El 1 de marzo comenzará a regir en la provincia de Buenos Aires la resolución 317 del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), orientada a la regulación de los residuos sólidos urbanos para generadores especiales, y en Mar del Plata ya hay preocupación en el sector comercial por los nuevos costos que implicará.

La norma, que fue publicada en noviembre del año pasado en el Boletín Oficial bonaerense, entiende como “generadores especiales” a los supermercados, hipermercados, shoppings y galerías comerciales que generen más de 1000 kilos de residuos al mes. También incluye a los establecimientos en los que se brindan los servicios de alojamiento u hospedaje, comercios, empresas de servicios, centros de distribución, universidades públicas o privadas y toda otra actividad privada comercial inherente a las actividades autorizadas y las dependencias de la
administración pública.

Esos establecimientos “son económica y ambientalmente responsables en la gestión integral de sus residuos sólidos urbanos”, señala la normativa. Lo que comprende “la generación, disposición inicial selectiva, recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final”.

En ese marco, deberán presentar ante el OPDS un “plan de gestión integral e inclusiva de residuos sólidos urbanos”, que tendrá que contemplar la separación en origen y la recolección diferenciada, transporte, tratamiento y disposición final.

Los residuos reciclables secos deberán ser enviados a una planta de separación. Además, los generadores tendrán que llevar un registro de las operaciones y presentar acciones de sensibilización y capacitación en gestión sostenible de los residuos a empleados, clientes y la comunidad en general.

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Ante la inminente vigencia de la disposición, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) manifestó su preocupación por el incremento de costos que significará su cumplimiento.

“La normativa que pretende entrar en vigencia implica nuevos costos para las empresas. No solo por la misma implementación de la separación de residuos, sino por la disposición final y el pago de honorarios profesionales y de registro”, afirmó el presidente de la entidad, Blas Taladrid. Es que, según la resolución, el plan deberá ser “presentado y rubricado por un profesional registrado” ante el OPDS previo pago de una tasa que se creará al efecto.

Taladrid advirtió que “en las actuales condiciones que están viviendo las empresas, y sobre todo en particular desde el inicio de la pandemia, no es momento para incorporar nuevos costos al sector productivo”.

La UCIP elevó una carta a la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires para que solicite la derogación de la norma o en su defecto una prórroga de 180 días.

“Derogar esta resolución permitirá demostrar que el comerciante podrá cumplir con los preceptos en cuanto a la separación de residuos en origen, pero sin estar obligados a recurrir a registraciones y contrataciones de servicios que les sean imposibles de costear”, diferenció Taladrid.

La UCIP se pronunció a favor “de todas aquellas acciones que sirvan para cuidar el medio ambiente”, pero insistió en que “ante la grave situación económica y financiera de público conocimiento que está atravesando el sector comercial y empresarial es imprescindible trabajar para preservar la permanencia y no sumar nuevas cargas que puedan propiciar el cierre”.