Por Ramiro Melucci

Ni una, ni otra. En el lapso de dos semanas, el gobierno de Guillermo Montenegro mostró que no es partidario de declarar ninguna emergencia en Mar del Plata. Ni la de seguridad, impulsada por un grupo de vecinalistas, ni la alimentaria, promovida por el Obispado.

Del primer pulgar hacia abajo dio testimonio el propio intendente en su última conferencia de prensa: dijo que, en el combate contra la inseguridad, no hay que acelerar ningún proceso administrativo (que es para lo que sirven las emergencias). La calificó como un “título” que no ayuda en nada y recomendó que, si se quiere dar un debate que colabore, se discuta el uso de armas no letales por parte del personal municipal.

Sin el acompañamiento del oficialismo (tampoco tiene el de algunos bloques opositores), la emergencia en seguridad no prosperará. Pero eso no acalla las voces críticas. De hecho, la comisión de Seguridad del Concejo Deliberante, presidida por Eva Ayala, de Acción Marplatense, acaba de aceptar que el Consejo Vecinal que la reclama vuelva a dar su testimonio en ese ámbito.

Al segundo pulgar lo empezó a bajar el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli. La comisión de Salud le preguntó sobre la emergencia alimentaria. El funcionario respondió que, antes de dar una definición, era mejor conocer qué alimentos, cómo y dónde, distribuyen los gobiernos nacional y provincial. Fue el puntapié inicial para que los concejales oficialistas cambiaran el eje de la discusión.

La reunión de la comisión de Salud del Concejo en que se debatió sobre la emergencia alimentaria.

El pedido de emergencia había sido elevado por la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias, integrada por organizaciones sociales y la Iglesia, con argumentos que marcaban la disminución de la asistencia municipal. “Durante la pandemia, la Municipalidad logró entregar 20.000 kilos de alimentos frescos por semana a las familias más vulnerables, lo cual fue un esfuerzo significativo en tiempos de crisis”, reconoció, pero anotó que “durante los primeros seis meses del año pasado los repartos “se redujeron a 10.000 kilos cada 15 días y, lamentablemente, estas entregas finalizaron de manera definitiva, dejando a muchas personas sin este apoyo esencial”. Ni una línea de Provincia y Nación.

Pero a partir de las preguntas que dejó en el aire Martinelli los concejales oficialistas sacaron a relucir sus broncas acumuladas con Fernanda Raverta, referente local en el período anterior de los gobiernos nacional y provincial. El radical Daniel Núñez aseguró que, desde que en 2019 se hizo cargo del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense (estuvo cinco meses en el cargo y después fue designada en Anses), la Provincia dejó de utilizar al municipio para intermediar en el reparto de alimentos, y que llevó a cabo esa tarea a través de las organizaciones sociales.

Con esa alusión, buscó tomar distancia de la forma en que el gobierno de Axel Kicillof hace llegar la comida a comedores y merenderos. Por los pleitos que mantienen ambas administraciones, no es extraño que en cinco años no se hayan podido poner de acuerdo. En cambio, podría hacerse un intento con el de Javier Milei, afín a Montenegro. Por el momento, surge del oficialismo local el mismo pedido de información que para Kicillof: cómo ayuda a los que tienen necesidades alimentarias en Mar del Plata.

Al pulgar de la emergencia alimentaria lo empezó a bajar el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, cuando sugirió la necesidad de conocer cómo distribuyen los alimentos los gobiernos nacional y provincial.

El debate sumó otra arista cuando el oficialista Julián Bussetti directamente se pronunció en contra del reparto de alimentos e invitó a cambiar el paradigma para dejar de determinar desde el Estado “qué es lo que la gente tiene que comer”. Se manifestó en desacuerdo con la entrega de pollos o pan dulce para las fiestas, en una postura que sonó disruptiva y alineada con el Gobierno nacional, impropia de alguien que, como alguna vez sucedió, repartió cajas navideñas en nombre de Montenegro.

Las menciones a Raverta por parte del oficialismo ya habían comenzado hace dos semanas. Fue cuando el propio intendente aludió a la propuesta de modernizar la avenida Jorge Newbery, realizada en la última campaña. El intendente la presentó como un anuncio de gestión y, con picardía, dijo que se había ilusionado con que se llevara adelante.

Las alusiones coinciden con la decisión de la jefa de Unión por la Patria de volver al ruedo. Después de once meses, su foto volvió a los medios con una encuesta sobre el drama de las apuestas online. Se trata del primer indicio concreto de sus aspiraciones electorales para el año próximo. En su entorno aseguran que el objetivo es que encabece la lista de concejales. Otros no descartan que, ante la necesidad de tener un candidato fuerte para la quinta sección electoral por la votación disociada de los candidatos nacionales (irán en Boleta Única de Papel), pase a la nómina de senadores provinciales. Especulaciones.

También el secretario de Desarrollo Local e Inversiones, Fernando Muro, da muestras de sus intenciones electorales. Embanderado en “la ciudad del sí”, habla maravillas de la situación del empleo en Mar del Plata. Montenegro lo realza. Después de la foto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no se necesita mucho más para interpretar que es la principal apuesta del Gobierno municipal.

La foto de Muro y Montenegro en el perfil de X del secretario de Desarrollo Local.

No son, sin embargo, días fáciles para el oficialismo. Mientras el Ejecutivo procura dar respuestas en la coordinación de las políticas de seguridad, en el Concejo quedaron heridas por el discurso del radical Núñez contra Guillermo Volponi, del PRO. Ya no se hablan. Con el análisis más frío de lo que ocurrió después de que Volponi criticara al expresidente Raúl Alfonsín, permanece en el interbloque la sensación de que el hombre de la UCR cruzó un límite cuando aludió –aunque sin mencionarlo– al sobrenombre despectivo del edil del PRO.

Pero hay otras disputas paralelas. El radicalismo se niega a avanzar con el proyecto de la Coalición Cívica para desregular la radicación de grandes superficies comerciales. Sostiene que, mientras exista una ley provincial en la materia, cualquier cosa que se determine en el Concejo será en balde.

Cuestiona además que la propuesta prevea eliminar el piso del 10% de productos regionales y locales que deberían tener los supermercados en sus góndolas. “¿Estamos negociando con Coto que ofrezca el kiwi del cordón frutihortícola y vamos a sacar ese piso?”, se preguntan, aunque reconocen que no se cumple.

Con sus apreciaciones favorables a la desregulación, Martinelli y Muro habían alentado el proyecto: el secretario legal y técnico hasta le hizo sugerencias de redacción. Parecía una señal más de apertura en medio de la algarabía por la radicación de Coto, y la Coalición Cívica se había envalentonado por protagonizarla. Pero los reparos de la UCR cortaron con tanto entusiasmo.