LA PLATA (Corresponsalía)

La senadora del Frente de Todos por la segunda sección electoral, Agustina Propato, presentó un proyecto de ley con el propósito de modificar la ley provincial 6.021 o ley de Obra Pública, donde se propone cambiar la redacción del artículo 15° de esa normativa, que establece las condiciones que deberán cumplir los concurrentes a las licitaciones públicas o privadas.

El proyecto de Propato plantea la necesidad de incorporar dos párrafos a dicho artículo, con los que, de aprobarse los cambios, no serán admitidas en el Registro de Licitadores las personas físicas o jurídicas, que en el marco de una emergencia dispuesta por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial o sancionada legislativamente, realicen despidos sin justa causa, por falta o disminución de trabajo y/o invocando fuerza mayor. 

Para ello, según reza el texto de la iniciativa “La Comisión de clasificación del Registro de Licitadores deberá evaluar sin excepción el cumplimiento de este requisito antes de expedirse respecto a la inscripción, clasificación, calificación, capacitaciones y permanencia en el registro de las empresas”.

La modificación propuesta para la ley 6.021 regirá también para los presupuestos de contratación de obra pública que se dispongan en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno provincial y las emergencias en materia social, económica, productiva y energética, en materia de seguridad y política y salud penitenciaria, en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos y en materia administrativa y tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, establecidas todas ellas por diversas leyes hoy vigentes. 

En los fundamentos del proyecto, Propato subraya que la situación excepcional que estamos atravesando conlleva la necesidad de adoptar medidas que aseguren que los trabajadores no perderán sus puestos de trabajo, cuestión que el Gobierno nacional garantizó a través del Decreto Nº 329/20, que prohíbe los despidos por el plazo de sesenta días.

Pero tras los despidos que grandes empresas como Techint han realizado “violentando así los principios de protección del trabajador que rigen en nuestra legislación nacional y dejando en el peor desamparo a miles de familias”, la autora propone que el Estado provincial evalúe entre las condiciones de las empresas con las que se habrá de contratar en futuras licitaciones para obras públicas, que las mismas no hayan incurrido en conductas violatorias de las medidas dictaminadas en el marco de una emergencia pública. 

En ese marco Propato indicó que es imperioso “poner en valor la necesidad de trabajar mancomunadamente respetando la legislación de protección a los trabajadores que se ha decidido priorizar”.