Productores de etanol y biodiésel alertaron sobre los perjuicios que genera a las empresas del sector comercializar su producción por debajo de los costos, al solicitar al gobierno nacional dejar sin efecto la modificación realizada esta semana en las fórmulas de cálculo de los valores mensuales.

La Secretaría de Energía dispuso “revisar algunas de las variables” del procedimiento de estimación del precio de adquisición de etanol y del biodiésel destinado a la mezcla de combustibles en el mercado interno, lo que significó aumentos menores a los que esperaba la industria luego de 60 días sin actualizaciones.

El Gobierno consideró que la revisión de la fórmula de cálculo permitirá incentivar una mayor eficiencia en la actividad y a la vez permitirá reflejar la variación de costos en el contexto macroeconómico del país, lo que generó el malestar de las entidades que nuclean a los productores.

En ese sentido, el directivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), Juan Facciano, explicó que “la Disposición 23 modificó la fórmula con la que venía trabajando el sector; establece los precios de abril por debajo de los costos de la industria, luego de 60 días de congelamiento”.

“De manera unilateral y sin explicación -aseveró- se congelaron en marzo los precios de la industria del biodiésel y bioetanol, y obligó a facturar la producción con una diferencia de precios respecto de febrero que asumieron las empresas que alcanza los $11 millones mensuales, para una planta promedio que ofrece al mercado 50.000 tns/año”.

Facciano insistió en el planteo: “No reclamamos un absurdo o rentabilidades exhorbitantes, sino que pedimos al Gobierno que retome la fórmula de precios vigentes a marzo que otorga garantía de cubrir los costos y tener una rentabilidad fija razonable del 3% en pesos”.

Luego de la publicación de la norma, las entidades que representan a los productores de biocombustibles esperan una convocatoria oficial tras plantear sus reclamos al subsecretario de Hidrocarburos y Combustibles, Carlos Casares, quien se comprometió -aseguraron los industriales- a elevar la cuestión al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.

En esa misma dirección, el presidente del Centro Azucarero Argentino, Hernán Maurette, explicó que “es la tercera vez que el Gobierno modifica la fórmula del precio”, y que “si bien es cierto que es una facultad que posee, no es racional que una misma administración cambie tantas veces la fórmula como secretarios de Energía ha tenido”.

“Este manoseo normativo produce una inseguridad jurídica que sólo favorece a la arbitrariedad de la administración y, en última instancia, a otros eslabones de la cadena productiva”, dijo el directivo.

Para Maurette, “el problema no es con el precio de los combustibles sino con la inflación y negarlo puede tener consecuencias nefastas para la actividad. El Gobierno lo sabe bien porque heredó un sistema energético descapitalizado y desfinanciado por una política tarifaria populista que está costando mucho resolver”.