Con el propósito que la población conozca de una manera más profunda los actos de gobierno y el verdadero destino de los fondos públicos, la legisladora municipal del Frente Progresista, Mariela Climente presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza denominado “Gobierno Abierto”.

De esta manera, desde este bloque unipersonal intenta que la ciudanía también tenga libre acceso a la información de carácter pública y que los mecanismos de publicidad deban ir ajustándose y adaptándose a las nuevas tecnologías desarrolladas por la sociedad, ampliando los  canales de comunicación entre representantes y representados.

“Se observa una deficiencia fundamental en la naturaleza de los datos publicados en la página web del municipio, mayormente representativos de los actos de gestión y gastos de dineros públicos”, asegura el escrito.

“Existen informaciones que son esenciales, como el detalle del presupuesto ejecutado hasta la actualidad, o la evolución y gestión de programas concretos de gobierno no se encuentran publicadas”, agrega. A la vez que propone, “establecer un protocolo para la publicación”.

El artículo 2 especifica más claramente que, “toda persona tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información de cualquier órgano perteneciente al sector público municipal. Por ejemplo, resoluciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, de las que existe constancia”.

Asimismo, la iniciativa de Climente establece que los datos, “deberán ser provistos no siendo necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o las razones que motivan el requerimiento, ni contar con patrocinio letrado para su solicitud, salvo para aquellos calificados como reservados”.

En otro de los párrafos, el proyecto de ordenanza especifica que, será obligatorio para la administración Municipal difundir presupuestos y cálculos de recursos y gastos, aprobados, su evolución y estado de ejecución, programas y proyectos, plazos, ejecución y supervisión, llamado a licitaciones, concursos, compras, gastos y resultados. 

También deberá conocerse un listado de funcionarios, legisladores, magistrados, empleados, situación de revista, categoría, funciones y remuneraciones, junto a la declaración jurada patrimonial, estado de cuentas de la deuda pública con sus vencimientos y pagos.

A esto deberán sumarse, según lo presentado por Climente, índices, estadísticas y valores oficiales, así como el marco regulatorio legal y contractual para la prestación de los servicios públicos, condiciones, negociaciones, cuadros tarifarios, controles y sanciones.

En tanto, el artículo 7 manifiesta que, “se entenderá como información reservada por su carácter sensible, toda aquella referida a las remuneraciones con la identificación de los empleados municipales, también toda publicación de beneficiarios relacionada a planes sociales, becas y subsidios que individualicen a los sujetos”.