La diputada Fernanda Vallejos presentó un proyecto de ley en la cámara baja para tipificar a la pesca ilegal extranjera en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) como un delito. En concreto, establece la reclusión o prisión de tres a quince años a quien afectara el ecosistema pesquero y marítimo y la sostenibilidad de las especies en esta área, o sus recursos pesqueros migratorios originarios de la ZEE argentina que se encuentren más allá de las doscientas millas marinas.

La iniciativa modifica el artículo 186 del Código Penal, al incluir las penas por el delito de la pesca ilegal. Entre los delitos, contempló la pesca ilegal no declarada y no registrada (INDNR); el transporte de explosivos o sustancias tóxicas como método de extracción o pesca; utilizar artes de pesca no autorizadas por la Autoridad de Aplicación; impedir o dificultar el desplazamiento de los peces en sus migraciones naturales; y capturar o extraer recursos pesqueros en áreas o épocas de veda.

De este modo, busca evitar la pesca ilegal que se realiza en Malvinas, donde se otorgan licencias infringiendo todas las leyes nacionales e internacionales. También, impedir que cientos de buques extranjeros depreden los recursos migratorios argentinos en el Atlántico Sudoccidental. China, España y Corea del sur son los principales países de donde provienen los barcos, indicó el proyecto.

Por año, más de 300 buques extranjeros han llegado a pescar hasta 800 mil toneladas de recursos pesqueros (calamar, merluzas, entre otros) fuera de la plataforma argentina, libres de todo control, regulación ni ordenamiento, según un informe de la Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros (Opras).

Asimismo, la pesca ilegal y la no reglamentada en aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) representan, al menos, una pérdida para el país de entre USD 1.000 y USD 2.000 millones al año, según estimaciones de esta organización civil.

En distintos foros desde la década del noventa se promueve el combate contra la pesca ilegal. Por caso, el Comité de Pesca de la FAO elaboró en 2001 un Plan de Acción Internacional (PAI) no vinculante, para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada (INDNR). Sin embargo, después de casi treinta años, casi todos los países que pescan a distancia siguen efectuando pesca ilegal. Así lo indicó un informe elaborado por el experto en pesca César Lerena.

Por otro lado, el proyecto de Vallejos busca ir más allá de la Ley 27564 que aprobó el Congreso en septiembre de 2020, cuando modificó el régimen federal de pesca e introdujo aumentos en las multas por pesca ilegal. “Resulta conveniente contar con mayores medios necesarios para el control debiendo decomisar el buque y las materias primas”, sostuvo la iniciativa.

A su vez, la medida destacó una serie de disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar (CONVEMAR), que establecen que los Estados ribereños deberán determinar la captura permisible en su ZEE,  asegurar la preservación de las especies, que no haya exceso de explotación y garantizar las necesidades económicas de las comunidades pesqueras.

En otras partes del mundo existen medidas o documentos contra la pesca ilegal y sus implicancias en el ecosistema y la economía. En 2014 el Reino Unido en su documento de Estrategia de Seguridad Marítima expuso “la necesidad de protección contra las amenazas de su dominio marítimo, incluida la pesca ilegal”.  Ese mismo año, la Unión Europea incluyó a la pesca ilegal como una amenaza para la seguridad marítima de sus Estados miembros. Mientras que en 2016 el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos publicó un informe exclusivo sobre el tema de la pesca ilegal (IUU), y lo definió como una amenaza para la seguridad alimentaria y económica, que beneficia al crimen organizado transnacional.

El segundo proyecto (de resolución) de Vallejos en materia de pesca pide al Ejecutivo nacional la instalación de radares para la ”vigilancia y control” del tráfico irregular de los barcos en la ZEE del país.

Solicitó que “a través de los organismos competentes en la materia, disponga la instalación de equipos de radarización con las especificaciones técnicas adecuadas para la vigilancia y control  estricto de la navegación, tráfico irregular o ilícito, pesca en el espacio marítimo de superficie, submarino y aéreo de la Zona Económica Exclusiva en el Atlántico Sur a efectos de garantizar la preservación de los recursos naturales en pleno ejercicio de sus derechos soberanos”.