Con posturas a favor y en contra, el proyecto de reforma de la Ley de Alquileres se encamina a ser sancionado mañana en la Cámara de Diputados. Se trata de un viejo reclamo de los inquilinos que exigen condiciones menos dificultosas para concretar la operación de alquilar una vivienda. En la vereda de enfrente están los propietarios y operadores inmobiliarios que sostienen que los cambios perjudicarán a todos.

Los aspectos centrales de la reforma del Código Civil y Comercial referido a la ley de alquileres son la extensión de un contrato de dos a tres años, un nuevo mecanismo de actualización anual -en lugar de semestral- que se calculará en base al aumento de la inflación y el salario.

En ese sentido se establece una fórmula para la actualización de los precios, combinando el IPC (Indice de Precios al Consumidor) con el Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

Otro punto clave del proyecto es que se establece que el inquilino podrá optar por presentar como garantía un aval bancario, seguro de caución; garantía de fianza; o personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.

En el dictamen consensuado se establece que el inquilino presentará dos propuestas de garantías y el propietario estará obligado a elegir una; también se fija en un mes el depósito que tendrá que abonar el locatario.

También se fija que las expensas extraordinarias deberán ser abonadas por el dueño de la propiedad, y que en caso de rescindir el contrato, el inquilino deberá avisar con tres meses de anticipación para evitar pagar una multa.

En cuanto al depósito, el dictamen fija que no se podrá pedir “el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes” y determina que el depósito de garantía será devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes de la locación, o la parte proporcional en caso de haberse acordado un depósito inferior a un mes de alquiler.

Otro aspecto clave del dictamen es que se deberá declarar el contrato de alquiler ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP), dentro de los plazos que disponga este organismo, que a la vez deberá dar facilidades para poder cumplir con esta medida.

Además se crea el Programa Nacional de Alquiler Social destinado a jubilados, pensionados, y aquellas familias que no tengan cómo acceder a un sistema de garantías.

En ese sentido se establece que a través de ese plan se otorgarán garantías de fianza o seguros de caución para contratos de alquiler de viviendas; y se propiciará la creación de líneas de subsidios o créditos blandos, entre otras medidas.

En Mar del Plata

En Mar del Plata, la aplicación de la ley tiene varias particularidades. Una de ellas es que a diferencia de Buenos Aires o La Plata, durante el verano hay una intensa actividad por el turismo. Además, se estila que las expensas las abone el propietario a diferencia de la mayoría de las ciudades donde corren por cuenta del inquilino. Ese es uno de los aspectos que podrían perjudicar a los inquilinos en Mar del Plata. La ley fija que las expensas extraordinarias (generalmente se pagan por alguna obra no habitual en el edificio) deberán ser abonadas por el dueño de la propiedad. Entonces, se deduce que las expensas ordinarias sí serán responsabilidad del inquilino.

El martillero Diego Del Valle se expresó en contra de la ley ya que considera que “puede traer graves problemas para los inquilinos de Mar del Plata”.

“A los profesionales inmobiliarios no nos afecta en nada pero estamos preocupados en lo que le puede pasar al inquilino por la inflación y los plazos”, remarcó y agregó que “Mar del Plata es una de las ciudades más importantes en demanda de alquileres, hay un 30% de población que de alguna forma u otra alquila ya sea una vivienda o un comercio”.

En cambio, muchos de los inquilinos apuestan a que la ley les otorgue mejores condiciones para negociar con los propietarios. Así lo expresó el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, quien opinó que la ley “viene bien para la problemática particular de Mar del Plata”.

El pago de la comisión por la operación, en la ciudad aún corre por cuenta de los inquilinos y la ley en cuestión no presenta modificaciones en ese aspecto. Sin embargo Muñoz sostuvo que la intención “es seguir peleando para que el año que viene se vote en la provincia de Buenos Aires que la comisión la pague el dueño”.

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