El suspendido jefe de la Policía de la Ciudad, comisario general José Pedro Potocar, quedó detenido este martes en los tribunales porteños tras presentarse espontáneamente ante el juez porteño Ricardo Farías, quien tiene a su cargo la investigación por el supuesto pago de coimas por parte de comerciantes a los policías de la comisaría 35a.
Potocar fue notificado de su detención apenas llegó a la oficina del juez Farías, quien lo imputó de los delitos de “cohecho” y “asociación ilícita”.

El suspendido jefe policial había llegado a los tribunales acompañado por sus abogados Christian Poletti y Raúl Alcande, con la intención de hacer una presentación espontánea a raíz de los trascendidos sobre su situación judicial, pero una vez en el despacho del juez se enteró que ya estaba firmada su orden de detención.

El magistrado había hecho lugar al pedido de detención que había formulado el fiscal de instrucción José María Campagnoli el miércoles pasado, quien instruye el expediente en el que se investigan los supuestos pagos de coimas de comerciantes a los policías de la comisaría 35a.

Farías fundamentó el pedido de detención porque el monto de la pena que podría corresponderle a Potocar por los delitos que se le atribuyen podría hacer presumir que no acudiría a una citación.

Potocar “fue para entregar un escrito con un descargo parcial, como lo prevé el Código Procesal Penal, y le comunicaron que quedaba detenido”, indicó una fuente vinculada a la defensa del policía.

“La presunción de fuga queda descartada luego de la presentación (de Potocar) cuando aún no sabía que se había ordenado su detención”, agregó la fuente, que indicó que ese argumento -la asistencia voluntaria al juzgado- podría ser utilizado en un eventual pedido de excarcelación.

Para el paso siguiente, la indagatoria, el juzgado aguarda la remisión de la causa (unas 3.500 fojas), por parte de la Cámara del Crimen, cuya Sala VII analiza las apelaciones contra el procesamiento con prisión preventiva de otros dos policías involucrados en la pesquisa: la comisaria inspectora Susana Aveni y el subcomisario Marcelo Stefanetti, ambos de la Seccional 35a.

“Es necesario recibir la causa para que el imputado pueda cotejar el soporte documental de los ilícitos que se le atribuyen y así ejercer su derecho de defensa”, precisó una fuente judicial que participa de la investigación.

El fiscal Campagnoli investiga si policías de la seccional 35ª. exigían sumas de dinero a cambio de brindarles “seguridad” a comerciantes de los barrios de Núñez y Saavedra de esta capital, y la supuesta protección a “trapitos” para que pudieran trabajar en la zona sin inconvenientes, a cambio del pago de una suma de dinero.

En esta causa, el 12 de abril último, el juez Farías procesó y embargó por 350.000 pesos a la comisaria inspectora Susana Aveni como “jefa u organizadora” de la asociación ilícita y al subcomisario Marcelo Stefanetti como miembro.

La oficial era la superior directa del aún prófugo comisario Norberto Villarreal quien -según la investigación de Campagnoli- le ordenaba a los policías de la brigada de su seccional pedir dinero a comerciantes a cambio de “seguridad privilegiada” y también extorsionaban a “trapitos”.

El 28 de marzo último, en el marco de esta misma causa, también fueron detenidos los subcomisarios Stefanetti, que se desempeñaba en la División Comando y Control del 911, y Hernán Kovasevich, de la División Antidrogas Especiales.

Ese día también quedó prófugo, al igual que Villarreal, otro subcomisario identificado como Alberto Codaro.
En tanto, el juez Farías detuvo y luego procesó con prisión preventiva en noviembre último al sargento primero Adrián Otero, al cabo Alejandro Malfetano, al sargento Sergio Ríos y al suboficial escribiente Marciano Quiroga también por “asociación ilícita”.