El gobierno local resolvió ayer prorrogar por un año la vigencia de la emergencia contra la violencia por motivos de género y diversidad, que el miércoles cumplió su primer aniversario sin los resultados esperados por las organizaciones que la impulsaron.
Como lo hizo a través de un proyecto de ordenanza, la medida requiere aval del Concejo Deliberante, que el año pasado se expidió por unanimidad.
La medida es un pedido del Observatorio de Género y Diversidad, un organismo creado por la norma que agrupa a organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.
Entre los argumentos del proyecto, la administración de Carlos Arroyo puntualizó que los tres sitios dispuestos por la Comisaría de la Mujer para atención a víctimas de violencia de género y diversidad reciben un promedio de 960 denuncias mensuales.
“Durante el año 2016 fueron víctimas de femicidio en nuestra ciudad Blanca Esteche, Celeste Merlo, Lucía Pérez, María Herrera, Valeria Brítez, y en lo que va del año 2017 Antonela Sánchez, Gimena Silva, Florencia Aros y Analía Núñez”, indicó. Y puntualizó que “ha crecido en un 100% el número de causas iniciadas en la justicia en el período comprendido entre los años 2010 y 2015”.
Según mencionó, la Fiscalía General Federal informó que de los casos abordados de febrero a diciembre de 2016 en la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos “el 82% pertenece a causa de trata de personas”, y que de ese porcentaje “el 79% pertenece a causas de trata por explotación sexual” y “el 21% a causas de trata de explotación laboral”.
La emergencia dispone la ampliación del régimen de asignaciones económicas temporales que se otorga a las víctimas de violencia contra la mujer, el incremento del monto al 45% del haber mínimo jubilatorio determinado por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), la designación de un cupo de viviendas en los planes realizados por el Instituto Provincial de la Vivienda u otro organismo estatal y la realización de gestiones ante el Banco de Tierras Municipal de terrenos fiscales para mujeres víctimas de violencia.
También estableció que debía ampliarse y ponerse en valor el hogar de tránsito para víctimas de violencia doméstica Gloria Galé y gestionarse la creación de un hogar de medio camino “que coadyuve y complemente la asistencia a las mujeres, en caso de necesitar más tiempo de la permanencia y contención brindada por el Hogar Galé”.
En mayo, cuando solicitó la prórroga, el Observatorio de Género observó que “no se avanzó en los puntos esenciales del proyecto”, y apuntó: “Para el gobierno municipal, entre la declaración y la implementación de la emergencia hay un largo trecho, por eso sostenemos que carecen de voluntad política, ya que no dan respuestas ante situaciones de vulnerabilidad y violencia hacia las mujeres”.