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El País 22 de marzo de 2021

Presentan en Mar del Plata un pedido para declarar inconstitucional la ley del aborto

Lo hizo el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Alberto Assef. Además, solicitó medidas cautelares para que el gobierno bonaerense se abstenga de ejecutar o permitir cualquier protocolo, reglamento o disposición referida a la interrupción voluntaria del embarazo.

El diputado nacional por la Provincia e Buenos Aires, Alberto Assef, presentó ante la Justicia de Mar del Plata un pedido de declaración de inconstitucionalidad de la ley del aborto, aprobada a fines de 2020 por el Congreso Nacional.

Con el patrocinio del abogado Eduardo Bonoris, el legislador inició una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Poder Ejecutivo Nacional por la ley 27.610, sancionada y promulgada bajo el nombre de “interrupción voluntaria del embarazo”.

Desde UNIR, el espacio político que encabeza Assef, explicaron que esta acción declarativa persigue se declare la inconstitucionalidad de la norma “en razón que ha sido dictada en abierta oposición a lo establecido por la Constitución Nacional, y los Acuerdos Pactos y declaraciones incorporadas a la Carta Magna en la reforma constitucional de 1994, que establece de manera categórica que la vida comienza desde la concepción en el claustro materno”. El legislador, como consecuencia de esas incorporaciones, dictó el reciente Código Civil y Comercial de la Nación estableciendo en su artículo 19: comienzo de la existencia. “La existencia de la persona humana comienza con la concepción también de manera explícita sin lugar a ninguna duda. El único camino para lograr la ley es a través de una reforma constitucional, en la cual se derogue el acuerdo que determinó el principio antes comentado”, mencionaron.

Además de la acción en sí misma, el diputado Assef solicitó ante el Juzgado Federal Nº 2 de Mar del Plata que se dicten medidas cautelares en favor de que se le comunique al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, “que deberá abstenerse de ejecutar, o permitir cualquier protocolo, reglamento o disposición referida a la interrupción voluntaria del embarazo, como medida para proteger al primer derecho humano que es el de la protección de la vida”.



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