En un intento por incrementar los ingresos del municipio, la gestión del intendente Carlos Arroyo pretende gravar con el pago de tasas las exportaciones que sean realizadas por las empresas radicadas en el partido de General Pueyrredon.

La controvertida propuesta, que podría tener un alto impacto en los principales sectores productivos de Mar del Plata y Batán, figura dentro del proyecto de la ordenanza fiscal que fue elevado semanas atrás al Concejo Deliberante.

Si bien hasta al momento ningún funcionario mencionó el tema y ningún concejal se pronunció públicamente al respecto, la novedad ya está en conocimiento de empresarios y de dirigentes de algunas cámaras cuyos asociados podrían resultar afectados por la medida.

“Es un despropósito”, le dijo a LA CAPITAL un profesional que asesora a varias de esas entidades, quien consideró que la iniciativa está “en contra del interés político que expresan la Nación y la Provincia por aliviar la carga tributaria”.

En su opinión, la aprobación de esta propuesta significaría “recargar con un nuevo impuesto el precio final de las exportaciones” de los bienes y de los servicios producidos en la ciudad. “Por lo tanto esto impacta de lleno en la competitividad de las empresas de Mar del Plata y en la posibilidad de que haya inversiones”, aseguró.

Los cambios

En la actualidad la ordenanza fiscal vigente excluye a las compañías exportadoras de la obligación de pagar la Tasa de Seguridad e Higiene, a través de un mecanismo de deducción.

La nueva norma propuesta por el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, establece que en el futuro el tributo debería ser pagado “en el caso de existir ingresos provenientes de exportaciones con sujeción a las normas aplicadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos” y determina que la tasa “se liquidará en base a las alícuotas respectivas sobre el total de ingresos provenientes de ventas en el mercado interno y externo”.

Si bien desde el gobierno del intendente Arroyo no hubo una explicación sobre los alcances que tendría la medida, distintos profesionales consultados por LA CAPITAL coincidieron en que en definitiva lo que sucederá será que las exportaciones locales pasarán a estar gravadas por Seguridad e Higiene.

Es que en el texto propuesto por el Ejecutivo, se elimina de sus artículos la oración que excluía a la actividad exportadora de la obligación de abonar este tributo.

A pesar de que ningún funcionario se refirió al tema, su efecto fue mencionado en el mensaje con el cual el gobierno elevó el proyecto de la ordenanza fiscal al Concejo.

Allí Mourelle destacó, como parte de sus propuestas recaudatorias, la decisión de “eliminar la exención a las exportaciones”.

La medida está acompañada por otras modificaciones a la ordenanza fiscal, que también generan inquietud.
Una de ellas consiste en la propuesta de exigirles el pago de las tasas de Habilitación y de Seguridad e Higiene a los establecimientos afectados a la actividad primaria, que hasta ahora están excluidos.

Si bien en términos generales se entiende como tales a los dedicados a la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería, la norma propuesta dispone la obligación de pagar estos tributos a “aquellos donde se conserven, fraccionen o acondicionen para su presentación bienes y/o materias primas, excepto que se trate de frutos naturales en los términos del artículo 233 del Código Civil y Comercial de la Nación”.

La redacción no deja muy en claro si de este modo la industria pesquera, considerada como la principal actividad exportadora del partido, deberá empezar a abonar o no estos tributos ya que sus materias primas bien podrían ser consideradas como “frutos naturales”.

Pero lo cierto es que estos perderían esa condición si se trataran de productos pesqueros elaborados a bordo.