Los resultados del Sistema de Salud Argentino si se contrastan con la inversión son claramente malos. Numerosa bibliografía expresa que los resultados en términos sanitarios no son buenos y que ante la importante inversión económica realizada perdemos oportunidades de capitalizar socialmente lo invertido por el valor de
justicia social que la salud otorga. En la práctica nuestro modelo de atención no está centrado en los usuarios de los servicios y en sus demandas, sino que se orientan a
estructurar oferta y fundamentalmente a la recuperación de la enfermedad desde una mirada excesivamente medicalizada.

Lo mencionado se ha visto potenciado a modo de tormenta perfecta por los avances de la ciencia médica que ha añadido (y cada vez más) un paulatino y geométrico
aumento de los costos, que pone en riesgo de colapso a todo el sistema ante una situación que se torna inmanejable ya que cada vez es más difícil obtener el financiamiento, los recursos materiales o los profesionales competentes para
cumplir el objetivo de brindar servicios de salud de calidad, la que empieza a llegar exclusivamente a los estratos sociales con mayores ingresos. En palabras del Dr.
Ginés Gonzalez García “La salud de los pueblos tiende a mejorar pero la equidad en la distribución de esa salud no”.

Todo este universo genera situaciones de inequidad alarmantes en el acceso a los servicios sanitarios, inequidad que no es tolerable en un país que consagra la Salud
como un Derecho Humano. La sumatoria de estos factores no hace más que consolidar las causas y consecuencias de la Pobreza. La dificultad en acceder a Servicios de Salud contribuye de manera sustancial a esa realidad.

Es una verdad establecida que Trabajo, Salud y Educación son pilares fundamentales de la Justicia Social. Las políticas sanitarias de nuestro país han sido erráticas y muchas veces orientadas a resolver problemas polìticos o financieros y
no necesariamente los sanitarios. Pocas veces se tuvo en cuenta preceptos de gran valor como los marcados por Ramón Carrillo, Arturo Oñativia o Aldo Neri que
entendieron la necesidad de que la población tenga acceso apropiado a los Servicios de Salud en un entorno social de desarrollo que indefectiblemente también tenga las posibilidades de acceso a la Educación.

Excluídos los más vulnerables

Aunque nuestro país siempre ostentó el privilegio de contar con universalidad en el acceso a los Servicios de Salud, (capital que pocos países en América Latina poseían), esa accesibilidad fue paulatinamente afectada por la diferencia en la calidad de ese acceso ya que a mayor vulnerabilidad social menor posibilidad de contar con servicios de calidad ya fueran en tiempos, en recursos o en resultados y a esta altura de los acontecimientos ya ni siquiera se tiene acceso a algunos. Los avances que se han producido en los conocimientos médicos y en la biotecnología están quedando excluídos a los más vulnerables, que por otro son los que más se benefician. Se establece entonces, una pérdida de hecho de la condición de universalidad.

Empeora aún más el escenario si vemos que los gastos de bolsillo para salud generan empobrecimiento, y ese riesgo es de proporcionalidad mayor en la medida que el quintil de ingreso se deteriora.

“En el sector de la salud, la gestión de las políticas públicas implica no sólo la prestación directa de servicios, sino sobre todo actuar como garante de la
resolución de necesidades de la población, por sí mismo o por otros mecanismos que aseguren un ejercicio solidario de derechos ciudadanos reales”. Este concepto
definido en una publicación de la OPS/OMS en 2011 nos sirve para definir un contraste con la situación real en la que no se cumple la satisfacciòn del Derecho al acceso a los servicios de salud, ya que a pesar de disponerse de los recursos en la órbita estatal o privada, argumentos financieros/presupuestarios lo limitan.

Es hora de sentarnos a pensar la manera en que nuestro país hace las cosas en términos sanitarios porque la disminución de las condiciones de salud de nuestra
gente lleva de suyo a una reducción de la capacidad de producción y con ello empobrecimiento de la población, aumento de los requerimientos de apoyo social
desde el Estado y finalmente deterioro de la trama social. Es una opción política, porque la inversión económica en servicios de salud (si sumamos gastos de salud
pública, seguridad social y medicina privada) es más que suficiente. Mantener el status quo será garantizar el aumento de la pobreza y fundamentalmente de la estructural que es la que demora generaciones en ser resuelta.