El gobierno municipal celebró este viernes una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires para que la Justicia Penal actúe en casos de piquetes y protestas que impidan el libre tránsito o afecten el medio ambiente.

Según explicó el subsecretario legal y técnico, Gustavo Gil de Muro, a partir de un dictamen del procurador de la provincia, Julio Conte Grand, la Corte declaró la nulidad de una sentencia del Tribunal Criminal N° 3 de Mar del Plata que había rechazado una cautelar del municipio ante una protesta de febrero de 2017.

“Es un respaldo muy importante de la Suprema Corte a la decisión que en su momento tomó el intendente”, dijo Gil de Muro en una conferencia de prensa que encabezó el intendente Carlos Arroyo y en la que también participaron el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, y su par de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle.

“Es más importante la postura del procurador general de la provincia, que es el jefe de los fiscales. Claramente el procurador se está apartando de la concepción que tiene la Fiscalía General de Mar del Plata en cuanto a la no intervención o a la resistencia que tenía hasta el día de hoy a intervenir en este tipo de conflictos, invocando que había conflictos sociales supuestamente no atendidos por el Estado local que impedían una intervención de la Justicia Penal”, aseguró Gil de Muro.

De esta manera, apuntó, “la Suprema Corte ratifica que es materia a tratar por la Justicia Penal porque se trata de la conculcación de derechos y garantías amparados por la Constitución Nacional”.

Según explicó, “la Suprema Corte lo que le dice al Tribunal Criminal es que no atendió un derecho fundamental que denunció en ese momento el municipio, que es la afectación del medio ambiente”. De esa forma, el Tribunal “incurrió en la violación del artículo 168° de la Constitución Provincial”, sostuvo Gil de Muro.

El recurso de amparo del municipio fue presentado en marzo de 2017, “a raíz de una manifestación con corte de calle y quema de neumáticos” que se realizó “la última semana de febrero” de ese año frente a la Municipalidad, recordó el funcionario.

“El amparo fue radicado en el Tribunal Criminal 3, que lo rechazó ‘in límine’ considerando, entre otros motivos, que cuando había venido a realizar la inspección ocular al lugar de los hechos ya la manifestación había cesado”, acotó Gil de Muro. Y deslizó: “Se habían tomado unos cuantos días para concurrir y corroborar los hechos denunciados”.

A partir de allí, el municipio interpuso “un recurso de apelación que fue tratado por la Sala 2 de la Cámara Penal local, que ratificó el rechazo ‘in límine’ de la acción, motivo por el cual acudimos a la Suprema Corte provincial mediante la interposición de los recursos extraordinarios de nulidad”.

Tras esos recursos, “la Suprema Corte declara la nulidad de la sentencia del Tribunal Criminal N° 3 y encomienda al Tribunal a dictar una nueva sentencia en la cual se contemplen los hechos denunciados por el municipio”, destacó el subsecretario.

El intendente se mostró contra “la violación sistemática de los derechos constitucionales de los habitantes con relación a la libertad de tránsito y de respirar un aire puro”. Enseguida lamentó: “Una y otra vez, la policía pedía la orden de los fiscales, y una y otra vez la fiscal interviniente no le daba la orden a la policía”. Por eso entendió que, “en algún momento, la Justicia marplatense no estuvo a la altura de las circunstancias, no protegió a esos ciudadanos” y “no respetó” su derecho “a gobernar en paz y tranquilidad”.

En esa línea, Arroyo advirtió que “los derechos de cada uno terminan donde empiezan los del otro”.

Las protestas cuestionadas

El subsecretario legal y técnico recalcó que el municipio “nunca cuestionó el derecho a protestar y peticionar ante las autoridades”, pero busca “armonizar y lograr un equilibrio para que cada ciudadano pueda ejercer sus derechos”.

Los funcionarios hicieron alusión a las protestas con quema de gomas frente a la Municipalidad, los cortes de calle prolongados que no permiten el funcionamiento de los comercios aledaños, los cortes totales de ruta, los acampes o manifestaciones que afectan el medio ambiente, las escrituras sobre monumentos o establecimientos y las “tomas” de edificios públicos.

Para Gil de Muro, ante una manifestación con alguna de esas características ahora la Fiscalía local deberá “coordinar con las fuerzas policiales la intervención en el conflicto”.

“Hay un protocolo de actuación judicial que se determinó hace unos años. El municipio ha pedido reiteradamente la aplicación de ese protocolo y siempre ha habido una resistencia de la Fiscalía y algunos jueces de Garantías en aplicarlos o solicitar la colaboración de las fuerzas policiales para su aplicación”, insistió el funcionario.

“A partir de ahora entendemos que no hay duda de que tiene que haber una intervención de la Fiscalía ordenando a través de las fuerzas policiales las medidas necesarias para permitir que cada uno pueda desarrollar su actividad y su vida cotidiana”, agregó.