La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina presentó hoy, por séptima vez, un proyecto de ley que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en el país, después de que el presidente, Mauricio Macri, instase a que se debata en el Congreso.

La iniciativa lleva la firma de 71 diputados de distinto signo político, entre los que hay una clara mayoría de representantes de la izquierda y el kirchnerismo, pero también se encuentran cinco de la oficialista Propuesta Republicana (Pro) y 14 de la centenaria Unión Cívica Radical (UCR), que integra el gobernante frente Cambiemos.

El Código Penal vigente desde 1921 considera el aborto un delito, aunque contempla que “no es punible” en dos casos: cuando es necesario evitar un peligro para la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación.

Sin embargo, parte de la sociedad considera la normativa insuficiente en un país donde, según Amnistía Internacional, el aborto es la principal causa de muerte materna en 17 de las 24 provincias y donde, según Unicef, nacen anualmente casi 3.000 bebés de niñas de entre 10 y 14 años.

El texto establece que toda mujer tiene derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo durante las primeras catorce semanas de gestación y, después de ese plazo, estaría permitido en los dos casos que contempla actualmente el Código Penal y, además, si existen malformaciones fetales graves.

Pese a que es la séptima vez que la iniciativa llega al Congreso -donde nunca pudo tener estado parlamentario-, en esta ocasión hay una gran expectativa porque, recientemente, el propio Macri, personalmente contrario al aborto, dio libertad de conciencia a los legisladores de su partido y los instó a abordar la despenalización.

Es una decisión que nunca tomó su antecesora, Cristina Fernández (2007-2015), pese a que sí promovió leyes progresistas como la del matrimonio igualitario o la de identidad de género.

Victoria Donda, diputada nacional por el Movimiento Libres del Sur, cuya firma es una de las cuatro que encabezan el proyecto, señaló la pasada semana que el debate parlamentario es “absolutamente necesario” porque “el peso de la clandestinidad” afecta a “todas las mujeres”.

De hecho, se calcula que hay alrededor de 500.000 abortos clandestinos al año y 60.000 mujeres quedan hospitalizadas por complicaciones derivadas de ello. Por ende, “tiene que ver con una cuestión de democracia, de respeto a las libertades fundamentales y a los derechos sexuales”, apuntó Donda.

Asimismo, señaló que la “correcta” postura de Macri es resultado de “años de lucha” que han logrado una “sensibilización a conciencia” de la ciudadanía sobre un tema que, aunque hasta ahora haya sido “tabú” entre la dirigencia política, no lo ha sido en la sociedad.