Propietarios de caballos de carrera denuncian desmanejo de fondos
La Asociación asegura que el atraso en el envío de los fondos correspondientes al Fondo Provincial del Juego lo que "pone en riesgo la continuidad de los hipódromos y afecta a miles de familias".
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Mariano Fragueiro Frías, presidente de APCC.
La Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera (APCC), presidida por el Doctor Mariano Fragueiro Frías, presentó una denuncia formal contra el Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Pablo Julio López, y otros funcionarios para que se investiguen maniobras irregulares relacionadas con el uso indebido de fondos destinados a la industria hípica, contemplados en la Ley 13.253, conocida como la “Ley de Turf”.
El Fondo Provincial del Juego fue creado para compensar los efectos adversos que la proliferación de juegos de azar, como tragamonedas y bingos, tuvo sobre la actividad hípica. Este fondo proviene del 14% de las utilidades brutas generadas por las máquinas electrónicas de juego y está destinado, por ley, a la bolsa de premios de las carreras y a inversiones en infraestructura y desarrollo de los hipódromos. Sin embargo, según la denuncia presentada, los fondos correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 2024, que ascienden a más de 2.622 millones de pesos, no han sido transferidos por la Tesorería de la Provincia de Buenos Aires, en una clara violación de la normativa vigente que acarrea consecuencias penales.
La denuncia, señala que esta situación “pone en riesgo la continuidad de los hipódromos y afecta directamente a miles de familias que dependen de esta actividad”. “No se trata solo de premios; se trata de salvaguardar una tradición, una industria y el sustento de decenas de miles de trabajadores”, se afirmó en la presentación.
La Ley 13.253 establece que entre el 9% y el 15% de las utilidades del FO.PRO.JUE deben ser destinadas a actividades hípicas. Históricamente, estos fondos han sido cruciales para mitigar el impacto de la proliferación de bingos y tragamonedas, que desviaron al público del turf hacia otras formas de juego. Sin embargo, la APCC denuncia que los fondos no solo han sido retenidos ilegalmente, sino que podrían haber sido utilizados para otros fines, configurando posibles delitos de malversación y peculado.
A raíz de la denuncia presentada por la Asociación, el gobierno provincial empezó a transferir los fondos aunque persiste el atraso.
El impacto
La crisis de financiamiento también afecta a la cadena de valor del turf, que incluye a criadores, studs, entrenadores y jóvenes jinetes. Argentina es reconocida como el quinto
productor mundial de caballos Sangre Pura de Carrera, y los ingresos generados por su exportación son fundamentales para la economía nacional y provincial.
La Asociación destacó la importancia de que el sistema judicial actúe con rapidez y transparencia para esclarecer el destino de los fondos y sancionar a los responsables. “Es hora de que las autoridades provinciales rindan cuentas y cumplan con la ley”, subrayó el presidente de la APCC.
La APCC se ha constituido como particular damnificada en el proceso penal y actor civil, con el objetivo de garantizar que los fondos se restituyan a su destino original y se repare el perjuicio causado. La denuncia también busca determinar si hubo complicidad de otros organismos provinciales, como el Instituto Provincial de Lotería y Casinos.
Con esta acción, la Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera reafirma su compromiso con la transparencia y la defensa de la industria hípica, una actividad que forma parte del patrimonio cultural y económico de la Provincia de Buenos Aires y del país. “Nuestra lucha es por la justicia y por el futuro de miles de familias que dependen de este noble deporte”, concluyó Fragueiro, uno de los líderes de la actividad.
La APCC, fundada en 1947 y con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, tiene como misión fundamental proteger los intereses de sus asociados y representar a la actividad hípica ante las autoridades competentes. Desde su creación, esta asociación ha trabajado en defensa de los propietarios, entrenadores, jockeys y trabajadores vinculados a los hipódromos de la provincia y de todo el país. Mariano Fragueiro Frías, presidente de la APCC, destacó que esta acción judicial busca salvaguardar una industria que genera más de 83.000 empleos directos y 350.000 indirectos.
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