El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) afirmó que “el brutal ajuste propuesto por el Gobierno nacional no es la solución” a la crisis, alertó sobre un “momento peligroso para el sistema democrático” y manifestó su “profunda preocupación” por la falta de actualización presupuestaria y sus consecuencias en el sistema universitario.

El órgano de la Unmdp, integrado por decanas y decanos de las facultades, directores de las escuelas superiores y representantes de los cuerpos docentes, de estudiantes y de graduados, reconoció que la crisis “no comenzó hace cien días”, pero consideró que es momento de “advertir a la sociedad” lo que está ocurriendo.

En un pronunciamiento público, los consejeros indicaron que la falta de recursos “responde a un intento de desprestigio de las universidades públicas, enmarcado, a su vez, en un proyecto de país que redistribuye regresivamente la renta afectando esencialmente a quienes poseen ingresos fijos”.

“Vivimos y conocemos la crisis económica y social que atraviesa nuestro país desde hace tiempo, ya que el sistema universitario argentino no es una isla. Es en él desde donde se investigan mayoritariamente los problemas que afectan a toda nuestra sociedad”, asegura el documento, y agrega: “Es en nuestras aulas donde se ve afectado el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es en nuestras aulas, laboratorios y talleres donde se generan la mayoría de los conocimientos y tecnologías básicas y aplicadas que se vuelcan, sin distinción, al sector público y privado a fin de contribuir al mejoramiento de la innovación y la productividad de cada rama económica de nuestro país”.

“Somos muy conscientes del difícil momento por el que atraviesa la sociedad argentina –añade–. Tanto como sabemos que el brutal ajuste propuesto desde el Gobierno nacional no es la solución y hace recaer su peso sobre las espaldas de los más desprotegidos del sistema, aquellos que necesitan de mayores oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida”.

Para el Consejo Superior, “la política de ajuste en un contexto de alta inflación pulveriza el salario de los y las trabajadores y trabajadoras” e incide “directamente” sobre las condiciones laborales, “desfinanciando también y en consecuencia a las obras sociales universitarias, poniendo en juego así el derecho a la salud de nuestra comunidad”.

Enseguida apunta: “Estamos siendo protagonistas de un momento crítico y peligroso para el sistema democrático del que somos parte. Universidades creadas por ley ven impedido su funcionamiento y puesta en marcha. Las áreas del gobierno central que no son cubiertas por personal responsable demoran e impiden la apertura de carreras, la actualización de sus planes de estudio o la demora en las tramitaciones de titulaciones”.

A su vez, “esto repercute en el sistema universitario que debe establecer cupos en las cursadas y obliga a trabajadores docentes y no docentes afectados a la docencia, la investigación y la extensión a realizar enormes esfuerzos a fin de garantizar la planificación y la vigencia del derecho a la educación que no puede desarrollarse en un contexto de permanente incertidumbre”.

La falta de recomposición salarial por la pérdida del poder adquisitivo y la ausencia de un presupuesto adecuado “agravan la situación”, asegura el documento. Y afirma que “paraliza a un sistema de ciencia y técnica que debe ser defendido y reivindicado”, dado que la producción científica “constituye un pilar central en la construcción de un proyecto de nación integrado y moderno”.

El órgano universitario consideró “urgente y necesario” garantizar el funcionamiento normal y pleno de las distintas unidades académicas del sistema universitario argentino que asegure el aprendizaje de los estudiantes “que resultan, una vez más, los más perjudicados, ya que las restricciones presupuestarias afectan directa e indirectamente las políticas de bienestar estudiantil, como becas de ayuda económica, políticas deportivas, funcionamiento de los comedores universitarios, entre otras”.

Además, solicitó “la existencia real de paritarias” a fin de “establecer las mejoras salariales de forma urgente”, y “la continuidad de las obras que ya se encontraban en ejecución del Programa de Infraestructura Universitaria”.