El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Economía del Conocimiento, en el que mantiene los beneficios de reducción de alícuota del impuesto a las Ganancias, la baja sobre el pago de contribuciones patronales y mejora las condiciones de acceso para las pymes, informaron este miércoles desde el Ministerio de Desarrollo Productivo.

“La modificación de la ley está orientada a promover las facilidades de ingresos de las pymes y microempresas a partir de una flexibilización de los requisitos de acceso (porcentaje de I&D, de capacitación, de exportaciones que deben cumplir para obtener los beneficios), informaron a Télam las fuentes consultadas.

El proyecto de modificación mantiene los dos beneficios: reducción de alícuota sobre el impuesto a las Ganancias y sobre el pago de contribuciones patronales, y lo amplía al modificar el modo de calcularlos retomando lo establecido en la ley de Software (60% reducción impuesto a las ganancias y 70 % reducción de contribuciones patronales).

Sobre las contribuciones patronales introducen dos novedades: un tope inicial equivalente a siete veces la cantidad de empleados de una Pyme tramo II (535 empleados) lo que significa que el beneficio aplica inicialmente a un máximo de 3.745 empleados, que puedan ser promovidos en este régimen especial del 70% de la reducción de los aportes patronales.

De esta manera, las grandes empresas siguen siendo consideradas como destinatarias de este régimen porque son empresas emblemáticas de Argentina, que mueven la economía y el empleo del país.

“Todas las empresas con beneficios de la Ley de Software tienen una cantidad menor de beneficiarios a la que establece el nuevo tope”, precisaron fuentes de la cartera que conduce Matías Kulfas.

Este tope funciona de manera tal que permita seguir generando empleo si una empresa al momento de la inscripción tiene 5.000 empleados, va a poder inscribirse al régimen con 3.745 empleados afectados a la actividad promovida y luego si la empresa suma empleados por encima de su nómina inicial de 5.000, esos nuevos empleados quedan fuera de este tope.

De esta manera, también se busca estimular el nuevo empleo vinculado con las actividades promovidas en la ley. Por ejemplo, si la empresa de 5.000 empleados en el mes siguiente a su inscripción toma 100 empleados nuevos, estos ingresos tendrán el beneficio del 70% de reducción de contribuciones patronales.

Otro cambio que busca la nueva ley es “una orientación inclusiva y federal”, donde las empresas podrán acceder a 10 puntos adicionales en las contribuciones patronales, o sea un 80%, en caso de que incorporen mujeres, profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; discapacitados, personas que sean previamente beneficiarias de planes sociales o que habiten en zonas de menor desarrollo relativo.

“Este beneficio se aplica a todo el empleo incremental”, precisaron.

Por otro lado, se elimina el requisito fijado en la ley aprobada el año pasado que obligaba a las provincias a adherir al régimen mediante la sanción de una ley que respetara la estabilidad fiscal y ofreciera beneficios adicionales, y a la que sólo habían adherido seis provincias. De esta forma, la ley por si misma adquiere el carácter federal que promueve.

Se ajustó la forma de encuadramiento para aquellas empresas pertenecientes a los nuevos sectores cuyo ingreso al régimen no estaba definido claramente a partir de la exigencia del 70 % de facturación de la actividad principal, que tenía que ver con el nivel de facturación de la actividad promovida.

En este sentido, una empresa que utiliza nanotecnología en su proceso productivo no necesariamente factura por esa actividad.

También el proyecto establece la creación de un Consejo Consultivo integrado por entidades del sistema de ciencia, tecnología e innovación, y fija criterios para definir el encuadre de empresas ligadas a las nuevas actividades que incluye la ley frente a una experiencia de varios años que tenía a la industria del software como única destinataria.

Se crea un Fondo con un porcentaje que van a aportar las empresas del beneficio que ya estaba previsto en la ley, pero con otro destino: la promoción de la economía del conocimiento para financiar capacitación, formación de recursos humanos, proyectos de inversión productiva, internacionalización de pymes, actividades de innovación. Este fondo será de apoyo exclusivo para las Pymes.

El proyecto es el resultado de un diálogo extenso con la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEL), la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT) y Argencom.