Más de 2.300 periodistas fueron asesinados y asesinadas en los últimos años. México, Honduras, Guatemala, Colombia, El Salvador son los lugares más peligrosos para ejercer el oficio que es blanco preferente de Estados y organizaciones delictivas transnacionales de alta complejidad. Las mujeres periodistas son víctimas, además, por cuestiones de género.

Ricardo Rivas, vicepresidente de la Sociedad de Corresponsales en Latinoamérica y el Caribe dijo que
es necesario ampliar los alcances del Plan de Seguridad para Periodistas de la ONU con legislaciones concretas que adopten los 193 Estados partes integrados en ese organismo multilateral con nuevas herramientas jurídicas desde la perspectiva de los derechos humanos.

“La criminalidad contra periodistas y trabajadores de medios, al igual que las llamadas ‘zonas silenciadas’, claramente dan cuenta de que la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de opinión están bajo fuego”, sostiene Rivas.

“Hasta 1995, la Unesco, agencia multilateral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tiene a su cargo, como problemática, la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas, registraba poco más de 1.500 periodistas asesinados. Como respuesta a ello, en 2012, la ONU, lanzó un Plan de Acción para la Seguridad de Periodistas que, en alguna medida, contuvo el flagelo”, dijo y recordó que se presentó públicamente en San José de Costa Rica, el 3 de mayo de 2013, Día Mundial de la Libertad de Prensa, bajo el lema “Hablar sin Miedo”.

“Desde entonces, hasta 2015, las víctimas fueron 491; en tanto que entre ese año y 2020, se registraron 400 muertes violentas. Si una muerte es una tragedia, estamos frente a más de 2.300 tragedias que, además afectan a otras tantas familias que, además del dolor profundo de la pérdida de esos seres queridos, suelen quedar en estado de pobreza o indigencia”, resaltó.

-¿Qué pasa con las periodistas?

-El ensañamiento, el grado de agresividad, es mucho mayor. Y allí hay una clara cuestión de violencia de género. En los primeros tres días de este diciembre, en Montevideo, durante el transcurso de la 12ava edición de la conferencia de periodismo de investigación, con periodistas de 19 países de América Latina, Estados Unidos y Europa quedó claramente que los ataques son aberrantes.
Tres colegas ejemplares, como lo son Mónica González, de Chile; Jineth Bedoya Lima y Claudia Julieta Duque, de Colombia, lo expusieron con valentía. Jineth, algunos días atrás, fue reparada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 20 años después de haber caído en una trampa en la puerta de La Modelo, una cárcel de alta seguridad en Bogotá, durante 16 horas fue durante golpeada y abusada por un grupo de paraestatales que, después de decirle que el ataque “era una advertencia para todos los periodistas colombianos”, la abandonaron en una ruta. Después de una larga lucha judicial, el Caso Bedoya Lima y otra vs Colombia”, en el que el Estado colombiano fue responsabilizado de aquel acto criminal y condenado a reparar los daños cometidos contra esa mujer. Entre las accesorias de la condena se obliga a Colombia un fondo de reparación económica para las colegas que sean víctimas de esas acciones criminales aberrantes por ser mujeres y periodistas. Claudia Julieta Duque, por su parte, además de verse obligada a huir junto con su hija pequeña de su país, a exiliarse, a buscar refugio lejos de su tierra y de sus afectos. En el último de sus regresos, semanas atrás, descubrió que es espiada. En 25.183 veces, en un solo días el Estado colombiano violó su privacidad con dispositivos de geolocalización, con la interceptación de sus comunicaciones telefónicas y con llamadas amenazantes a sus familiares. La Relatora en Derecho de Privacidad del sistema de Naciones Unidas, Ana Brian Nougrères, lleva su caso para proveerle de seguridad y evitar nuevas acciones criminales pero así y todo, la colega está en grave peligro.

-¿Cuál es la solución?

-No es posible hablar de una solución. Es necesario ampliar los alcances del Plan de Seguridad para Periodistas de la ONU con legislaciones concretas que adopten los 193 Estados partes integrados en ese organismo multilateral con nuevas herramientas jurídicas desde la perspectiva de los derechos humanos. La libertad de expresión es un derecho de todos y todas. No es una exclusividad de las y los periodistas. Sin ese derecho es imposible para la sociedad peticionar o canalizar demandas colectivas. Es constitutivo del Estado democrático de derecho. Es preciso comprender que, cuando se procura acallar periodistas hasta las últimas consecuencias, se apunta a enmudecer a las sociedades a partir del miedo social a decir. A hablar. A reclamar. Poco tiempo atrás, la Relatoría Especial en Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió sobre las “zonas silenciadas” que esas agresiones a periodistas generan.

-¿Pasa en todas partes?

–Si, en mayor o menor medida, es un flagelo global. Pero, la región más peligrosa para ejercer el oficio de periodista, para contar historias, en Latinoamérica y el Caribe. No es una zona de paz, como se suele ligeramente afirmar. Para nadas. América Latina es un territorio violento. La paz, de ninguna manera es solo la carencia de la guerra. La paz, es una cultura y, para nuestra región un valor a alcanzar.

-¿Una Ley Modelo para la Protección y Seguridad de Periodistas es la solución?

-Desafortunadamente, no. De hecho, hay cientos de delitos tipificados en el mundo y esos crímenes continúan consumándose. Pero esas estrategias, esos entramados jurídicos, son los que posibilitan claramente asegurar derechos, promoverlos y apuntar a que cesen. La idealidad, lamentablemente, no es sencillamente alcanzable. Y en esta tarrea de proteger derechos nada es suficiente. El rol de los Estados y de la sociedad civil es primordial. Hay que decir basta. Va un ejemplo: Jineth Bedoya Lima, desde su tragedia, con valentía y coraje procuró ser positivamente proactiva en procura de terminar con ese tipo de violencias. Para ello, creó una organización con la que promueve y defiende a las mujeres de todo tipo de agresiones y violencias de género. La llama #NoEsHoraDeCallar. Claudia Julieta Duque suele decir que ella hubiera sido asesinada si antes -un año antes- no hubiera sido victimizada Jineth. Es preciso destacar que este año, en Oslo, el Premio Nobel de la Paz recayó sobre dos periodistas. Maria Ressa, de Filipinas; y, Dmitry Muratov, de Rusia. Ressa, enfrenta al dictador Rodrigo Duterte y para ello funda el portal informativo Rappler, fue encarcelada, judicializada, espiada. Moratov, cuando recibió el galardón, reseñó a sus compañeras y compañeros asesinados. Entre ellas, Anna Politkovskaya. Los galardonaron por sus “esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión que es una precondición para la democracia y la paz duradera”. Más claro, imposible. La advertencia, también llega desde Oslo. La libertad de expresión está bajo fuego.