Por Jorge Raventos

Si bien todavía le falta superar el escollo del Senado (y probablemente una nueva vuelta en la Cámara baja, si el Senado produce enmiendas), el gobierno de Javier Milei tiene buenos motivos para celebrar: después de cuatro meses consiguió al fin una victoria en el Congreso, así sea, por ahora, a medias.

Verosimilitud política

La holgada aprobación en Diputados de lo que supo ser la “ley ómnibus” (Ley de Bases) le inyecta una dosis de verosimilitud política al ambicioso programa de reformas que enarbola el Presidente, supone un aporte a las exigencias de sustentabilidad institucional que formulaban observadores influyentes como el Fondo Monetario Internacional y le otorga instrumentos institucionales de excepción para practicar el hiperpresidencialismo.

Este triunfo está apalancado por un giro en el comportamiento del gobierno y un avance, en su seno, de las posturas negociadoras: “Más diálogo y menos trolls”, sintetizó en off un colaborador del ministro de Interior, Guillermo Francos (uno de los artífices del tejido político y las tratativas que permitieron que el proyecto se aprobara en general y en particular). Francos es el más obvio exponente de las actitudes dialoguistas, pero hay que sumar a la lista a una figura como Santiago Caputo, la eminencia gris de la cúpula presidencial, a quien solía atribuírsele un temperamento intransigente; y también al equipo de la jefatura de gabinete, tanto al titular, el discreto Nicolás Posse, como a su segundo, José Rolandi.

En la transición entre el revés sufrido con la primera versión de la Ley de Bases y el logro alcanzado con la segunda parece haberse consolidado una red de talante más moderado en el gobierno, que ha conseguido inclusive sofrenar mucho de los accesos intemperantes de Milei o limitarlos a relampagueos retóricos destinados a alimentar el entusiasmo de sus seguidores más atávicos.

Punto de inflexión

Un punto de inflexión en ese giro fue la marcha universitaria de una semana atrás. El Presidente y sus acólitos anticiparon ante aquella demostración una actitud defensiva cargada de agresividad. Y mantuvieron esa postura mientras las manifestaciones se desarrollaban, tanto en Buenos Aires como en las principales plazas universitarias del interior del país. Sin embargo, esa actitud fue conmovida por la magnitud de las marchas (Clarín calculó un millón de personas; la mayoría de los observadores consideró la demostración porteña equivalente a los cierres de campaña de Raúl Alfonsín y de Ítalo Luder en 1983 y más numerosa que la concentración convocada por “el campo” en Palermo, en 2008, contra la resolución 125). También influyó, de modo más significativo aún, la comprensión de que una gran proporción de los manifestantes habían formado parte de la base electoral de Milei el último año y muchísimos mantenían esperanzas en el gobierno y estaban decepcionados por su conducta frente a las universidades.

Por otra parte, más allá del solapamiento entre los manifestantes y el núcleo del electorado que proyectó a Milei a la Casa Rosada, la primera actitud del oficialismo chocaba de frente contra un valor identitario de la sociedad argentina: la educación –y la Universidad como vértice de esa actividad- está en los orígenes del ascenso y modernización del país, con millones de argentinos e inmigrantes alfabetizados y educados con el impulso de la ley 1420, sancionada en el gobierno del general Julio A. Roca; y también representa la posibilidad de futuro para miles de familias que no avizoran otras vías de progreso decente para sus hijos.

Para un gobierno sin fuerza parlamentaria, sin anclas territoriales y sin otra fuerza institucional que el hiperpresidencialismo que ejerce Milei con la legitimidad que le otorgó la elección de noviembre, una colisión con aquellos valores acendrados, capaces de motivar a centenares de miles a ganar la calle, constituía una conducta temeraria.

Milei, que hace algunas semanas se ufanaba de “no frenar en las curvas”, bajó un cambio y empezó por considerar “valioso” el motivo de la movilización estudiantil para después ordenar a la ministra de Capital Humano que encuentre una solución satisfactoria para las universidades. Santiago Caputo se encargó de negociar con el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y pronto llegó la promesa oficial de pagar los gastos universitarios (“y auditarlos”, complemento indispensable para que las concesiones no parezcan lo que son).

El problema no se solucionó, pero lo que pintaba para una pelea durísima quedó por ahora neutralizado en una mesa de negociación.

Resistir la tentación

El triunfo del gobierno en la Cámara baja es, en rigor, una obra colectiva: contribuyeron al logro tanto los aliados adheridos al oficialismo (fundamentalmente el Pro, que no solo tiene ministros en el gobierno sino que parece deslizarse paulatinamente a un destino de cooptación), sino la llamada oposición amigable (el bloque federal que orienta Miguel Pichetto y escucha las preocupaciones de muchos gobernadores, la coalición cívica que responde a Elisa Carrió, el sector federal que expresa a los gobernadores de Salta, Río Negro y Misiones, el radicalismo en sus distintas variantes) y también algunos sectores del peronismo que se mueven con autonomía (como los catamarqueños, miembros del bloque UP, que siguen al gobernador Raúl Jalil y los tucumanos que obedecen a su gobernador, Osvaldo Jaldo).

La ley de Bases que el Congreso ha empezado a entregarle a Milei delega en la Presidencia una enorme cantidad de atribuciones, que le permiten encarar reformas muy ambiciosas en la estructura del Estado (y que, dado que el Ejecutivo las solicitó, lo comprometen a actuar).

Esa delegación es también una tentación: el Ejecutivo puede sentirse nuevamente llamado a tomar decisiones sin buscar consensos, olvidando cuál fue el camino y cuáles fueron las condiciones para llegar a este punto. Parecería razonable que los mecanismos que funcionaron para sancionar la ley en Diputados siguieran operando para sostener la acción de gobierno. Esto supondría concebir el gobierno no como una empresa monocolor de los libertarios, sino como un gobierno que actúa en coalición de hecho, con plasticidad; sin las rigideces de una coalición formal, pero negociando con todos las fuerzas y sectores dispuestos a colaborar, escuchando sus reclamos y compatibilizándolos.

El estado gaseoso en el que se encuentra la mayoría del espectro político (sin excluir al oficialismo, por cierto) es la expresión transitoria del proceso de reconfiguración del sistema y la apertura de una nueva etapa política, que empezó definiéndose por la negativa (un rechazo al sistema esclerosado que postulaba la omnipotencia del Estado y garantizaba su impotencia; y a una propuesta política que reivindica la repetición de ese mecanismo), pero que para consolidarse necesita que se estructure y articule una convergencia dispuesta a encarar los desafíos del cambio de época.

Lo nuevo surge de aquel rechazo, pero debe diseñar su propia forma a partir de la participación convergente de todos los sectores, la discusión de una visión básica compartida y la elección de sus prioridades. La iniciativa será de quienes tengan no solo la fuerza para impulsar su idea, sino la capacidad de que esa idea resulte persuasiva a la mayoría de las personas y sectores. No alcanza con reivindicar el interés propio ni la ideología favorita, aunque estos puntos estarán a prueba cuando llegue la hora de las urnas y la sociedad dirima sus preferencias y una nueva relación de fuerzas.

Se supone que el gobierno puede superar la batalla del Senado empleando la lógica de diálogo que lo benefició en Diputados. Una vez que tenga la ley sancionada empezará el verdadero desafío para Milei: gobernar.

El ministro de Economía, Luis Caputo.

Se estima que el mes próximo podrá exhibir una inflación de un dígito, es decir, un nuevo descenso del índice. Una buena noticia a la que el ministro de Economía, Luis Caputo, habrá colaborado fuertemente, aunque lo haya hecho contradiciendo el dogma que asegura que la única causa de la inflación es la emisión. Con esta totalmente frenada, el índice sería indudablemente más alto si Caputo no hubiera postergado aumentos tarifarios o no hubiera forzado la rebaja de la medicina prepaga (que subió gracias al DNU 70/2023) y si no tuviera pisadas las paritarias que acordaron aumentos de salarios mayores que los deseados por el Palacio de Hacienda.

Controlando algunos precios, postergando pagos del Estado y mediante otras legítimas –aunque heterodoxas- artimañas, el gobierno puede jactarse de que la inflación decae y el déficit es nulo. Pero el país necesita mucho más que eso (y ese reclamo irá haciéndose más sonoro con las semanas): hay que crecer. La información pública es unánime:, la construcción retrocedió casi un 20 por ciento y cayeron 100.000 puestos de trabajo . De 16 sectores industriales relevados, 12 están barranca abajo con derrumbes que van del 20 al 45%. Cae el consumo, inclusive el de medicamentos.

El gobierno asegura que después de junio el país empezará a crecer y que lo hará con el formato de una v corta: alcanzará su piso y rebotará fuertemente.

Con la ley que reclamaba ya en sus manos, el país observará ansioso todo lo que Milei haga para que sus pronósticos se concreten.