El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura expresó su extrema preocupación ante la inminente inauguración de contenedores para la detención de personas en la provincia de Buenos Aires.

Esta medida fue anunciada por el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, “con la proclamada intención de dejar de utilizar a las comisarías como lugar de detención prolongada de personas”. “Sin embargo, este objetivo –que el Comité comparte- no puede cumplirse incurriendo en otras violaciones a los derechos humanos, como las que implican la privación de la libertad en establecimientos no adecuados para tales fines”, explicaron. Y agregaron: “Debe recordarse que la detención en lugares de alojamiento transitorio no exime al Estado del deber de garantizar condiciones mínimas de detención compatibles con la dignidad personal“.

A finales del 2019, el CNPT alertó en sus informes sobre el incremento sostenido de hombres y mujeres privadas de su libertad en dependencias policiales, que en aquel momento superaban las 4.000 personas. Allí también se señaló que dicha situación no es ajena al aumento exponencial del total de personas privadas de su libertad en la Provincia de Buenos Aires, que para esa fecha alcanzaba la cifra de 48.469, superando holgadamente la capacidad de alojamiento de las respectivas unidades penales.

En dicha oportunidad, el comité fue enfático en recomendar a los tres poderes del Estado la adopción de acciones urgentes y necesarias a fin de adecuar las políticas y decisiones de privación de la libertad, considerando el grave perjuicio generado por el elevado hacinamiento. Entre otras medidas concretas, recomendó: la adopción de medidas menos lesivas que la privación de la libertad para delitos de menor gravedad, como el otorgamiento de prisiones domiciliarias; la promoción del cumplimiento de libertades condicionales; el impulso de mecanismos de justicia restaurativa; la revisión de las medidas de encarcelamiento que en las actuales condiciones generan efectos lesivos permanentes e indebidos en los grupos más vulnerables.

El Comité entiende que la “Mesa Interinstitucional de Diálogo” debe servir para impulsar soluciones adecuadas sobre la situación de las personas privadas de la libertad en la Provincia. “Sin embargo, transcurridos cinco meses, las recomendaciones del Comité se mantienen vigentes ya que no se ha observado la adopción de otras medidas estructurales dirigidas a solucionar las graves violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad. A criterio del Comité, esta situación solamente empeorará con la implementación de los referidos contenedores”, afirmaron en el comunicado.