El martes por la mañana se desarrollaba un juicio en el Tribunal Oral Nº2 durante el cual dos jóvenes imputados se aprestaban a escuchar el pedido de pena del fiscal. Ambos habían sido detenidos por asaltar a un panadero y disparare antes de escapar con la caja registradora. Cuando el fiscal Leandro Arévalo mencionó los montos de prisión que pretendía, los familiares de uno de los acusados a punto estuvieron de causar una tragedia.

La sala de audiencia del sexto piso se tornó una tribuna futbolera repleta de barrabravas. Insultos al co imputado, al fiscal, amenazas de muerte a una testigo y a la defensora oficial. El principal autor de los incidentes fue un allegado de Cristian Baca y tras intentar golpear a quien tuviera cerca se las agarró con la puerta de la sala. Acaso confundido por desconocer procederes jurídicos entendió que a Baca le acababan de aplicar la pena y no que era lo que el fiscal pedía. El revoltoso, junto a otras personas que lo respaldaban en la violencia, se retiró del lugar sin que nadie pudiera detenerlo, a pesar de la asombrada contemplación de los miembros del tribunal, Roberto Falcone, Alex Simaz y Jorge Rodríguez.

El hecho de que no lo pudieran detener tiene lógica: no había seguridad. Apenas un solo policía que se vio naturalmente desbordado y que ni siquiera atinó a participar, ya no incumpliendo sus deberes sino protegiendo su propia integridad. Incluso los jueces pidieron más personal policial como refuerzo para evitar que la endeble puerta de la sala de audiencia fuera tirada abajo, pero no había.

Este episodio, en su extremo, puso en evidencia lo que se advierte en el edificio de Tribunales desde hace ya bastante tiempo. Que las condiciones de seguridad son deplorables por tratarse de un lugar en el que se trabaja sobre la base del conflicto violento. No es un edificio donde se dirimen causas civiles o laborales y su nivel de confrontación no es tan vehemente. Es el edificio madre de los litigios penales, con personas peligrosas, con víctimas doblegadas, con entornos de riesgo.

La responsabilidad de la seguridad del edificio corre por cuenta de la Cámara de Apelaciones a través de la rotación de algunos de sus miembros en la “SuperIntendencia”. Si bien esto es así y nadie puede negarlo, es cierto también que la seguridad depende de los recursos que asigne la Policía Bonaerense. Da la impresión que no existe un criterio diferente para otorgar personal a distintas oficinas del estado. Y está claro que, más allá de la seguridad penitenciaria para el traslado de detenidos, el edificio de Tribunales muestra una deficiente organización en la seguridad púbica.

Por empezar, cualquier persona puede ingresar a cualquier oficina con un arma. Existe un falso detector de metales en la puerta que se activa y chilla continuamente. Rememora a aquellos patrulleros de utilería que se dejan en ciertas esquinas, sin motor, para causar un efecto disuasivo. De todos modos, por más que funcionara el detector de metales, no hay personal de seguridad para requisar al individuo que lo haya activado.

Tiempo atrás el familiar de un imputado de un delito grave quiso colaborar con la Justicia y entregar un arma utilizada en el hecho. El hombre se paseó por todo tribunales con un arma sin que nadie lo advirtiera hasta que le contó a un funcionario judicial que quería ayudar de esa manera, entregando un arma. “¿Y a dónde podemos ir a buscar el arma?”, le preguntaron y el hombre dijo “acá”.

Meses atrás una hombre robó el celular de una persona que esperaba en la mesa de entrada de una fiscalía del octavo piso y salió corriendo. Bajó las escaleras (todas) y se fue por la puerta principal, con más facilidades que si hubiera sustraido el teléfono en un shopping.

Existe un falso detector de metales en la puerta que se activa y chilla continuamente. Rememora a aquellos patrulleros de utilería que se dejan en ciertas esquinas, sin motor, para causar un efecto disuasivo.

Charlas de pasillo

En los pasillos de Tribunales la preocupación de los jueces, defensores y fiscales es visible. Durante la mañana de este miércoles algunos funcionarios se citaron en sus despachos y hablaron de esta situación. “Uno está acostumbrado a la presión e incluso al malestar de las partes, no me horroriza, pero ver a un testigo llorando porque un inadaptado le dice impunemente que la va a matar y luego se va caminando, es demasiado”, dijo un funcionario a LA CAPITAL.

Además de los problemas edilicios, el amontonamiento de oficinas y personal, y el reducido espacio en las salas de audiencias se observan problemas de seguridad para quienes allí trabajaban y también para la gente común que asiste al lugar.

El estacionamiento sin perimetrar -cualquier persona accede a cualquier automóvil-, los pasillos de cada uno de los pisos en los que se mezcla un celebración de un juicio con un juzgado de ejecución, es decir, familiares de imputados por un delito con ex convictos que llegan en libertad a interiorizarse de su situación.

La preocupación parece haber alcanzado un punto crítico tras los incidentes del martes, tanto que trascendió la posibilidad de ir en contra de lo que dice la ley. Como sostuvo un funcionario ayer a LA CAPITAL: “Llegaremos a la insólita instancia contra legem de que los juicio orales no sean públicos”.