Seis de los siete imputados por el crimen de Fernando Pérez Algaba, el empresario hallado descuartizado dentro de una valija en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, seguirán detenidos con prisión preventiva, mientras una de las acusadas será excarcelada, informaron hoy fuentes judiciales.

La medida fue dictada por el juez de Garantías Nº 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, y recayó sobre los imputados Maximiliano Ezequiel Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas, Matías Ezequiel Gil, Luis Alberto Contreras, Horacio Mariano Córdoba y Fernando Gastón Martín Carrizo, todos ellos acusados del delito de “homicidio cuadruplemente agravado por el empleo de arma de fuego, por concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía, por placer y codicia”.

En el fallo, de 58 páginas, el magistrado consideró que, a esta altura del litigio, “no impera duda respecto de la relación reinante entre la totalidad de los sujetos intervinientes en el infame homicidio”.

A su vez, Monelos sostuvo que “existía una empresa criminal previa” entre Pilepich, Vargas, Gil, Contreras, Córdoba y Carrizo, donde “cada uno formaba parte de un eslabón más en el plan urdido que tuvo por propósito ultimar Pérez Algaba para cesar con sus reclamos dinerarios, acreencias e intimidaciones”.

Al respecto, el juez atribuyó a Vargas y Pilepich un rol preponderante en su accionar dentro del grupo, aunque destacó que las conductas de los seis estuvieron “dolosamente dirigidas, a cooperar activamente en deshacerse del cuerpo y los rastros del homicidio, aportando para ello tecnología, asesoramiento, experticia, apoyo, logística, mano de obra, movilidad e incluso el marco territorial”.

Entre las pruebas valoradas, Monelos contempló fundamentalmente los registros de cámaras de seguridad, el impacto en las antenas de los llamados telefónicos de los implicados y las comunicaciones por mensajes de texto entre los sospechosos y la víctima.

Además, el magistrado recordó los antecedentes de Maximiliano Pilepich y Luis Alberto Contreras, ambos coimputados con una misma causa por el “delito de robo y hurto de un automotor” en el 2004.

“La relación de conocimiento anterior entre ellos no es un detalle menor teniendo en cuenta la presencia de Pilepich el día 19 de julio a la madrugada en la zona de Ingeniero Budge, específicamente en donde impacta la antena correspondiente al domicilio de Luis Alberto Contreras, de la calle Euskadi 4450 de ese medio; sobre todo cuando la víctima ha sido hallada sin vida en el ‘Arroyo del Rey’, a escasas cuadras del domicilio aludido”, indicó.

A partir de la información recolectada, Monelos dispuso que los seis deberán continuar en prisión, ante la sospecha de que “tratarán de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación”, sumado al “posible monto de pena en expectativa”.

“Los peligros procesales surgen de la provisional valoración de los hechos que son materia de investigación: concretamente el ‘modus operandi’ llevado a cabo, como la desaparición y ocultamiento de medios de prueba que se viene dando en la instrucción. A ello, debe añadirse la envergadura de la empresa criminal a la que se investiga, y la magnitud de los sucesos puestos bajo pesquisa”, agregó.

Por otro lado, el juez de Garantías dispuso la excarcelación de Flavia Bomrad, sindicada por haber participado del crimen luego de que se le encontrara en su auto un aro similar a los que utilizaba la víctima, ya que no se detectaron rastros de ADN de Pérez Algaba en dicho vehículo.

“No puede desatenderse que Bomrad explicó en su descargo que podría corresponder a sus sobrinas, mientras no se ha encaminado ninguna otra diligencia probatoria para determinar en forma fehaciente que se trate del adminículo de Pérez Algaba y convertirlo en un indicio serio de culpabilidad en su contra”, justificó Monelos en el fallo.

De esta forma, el magistrado aceptó parcialmente el pedido del titular de Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 5 de Lomas de Zamora, Marcelo Domínguez, quien había solicitado procesar con prisión preventiva a los siete acusados.

En su presentación, Domínguez había considerado que “habiendo actuado de manera premeditada entre sí y con una previa división de tareas y mediante la utilización de armas de fuego, provocaron dos lesiones en la parte posterior del torso de Fernando Pérez Algaba, que posteriormente ocasionaron su fallecimiento”.

El fiscal Domínguez estableció en su investigación que Pilepich citó a Pérez Algaba para encontrarse en el predio “Renacer” de General Rodríguez el 18 de julio pasado por la tarde, y hasta allí concurrió la víctima junto a Vargas en una camioneta Range Rover Evoque blanca.

Para el Ministerio Público, el crimen del empresario Pérez Algaba fue cometido por una deuda de 50.000 dólares y 17 terrenos que el imputado Pilepich debía entregarle a la víctima quien, con el fin de cobrarla, fue la tarde del 18 de julio pasado hasta el predio “Renacer” de General Rodríguez a encontrarse con él.

La desaparición del “Lechuga” fue denunciada el 19 de julio por la dueña de un departamento que la víctima había alquilado de manera temporal en el partido de Ituzaingó, quien, al no tener noticias suyas, se presentó en una comisaría para radicar un pedido de averiguación de paradero.

Mientras que sus restos descuartizados fueron encontrados entre el 22 y el 24 de julio en un arroyo en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.