El concejal Alejandro Carrancio presentó en las últimas horas en el Concejo Deliberante un pedido de informes sobre el convenio del municipio con la Universidad de San Martín para la instalación de las cámaras para llevar adelante el control de fotomultas.

En este sentido, el edil solicitó información acerca del “plazo, sistema de cobro de fotomultas, porcentaje que retiene el municipio, la provincia y la universidad de lo cobrado”.

Asimismo, pidió detalles sobre “si las cámaras son provistas por una empresa, indicando nombre de la empresa involucrada y modalidad de entrega de las cámaras, o si por el contrario se llevó a cabo una licitación para la compra de las cámaras”. “De ser así, indique monto y empresa adjudicataria”, indica el texto presentado por el concejal.

En este marco, se solicitó saber también “cuál fue el destino de las cámaras instaladas en el marco del convenio celebrado con la Universidad Tecnológica Nacional”.

Es “esencial de cara a la ciudadanía instar al a la transparencia de la gestión en este tema y en todo los actos llevados adelante por el gobierno municipal”, remarca la presentación realizada y añade que “según lo declarado en medios de comunicación” el Ejecutivo municipal optó por la aplicación automática de las fotomultas “sin convalidación del convenio por parte del Poder Legislativo”.

Al respecto, se recordó que se realizó una consulta al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y que el Organismo concluyó que “el municipio debió contar con la autorización correspondiente por parte del Concejo Deliberante para suscribir los convenios motivos de la consulta, por tratarse de una facultad atribuida a dicho poder municipal”.

A pesar de ello, “el ejecutivo municipal informó la puesta en marcha y un período de prueba a de entre 60 y 90 días para terminar de ajustar los sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito, difundir la ubicación de los dispositivos, instalar la señalética correspondiente” y “actualmente la página de internet oficial del municipio indica los lugares que dichas cámaras estarían en proceso de instalación y cuáles están en proceso de factibilidad técnica”.

Por estos motivo, el concejal elevó para su tratamiento y posterior sanción el proyecto de comunicación en el que solicitan que se brinde además información sobre cuántas cámaras serán destinadas para detectar exceso de velocidad, cruce de semáforo en rojo, avance sobre senda peatonal y se reclama que se “desarrolle el criterio utilizado para determinar la localización de las cámaras”.

Para finalizar, se pide una “opinión respecto del informe elaborado por el Honorable Tribunal de Cuentas” de la Provincia, como así también cualquier “otro dato de interés que permita dar respuesta a los puntos requeridos”.