma parte de su base natural de representación.

Del mismo modo, las “ideas locas” que en su momento verbalizó la diputada K Fernanda Vallejos (apropiación estatal de empresas que reciban ayuda de la Tesorería) fueron oportunamente desviadas por la Casa Rosada a vía muerta y el traído y llevado proyecto de impuesto “a la riqueza” (que al emerger pretendía gravar a quienes hubieran blanqueado en tiempos de Macri así como mezclaba patrimonios empresariales con bienes personales) ha sido ubicado en un freezer y, si llega a ser descongelado (Horacio Verbitsky, un periodista muy próximo al kirchnerismo y al proyecto actual, aventuró que eso ocurriría en la tercera semana de este mes) se habrá convertido antes en un gravamen excepcional que sólo recaerá sobre un número ínfimo de grandes fortunas personales, en una medida más indulgente que otras similares que se imponen en países centrales del universo democrático

Otra señal de la intención de navegar por el canal del centro: el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó esta semana un proyecto de ley destinado a castigar severamente el vandalismo rural. Se trata de una respuesta desde la política a la destrucción de silo-bolsas y otros delitos que afectan a los productores agrarios y que se han reiterado últimamente. Desde el campo político y mediático opositor se ha insinuado que esos hechos están inspirados “ideológicamente” por sectores del oficialismo, una teoría que al menos algunos sectores de la producción rural no comparten. “Yo no creo que la rotura de silo-bolsas sea nada orquestado; parecen ser conductas aisladas de gente que quiere hacer mal”, dijo, por caso, Matías De Velazco, uno de los líderes de Confederaciones Rurales Argentinas como presidente de Carbap.

Algunas voces marginales que se referencian en el Frente de Todos, como la señora de Bonafini, han aplaudido esos delitos y otras de menos representatividad aún han recomendado el incendio de campos de soja; esas expresiones fronterizas son obviamente explotadas por las fuerzas opositoras y facilitan reacciones simétricas de sus sectores más vehementes así como de algunos ruralistas que no tienen la templanza de De Velazco. El proyecto de ley de Massa busca una solución en términos operativos, le da un canal institucional y muestra una iniciativa del oficialismo que refuerza el camino del centro.

La culpabilización selectiva

Estas semanas han entregado otros hechos políticos relevantes. Por caso, las investigaciones sobre espionaje ilegal (a políticos del entonces oficialismo, de la oposición de esos días y del periodismo) que, según se informa, habrían ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri por obra de agentes de la AFI y quizás bajo la conducción de sus máximas autoridades.

La Justicia ha sacado el asunto de las manos del magistrado que lo investigaba (el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena), fuertemente objetado desde el macrismo, y se lo ha asignado a un colega, Juan Pablo Augé, que actúa sobre otros episodios asimismo atribuidos a la inteligencia del pasado gobierno. Vale recordar que en el juzgado federal de Dolores se investiga otro caso de espionaje ilegal de naturaleza y sospechosos semejantes.

Aunque no se lo aplica siempre (o, en todo caso, hay una tendencia a emplearlo selectivamente), es necesario recordar el principio de que toda persona es inocente mientras la Justicia no lo declare culpable. Esto es válido para las imputaciones de este tipo que hoy se lanzan contra el último gobierno y también para las que se arrojan (o han arrojado) contra el que le precedió.

Ciertos comentaristas utilizan la palabra “presuntos” para referirse a los delitos que se adjudican a funcionarios de Macri. Hacen bien. Hay que actuar con esa cautela en estos casos como en los que se atribuye a los actores “del otro lado”, aunque por el momento (y desde hace bastante) estamos en medio de una guerra de denuncias que se escenifica en los juzgados pero se libra principalmente en los medios: la condena y la pena se sustancian en los procedimientos mediáticos. Cada borde elige la versión que prefiere y sólo hace sonar la alarma cuando siente afectada su parcialidad: estamos ante otra manifestación de la grieta.

No parece posible superar esa circunstancia si antes el sistema político no alcanza su equilibrio con un centro sólido, diverso, representativo y cooperativo. De lo contrario el país seguirá tironeado y desequilibrado desde los extremos, alucinados por revoluciones o libertades imaginarias.

Un centro que albergue simultáneamente coincidencias y divergencias (y que sea capaz de acordar cómo sustanciar las diferencias) es la construcción que la sociedad argentina se debe. A partir de allí será posible encarar otras reformas. Entre ellas, la de la Justicia.

Antipolítica y disgregación

La ausencia de ese centro estimula no sólo la tensión entre los bordes, sino las respuestas anárquicas y antipolíticas o las ideas que coquetean con la disgregación.

La sugerencia que esta semana esbozó nada menos que el presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, al proponer “pensar seriamente” en “la independencia de Mendoza”, es un ejemplo de esto último.
Muy probablemente Cornejo quiso usar una retórica inquietante para ejercer una presión sobre el poder nacional, en momentos en que su provincia pelea por un gran proyecto de obra pública que está cuestionado cuestionado por otras jurisdicciones. Pero en un país que atraviesa una crisis tan honda, una pandemia tan amenazante y que debe superar la grieta alentada por los intolerantes no conviene juguetear con ideas peligrosas ni mentar la cuerda en casa del ahorcado porque, como señaló esta semana el presidente de la Academia de Periodismo, Joaquín Morales Solá, “las palabras suelen anticipar a los hechos”.