El diputado provincial Gustavo Pulti (Unión por la Patria) repudió y denunció la inconstitucionalidad del Decreto 780/24 del Ejecutivo Nacional, que establece “limitaciones arbitrarias, ilegítimas e irrazonables al derecho de acceso de todos los ciudadanos a la información pública”. 

El legislador marplatense presentó un proyecto de declaración en la cámara de diputados en el que destacó el valor del acceso a la información pública: “Es un derecho reconocido con carácter amplio y sin restricciones en la Constitución Nacional y Provincial, los tratados internacionales, la Corte Federal y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló.

Pulti consideró que el Gobierno de Javier Milei “da muestras una vez más de su proceder anti republicano, restringiendo el acceso a la información pública que tienen todos los ciudadanos”. Y resaltó: “No quieren que se sepa lo que hacen, y amenazan a quienes lo soliciten con resarcir daños y perjuicios en caso de que su pedido pueda calificarse como abusivo”.

El diputado recordó que la ley 27.275 establece el acceso irrestricto a la información pública para quien así lo requiera. Por medio del Decreto 780, el Poder Ejecutivo Nacional reglamentó artículos de la ley, limitando el acceso a “papeles de trabajo”, “deliberaciones preparatorias” y “exámenes preliminares de un asunto”, como así también a la información que pueda considerarse privada de los funcionarios, incluyendo el secreto financiero.

Al respecto, Pulti denunció: “Se encuentran pendientes de respuesta pedidos de acceso a la información que hemos hecho respecto de los envíos de oro al exterior, que no han sido contestados, y a los acuerdos firmados con el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos por parte de la Administración General de Puertos. Con esta reglamentación, dichos informes nunca llegarán”.

En concreto, el proyecto de declaración impulsado por el exintendente expresa repudio y denuncia la inconstitucionalidad del Decreto 780 del pasado 30 de agosto, en tanto establece “limitaciones arbitrarias, ilegítimas e irrazonables al derecho de acceso de todos los ciudadanos a la información pública reconocido expresamente con carácter amplio y sin restricciones en la Constitución Nacional y Provincial, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción”.

“El Gobierno Nacional está enmudeciendo al pueblo, se lo asusta y amenaza con sanciones si pregunta. No se puede guardar silencio frente al atropello institucional que implica el decreto 780”, finalizó Pulti.