El recorte en el monto de la bonificación especial que perciben los docentes municipales podría no reportarle a la comuna ninguno de los supuestos ‘beneficios’ económicos que el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, aseguró que podría obtener.

Sobre todo si se tiene en cuenta que a partir de un acuerdo celebrado en el año 2009, la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional se comprometieron a financiar “íntegramente” los gastos del sistema educativo municipal.
Esa decisión no solo quedó plasmada en un acuerdo que el entonces intendente Gustavo Pulti firmó con el ex gobernador Daniel Scioli.

También fue ratificada por un decreto de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner del año 2010, el cual sigue vigente en todos sus términos.

Así las cosas, todo parece indicar que un recorte en la bonificaciones que reciben los docentes por desempeñarse dentro del sistema educativo municipal, más que generar un ahorro anual de 250 millones de pesos -como aseguró Mourelle- abriría la puerta para que la comuna dejara de percibir los fondos con los que poder garantizar, entre otras cosas, ese beneficio.

Si bien no está claro de qué manera se está cumpliendo en la actualidad con las cláusulas de aquel acuerdo, lo cierto es que desde 2009 en adelante se generaron las condiciones para que la Provincia y la Nación se hicieran cargo del pago de los salarios de los maestros y profesores a modo de subvención.

El convenio original plantea que desde ese momento el sistema de educación municipal del partido de General Pueyrredon sería financiado de manera “permanente y en su totalidad” por la Provincia, que para ello, recibiría de la Nación el equivalente al 50% del costo de la medida.

En la conferencia de prensa que protagonizó el día lunes, Mourelle exhibió un singular empeño por fundamentar el recorte de la bonificación planteando críticas contra los docentes, los empleados que liquidan haberes dentro del municipio y “sectores” políticos, que esta vez, evitó identificar.

Incluso brindó algunas extravagantes explicaciones acerca de la forma en la que, de acuerdo a algunos cálculos incomprobables, la bonificación se integra a la remuneración de los trabajadores de la enseñanza.

En ese contexto, lo que no hizo el funcionario fue precisar cuál es el origen de los fondos mediante los cuales la Municipalidad abona los haberes de su personal docente.

Si nada cambió desde 2009 a la fecha y en base al convenio firmado en aquel año, lo lógico sería que la explicación demostrara que los salarios de los docentes son financiados íntegramente por la Provincia y la Nación, incluyendo no solo los montos de los haberes por el ejercicio de la docencia –definidos en la paritaria de la actividad- sino también las bonificaciones vigentes al momento de que se firmara aquél acuerdo, incluida la que ahora la gestión de Arroyo dispuso reducir.

En el caso de que actualmente la bonificación no esté siendo financiada por la Provincia y la Nación, como sí sucede con el resto del componente salarial, eso sería toda una novedad.

Si en cambio el costo de pagar ese plus continúa siendo sostenido por las arcas provinciales y nacionales, no se comprende el empeño del Ejecutivo por aplicarle un recorte.

Es que esa medida no sólo provocaría que partir de ahora los docentes sufran una reducción en el monto de ese beneficio, vigente desde hace décadas.

También implicaría que la Municipalidad, para la cual el pago de la bonificación no representaría gasto alguno, dejara de percibir esos recursos de manera tal que no se beneficiaría con ningún tipo de ahorro.

En estas circunstancias no faltan aquellos que creen ver en el decreto firmado por el intendente Carlos Arroyo, aparentemente inspirado por Mourelle, un intento por generar un conflicto por el conflicto mismo en un área en la que parecía que, tras la salida de la ex secretaria de Educación, Ana María Crovetto, las aguas comenzaban a aquietarse.

El hecho de que, a partir del recorte de la bonificación, se comience a hablar de quién y cómo paga los sueldos de los docentes municipales es algo que inquieta.

Durante sus casi 10 años de vigencia, el convenio que consagró la subvención de los salarios docentes municipales nunca fue objetado por la Provincia, la Nación o por algún por organismo de control como el Tribunal de Cuentas.

De hecho fue perfeccionado con nuevos acuerdos, entre ellos uno que dispuso su mecanismo de actualización.

Desde entonces, con sus altibajos en los plazos de cumplimiento, el convenio aportó una solución crucial para que al municipio pudiera afrontar los costos de un sistema educativo propio, diferenciado por su calidad, de otros servicios educativos tanto públicos como privados.

La gestión del intendente Carlos Arroyo, quien cada vez que puede rehúye a la idea de provincializar el sistema, acaba de aportar la novedad de haber reabierto un debate que para la ciudad y su municipio, parecía saldado.

Hay quienes por estas horas intentan encontrarle al conflicto en curso alguna razonabilidad. Otros, en cambio, consideran que el Ejecutivo acaba de crearse un problema que como tantos otros no tiene ninguna lógica.