Por Javier Castro Bugarín

En un país como Argentina, la aprobación de leyes siempre ha sido una suerte de “punto de partida” sobre el que consolidar procesos sociales más complejos. La ley del aborto voluntario (IVE) no es una excepción y afronta varios desafíos en su implantación, una realidad que tratará de supervisar el “Proyecto Mirar”.

Esta iniciativa, presentada por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y el Ibis Reproductive Health, desarrollará un sistema de información para “monitorear” las políticas públicas de acceso al aborto, según explicó a EFE Mariana Romero, directora ejecutiva e investigadora titular del Cedes.

“Pensar en un monitoreo es un excelente ejercicio desde la sociedad civil para ir acompañando ese proceso de implementación de la política, porque además la sociedad civil ahí tiene un doble rol: pedir la rendición de cuentas y acompañar a las mujeres y a las personas beneficiarias de esta ley”, aseguró la experta.

Lanzamiento de la propuesta

Después de casi un siglo de prohibiciones, de manifestaciones multitudinarias de la “marea verde” y de un primer intento frustrado en 2018, finalmente el Senado aprobó en diciembre del 2020 la ley de IVE, una normativa que comenzó a aplicarse en todo el país el pasado 24 de enero.

Hubo muchos factores detrás de ese “cambio de paradigma” que posibilitó la sanción definitiva de la ley: la mayor implicación de los legisladores, la presión del movimiento de mujeres, que se mantuvo en medio de la pandemia por coronavirus; y el compromiso que manifestó el presidente, Alberto Fernández, antes y después de su llegada al Gobierno.

“Creo que se juntaron una serie de condiciones. No creo que la sola voluntad del Ejecutivo nacional hubiera podido hacerlo”, constató Mariana Romero.

En ese sentido, el ‘Proyecto Mirar’ debutó con la publicación de un libro, “El aborto en el Congreso: Argentina 2018-2020“, en donde se analizan los discursos que circularon en los medios de comunicación, las redes sociales y el Congreso en torno a esta ley.

Según Mariana Romero, uno de los hallazgos más interesantes de esta obra fue el “lugar privilegiado” que ocupó la salud pública en los debates legislativos.

“Acotar la discusión alrededor del aborto como un tema de salud pública me parece que volvió menos espurios los argumentos. No es que yo crea que únicamente la racionalidad es lo que guía una discusión, pero me parece que la acotó de una forma interesante”, aseveró la directora ejecutiva del Cedes.

Un acceso al aborto con retos

Con toda la información recabada, el objetivo del “Proyecto Mirar” es construir herramientas para que las administraciones públicas pongan en práctica lo establecido por la ley de IVE, especialmente en las provincias del interior del país.

Por el momento, no se han publicado datos concretos sobre el acceso al aborto voluntario bajo la nueva legislación, pero existen una serie de elementos, como la disponibilidad de servicios sanitarios o el entorno socioeconómico, que invitan a pensar en que no hay una igualdad en todo el territorio argentino.

“Sabemos que las condiciones de las provincias son muy heterogéneas. En algunos casos, como el de la ciudad de Buenos Aires, Rosario o la provincia de Buenos Aires, hay una fuerte base de centros de salud proveyendo servicios, y eso hace que el aborto esté accesible y rápido. No en todas las provincias es así”, afirmó Romero.

Eso sí, hay varios hechos alentadores: la Justicia ha desestimado la mayoría de denuncias contra esta ley y prácticamente no hay noticias en los medios de comunicación sobre mujeres que hayan visto obstaculizado su derecho al aborto, según destacó la directiva del Cedes.

No obstante, la experta advierte que todavía hay “deudas” pendientes, como la aprobación de nuevos fármacos -en Argentina sólo está registrado el Misoprostol-, el acceso al aborto de niñas y adolescentes y los casos de mujeres que, pudiendo optar al aborto, son disuadidas de hacerlo.

“Los factores que inciden en el acceso tienen que ver con la calidad, el entorno y con cuántos de los servicios responden a las necesidades de las mujeres, y eso sólo lo podemos saber preguntándole a las propias mujeres. Nos parece clave eso, el seguimiento, la posibilidad de que la mujer pueda volver, de que se sienta cómoda”, subrayó Romero.

Lecciones para América Latina

Otro de los propósitos del “Proyecto Mirar” consiste en generar intercambios con otros países de América Latina y nutrirlos con experiencias propias de Argentina, en donde hay una larga tradición de “abortos autogestionados” y asistidos por la propia comunidad.

Todo esto con la intención de ampliar el acceso al aborto voluntario en una región donde, según advirtió Mariana Romero, “siempre se puede volver para atrás”.

EFE.