El gobierno municipal extendió por dos años la concesión del servicio de transporte público de pasajeros en General Pueyrredon.

La novedad se da en medio de la discusión por el nuevo pliego para licitar el servicio. El proyecto se remitió por primera vez en diciembre de 2020, pero en 2021 no alcanzó los consensos necesarios en la comisión de Legislación del Concejo Deliberante. 

En tanto, el 10 de noviembre de 2022, se volvió a enviar el proyecto al Legislativo. Sin embargo, hoy está bajo revisión del Ejecutivo que conduce Guillermo Montenegro a partir de las “modificaciones solicitadas por los diferentes actores que fueron parte del proceso participativo y de los debates llevados adelante en el seno del cuerpo deliberativo”, según se planteó en el decreto 2792/2023 publicado en el boletín oficial.

De esta manera, el gobierno local concretó la cuarta extensión en los contratos de los prestadores actuales del servicio. La primera fue en abril de 2019, durante la gestión de Carlos Arroyo; la siguiente, en 2021 y por 18 meses; y, hasta ahora, la última había sido en 2022, cuando se dispuso la continuidad del servicio por un año, cuyo plazo vencía el próximo 16 de diciembre.

“El transporte urbano colectivo de pasajeros es un servicio público, correspondiendo, en consecuencia, asegurar su continuidad durante los 365 días del año a fin de asegurar el derecho a utilizarlo a quienes se encuentren en el Partido de General Pueyrredon, manteniendo el rol rector que debe tener el Estado municipal a fin de asegurar su prestación”, argumentó el intendente en el acto administrativo.

En razón de ello y ante el próximo vencimiento del plazo previsto, Montenegro indicó que “resulta evidente la necesidad de contar con una nueva prórroga de continuidad del servicio por el plazo de 24 meses”. O hasta que se materialice una nueva adjudicación en el marco del proceso licitatorio que se pretende llevar a cabo una vez aprobado el pliego de bases.

Los contratos de concesión actuales comprenden a las firmas Peralta Ramos S.A,  Transporte 12 de Octubre S.R.L. y Batán S.A. Las empresas deberán: garantizar la continuidad de los servicios; mantener el plan de inversiones del parque automotor que dispone el vínculo original; demostrar la capacidad económica financiera conforme la ordenanza 16.789; y mantener la vigencia de los seguros de caución.