El bloque del Frente de Todos del Concejo Deliberante presentó un proyecto de ordenanza para que mientras dure la cuarentena el gobierno municipal establezca “medidas urgentes” para garantizar la provisión de gas licuado de petróleo envasado en el distrito.

La iniciativa, que lleva la firma de la presidenta de la comisión de Calidad de Vida y Salud, Marina Santoro, busca que el Ejecutivo realice gestiones ante el Estado nacional y las empresas que prestan el servicio para dar respuesta a la demanda “en todos los meses del año” e implemente “puntos de venta fijos”.

La intención es que se respete el precio fijado en la disposición 104/2019 de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles dependiente del Ministerio de Hacienda de la Nación y en el decreto 311/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.

La comisión de Labor Deliberativa, integrada por los presidentes de bloque, solicitaron información sobre la viabilidad del proyecto al secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, y a la de Desarrollo Social, Verónica Hourquebié.

De aprobarse, las dependencias para el expendio de gas envasado serán las delegaciones municipales (Norte, Batán, Chapadmalal y Sierra de los Padres), así como los distritos descentralizados El Gaucho y Vieja Usina.

También sostiene que “deberán ampliarse los puntos de venta en ferias barriales y los Comités Barriales de Emergencia de Mar del Plata y Batán”.

“El Departamento Ejecutivo establecerá la logística necesaria y el cumplimiento de los protocolos de prevención de Covid-19 establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación para garantizar el adecuado funcionamiento de los puntos de venta”, agrega el proyecto de ordenanza.

En ese sentido, se deberán establecer mecanismos de atención que eviten la aglomeración de personas en los distintos puntos de venta.

A su vez, la Secretaría de Desarrollo Social “deberá triplicar, durante el tiempo que dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio y de forma gratuita, la provisión de gas licuado de petróleo envasado a comedores y merenderos comunitarios”.

La dependencia municipal también “deberá efectuar un relevamiento periódico de los comedores y merenderos comunitarios de la ciudad” y “establecer la logística necesaria y el cumplimiento de los protocolos de prevención de Covid-19 establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación para la entrega de las garrafas a dichas entidades sociales”.

Los días de venta “serán como mínimo tres en la semana en las dependencias municipales, dos en los Comités Barriales de Emergencia y los que fijen las ferias barriales para su funcionamiento”.

Según indicó Santoro entre los argumentos del proyecto, “resulta imperioso ampliar los dispositivos de abordaje de la emergencia, creando aquellos que sean necesarios o urgentes para la vida de la comunidad”.

Apuntó que la ciudad “se prepara para afrontar el comienzo de la estación invernal, así como la mayor presencia de nuestros vecinos en sus domicilios, lo cual implica un mayor consumo del servicio de gas y el mayor consumo de gas licuado envasado”.

Santoro recordó que el servicio de gas es “garantizado” por la suspensión de cortes dispuesto a nivel nacional y provincial, por lo que “es menester abordar la oferta y demanda del gas licuado de petróleo envasado, consumido en mayor parte por los sectores más vulnerables”.

Pedido de informe de AM

El bloque de concejales de Acción Marplatense impulsó en el Concejo Deliberante un proyecto para que el Ejecutivo informe cómo se organizará la venta de garrafas sociales en el partido.

El objetivo es que el gobierno municipal indique las fechas en las que se venderán y si, para evitar la aglomeración de personas, se hará por domicilio, terminación de DNI u otro mecanismo.

También pidió que el Ejecutivo precise los puntos de venta que se habilitarán, los medios de comunicación que se emplearán para informar el cronograma y el protocolo sanitario que se empleará.

Además, a partir de este proyecto el Concejo solicitó al Ejecutivo que gestione ante las autoridades de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) “la ampliación de los beneficiarios del subsidio para la garrafa social, incluyendo a todas las personas que han sido beneficiarias del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y no cuentan con conexión de gas natural”.