El Ministerio Público Fiscal requirió que queden firmes los procesamientos sobre los dueños y empleados del exprostíbulo La Posada,  donde eran explotadas sexualmente mujeres traídas desde Paraguay. Las acusaciones están vinculadas a las declaraciones de cuatro víctimas que no fueron tenidas en cuenta durante el juicio que se realizó el año pasado y en el cual todos fueron absueltos.

Con la intervención del fiscal general Daniel Adler, se celebró una audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata luego de los recursos presentados por las defensas de los seis imputados en la causa que investiga los hechos de trata de personas y explotación sexual de mujeres en el exprostíbulo La Posada, ubicado en el centro.

Otro tramo de esta investigación había llegado a juicio en 2017, en la que resultaron todos los acusados absueltos. En el debate, la absolución de cinco de los imputados había sido consentida por el fiscal de juicio, Juan Manuel Pettigiani. No obstante, en relación al hombre acusado de actuar como financista de la organización, el fiscal Marcelo Colombo, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), había interpuesto un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal -instancia en la que también intervinieron los fiscales generales Javier De Luca y Gabriel Pérez Barberá-, que finalmente revocó la absolución del Tribunal Oral.

En ese momento, la acusación era por 16 hechos, es decir, por la situación de 16 mujeres, todas ellas llegadas desde Paraguay, atravesadas por situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, con hijos e hijas a cargo, con bajos de niveles de instrucción y la necesidad de mejorar su realidad. Habían sido recibidas en Mar del Plata y compartían una vivienda en la calle 20 de Septiembre al 3500 –facilitada por el dueño del prostíbulo que falleció estando detenido-, y cada noche eran llevadas en combis o taxis hasta el local, ubicado en 11 de Septiembre al 3000, donde eran ofrecidas a modo de mercancías a los varones prostituyentes que allí concurrían, y realizaban los “pases” en el hotel lindero.

Ahora, la acusación recae sobre otros 28 casos, a raíz de la declaración de cuatro víctimas, las cuales no habían brindado su testimonio entonces. Por eso la fiscalía sostuvo: “En parte, si las víctimas no fueron habidas rápidamente es porque luego de los allanamientos e inspecciones municipales de 2009 y 2010, no tenían su DNI argentino, porque eran de nacionalidad paraguaya, y todo eso dificultó su ubicación. Y eso también tiene que ver con el tipo de maniobras que se buscan en casos de trata de personas donde hay víctimas vulnerables que en ese momento no tenían su documentación en regla”.

Los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Alejo Ramos Padilla deberán resolver si habilitan o no la realización de un juicio contra los imputados de uno de los mayores emprendimientos prostibularios que conociera la ciudad de Mar del Plata.

En mayo de este año, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la absolución dispuesta por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata en favor de Aníbal Raúl Ramón Soria, acusado de explotar sexualmente a dieciséis mujeres en el prostíbulo La Posada y dispuso la designación de un nuevo Tribunal para que realice un nuevo debate oral.

En esa resolución, la Cámara de Casación dispuso la designación de un nuevo Tribunal para que realice un nuevo debate oral, donde “dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho y las constancias de autos”.