Puidgemont debería probar “persecución seria” para obtener asilo en Bélgica
El expresidente de la Generalitat y algunos de sus exconsejeros viajaron con rumbo a Bruselas. El gobierno belga evitó precisiones sobre el tema.
Carles Puigdemont.
BRUSELAS, Bélgica.- El comisario general belga para los refugiados y los apátridas, Dirk Van den Bulcke, dijo hoy que para que Bélgica conceda asilo a otro ciudadano europeo, como podría ser el caso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, deben existir “señales serias de persecución” o de que corre riesgos en el país de origen.
“Debe haber señales serias de persecución pero, incluso en el caso de la persecución, (debe haber) una imposibilidad de obtener protección en el país”, dijo Van den Bulcke en declaraciones recogidas por la cadena de televisión RTL.
El comisario no comentó el caso concreto de Puigdemont y algunos de sus exconsejeros, que viajaron este lunes a Bruselas después de que el domingo el secretario de Estado belga de Migración y Asilo, Theo Francken, del partido independentista flamenco N-VA, sugiriese que el expresidente catalán puede solicitar “asilo político” en Bélgica.
El primer ministro belga, Charles Michel, se desmarcó de las declaraciones de Francken y aseguró que el asilo para el expresidente catalán “no está en absoluto en el orden del día de su Gobierno”.
Van den Bulcke señaló que es “normal” que exista la presunción de que no hay posibilidad de que un ciudadano europeo obtenga asilo en otro Estado miembro, “salvo, en teoría, en situaciones muy excepcionales, muy especiales”.
Bélgica es uno de los pocos países europeos que tiene previsto un procedimiento de asilo para ciudadanos de otros Estados miembros, que tienen que presentar su solicitud en la Oficina de Extranjería.
Esta oficina remite la solicitud al Comisariado General para Refugiados y Apátridas (CGRS), que tiene cinco días para tomar una decisión contra la que no cabe recurso en caso de rechazo.
Sin embargo, esta institución puede optar por desestimar la solicitud “si no queda claro en la declaración del solicitante que él o ella tiene un miedo fundado a la persecución o corre un riesgo real de daños serios”.
En los últimos diez años, minorías gitanas de Eslovaquia y Rumania recurrieron a este procedimiento, aunque sin obtener respuesta positiva.
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