En medio del fomento a la integración público-privada que promueve la gestión municipal, en los últimos días llegó al Ejecutivo una propuesta para poner en valor la UTF (Unidad Turística Fiscal) Puerto Cardiel, con una inversión aproximada de $40 millones.

La iniciativa es de la firma Pridemax SA, que actualmente tiene un permiso precario para el uso y explotación del balneario hasta que se adjudique a un nuevo permisionario.

Según se reflejó en el boletín oficial, el objeto de la propuesta consiste en realizar una “inversión patrimonial”, destinada principalmente a costear un programa de obras de renovación, refuncionalización y puesta en valor de la UTF. De esta manera, se busca “el desarrollo de actividades y servicios turísticos, recreativos y gastronómicos para clientes del balneario y usuarios de la playa pública”.

En la misma línea, se contempla realizar mejoras y sumar equipamiento en los bienes y espacios públicos que rodean a Puerto Cardiel, y favorecer así “su uso y aprovechamiento durante todo el año”.

Entre diversas tareas, se prevé la ampliación de las veredas del paseo costero del nivel superior, su acondicionamiento, iluminación y mantenimiento; la incorporación de equipamiento y mobiliario, con una estación deportiva; la renovación y la ampliación de los accesos a los paseos costeros de los niveles inferiores y el sector de arena, al igual que las circulaciones internas y rampas; la incorporación de una plaza con juegos infantiles; la instalación de sanitarios públicos; y mejoras en el estacionamiento vehicular.

La firma también ofreció ceder un espacio a la Municipalidad para el funcionamiento de una sala de primeros auxilios o un puesto de policía. A su vez, garantizó mantener los espacios de arena de uso público y aquellos destinados para clientes del balneario (en la actualidad, hay autorización para colocar hasta 300 unidades de sombra).

Las intervenciones se proyectan en cinco etapas de ocho meses de obra cada uno, entre abril y noviembre. A cambio de estas tareas, el privado propone un plazo de concesión de 20 años para el uso y explotación del balneario, con opción a 5 cinco de prórroga.

Tras la presentación, el Ejecutivo aclaró que si bien la propuesta fue incluida en el Registro de Iniciativas Privadas, no existe obligación alguna de aceptarla, ni de incluir los términos en un futuro pliego de bases para otorgar en concesión la UTF.