La Asociación de Productores de Eventos de Mar del Plata (APE) celebró la decisión del Gobierno nacional de eximir a los salones de fiesta, hoteles y bares de tener que pagar derechos de autor por pasar música.

La entidad, que agrupa a los establecimientos y empresas dedicadas a eventos en la ciudad y su zona de influencia, recibió “con total alegría la derogación de los derechos de cobro de entidades privadas en los eventos privados que acaba de concretarse con el dictado del Decreto 725/2024, recientemente publicado en el Boletín Oficial”.

“No cabe duda que del espíritu tutelar de los derechos intelectuales que protege la Ley 11723 se colige que la razón del pago de derechos de autor y compositor por reproducción pública de obras musicales es en tanto y en cuanto se explote comercialmente con su reproducción. Es decir, se obtiene un beneficio económico de su reproducción. Nada más contrario a lo que ocurre cuando se realiza un evento privado, sea cual fuere, en un domicilio particular o en un salón alquilado”, indicó en un comunicado.

“La familia o la empresa que organiza el evento no realiza acto comercial ni explota absolutamente nada con la reproducción de temas musicales; antes bien, afronta un gasto de gran incidencia sobre los costos totales. No cobra entrada ni derecho alguno a los participantes”, agregó.

APE advirtió que tanto Sadaic (Sociedad Argentina de Autores y Compositores) como Aadi-Capif (Asociación
Argentina de Intérpretes y Corporación Argentina de Productores de la Industria Fonográfica) “han abusado de sus facultades recaudatorias, estableciendo en forma unilateral, arbitraria y discrecional montos dinerarios a aquellas personas y entidades que han venido realizando eventos privados en salones, con sumas cuantiosas, que ahogaban la posibilidad de afrontar la celebración privada”.

En ese entendimiento, en consonancia con su reclamo histórico y la nueva normativa nacional, aconsejó tanto a sus asociados como a los establecimientos de la actividad que no exijan a sus clientes abonar suma alguna por derechos de propalación ya derogados, al tiempo que recordó que “se deberá respetar la normativa nacional provincial o municipal que legalmente se promulgue”.

“Esperamos que tal acierto de la actual administración nacional se consolide y extienda a la normativa inconstitucional que autorizaba esos abusos, con el consiguiente recargo de contribuciones e impuestos distorsivos de la economía en general”, redondeó.