Por Santiago Sivo (*)

La comunicación política tiene por objetivo generar consenso. Si ésta falla o no actúa bien, no existe tal efecto, y sin él, lo que queda al descubierto es una ineficiente o mala gestión. Ahora, ¿qué es el consenso? Es la búsqueda de acuerdos, reconociendo la existencia de grupos/sectores que operarán por fuera de éstos, tendiente a la aceptación social de las políticas de un gobierno por la mayor cantidad de ciudadanos posible (Riorda, 2020).

De la mano de este proceso de construcción de consenso viene la noción de legitimidad que puedan alcanzar las políticas públicas, es decir el nivel de aceptación e interiorización de éstas por parte de los ciudadanos y la comunidad política. Algunos elementos fundamentales para la concreción del objetivo son la transparencia y la coherencia.

El primer concepto refiere a la accesibilidad de la información vinculada a la gestión pública; el segundo, a la vinculación lógica entre opiniones y acciones a lo largo de un período de tiempo, a la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Ambos influyen de manera directa en la credibilidad y la confianza que será, potencialmente, depositada en el gobierno.

Cuando la comunicación gubernamental es coherente, ordenada y transparente, las posibilidades de alcanzar consensos son mayores, debido en parte a la construcción de una relación de confianza entre el gobierno y la ciudadanía. De esta forma, las políticas públicas podrían alcanzar mayores niveles de aceptación y las opiniones contrarias tendrían “menos espacio” para irrumpir en la escena pública y/o determinar la agenda, y erosionar la imagen simbólica de la administración gubernamental.

Pero ¿qué sucede cuando existe una disonancia marcada entre lo que se dice y lo que se hace? O, incluso, ¿entre lo que dicen distintos miembros del mismo gobierno? asistiremos entonces a un escenario en el cual, en primera instancia, se verá seriamente afectada la credibilidad del emisor del mensaje, en este caso el gobierno: “¿cómo me van a pedir que haga esto, si ayer me decían otra cosa? ¿Cómo me van a exigir tal cosa, si a ellos no les exigieron los mismo?, etc.

En segundo lugar, y casi de forma simultánea, la confianza en el gobierno decrecerá. Y, por último, la posibilidad de generar acuerdos/consensos se verá reducida, habida cuenta del auge de opiniones disidentes. De esta forma, las posibilidades de un gobierno para “maniobrar” en dicho escenario se ven acotadas y su agenda pasa a estar supeditada a los reclamos y demandas de una multiplicidad de sectores, a los cuales se intentará contener a los fines de reencauzar la situación, pero con el riesgo de quedar “corriendo desde atrás” a los problemas en vez de anticiparlos y actuar de forma preventiva. Sin embargo, también juegan un papel importante otros elementos, que llamaremos “factores condicionantes de la penetración del mensaje”, en otras palabras, elementos que dificultan la recepción de la comunicación gubernamental y su objetivo último de generar consenso en torno a sus políticas públicas.

Algunos de ellos son:

• La fragmentación social.

• El fenómeno de la “posverdad”, donde las emociones “pesan demasiado”, se dificultan los consensos y los datos científicos “no son tan importantes”. Los “casos particulares” ganan lugar frente a la evidencia científica.

• La “ajenidad del Estado”, la sensación de lejanía entre las instituciones y la ciudadanía. Se percibe al Estado como un “otro” que viene a imponer restricciones.

•Los fenómenos de “infodemia” e “infoxicación”, es decir la sobreabundancia de información, a veces veraz y otras no, que provoca una incapacidad para su procesamiento.

• El posicionamiento político-ideológico, que actúa como barrera o filtro de nuestra percepción de la realidad e información.

Todos estos factores contribuyen a una menor percepción del riesgo, a desacreditar determinadas políticas encaradas por el gobierno, a la generación de climas “anti”, entre otras cuestiones. Los problemas comunicacionales del gobierno actúan de manera sinérgica con estos factores latentes en la sociedad, o sociedades, ya que podemos reconocerlos al volcar la mirada sobre otros países, complicando aún más la tarea de la administración nacional en esta situación. En este contexto, la necesidad de ser coherentes y transparentes es de vital importancia para el control de la situación por parte del gobierno, pero también lo es tener en cuenta los distintos factores que influirán en la posibilidad de construir una comunicación gubernamental efectiva.

El panorama está complicándose. La situación requiere medidas, pero el gobierno, aunque parezca tarde, debe empezar a ordenar su comunicación. En otras palabras, su gestión. En esa línea algunos elementos a tener en consideración:

• No anunciar lo que se va a anunciar, ni establecer anuncios con exceso de antelación, en orden de evitar especulaciones que entorpezcan la comunicación gobierno-ciudadanía.

• Transparencia total.

• “Enseñar”: explicar lo que se va a hacer y por qué.

• Coherencia entre lo que se hace y se dice. Es decir, predicar con el ejemplo.

• Simplificación de la información: el público, al estar preocupado/estresado, tolera menos la complejidad. Se debe procurar ser claro y directo.

• No realizar promesas vacías, que no se puedan cumplir y quedar “preso de las propias palabras”.

• Actualización periódica de la información.

• Coordinación de la comunicación gubernamental. El desafío radica en dotar de legitimidad a las medidas que se vayan disponiendo en aras de controlar el rebrote de la pandemia, de lograr su aprobación y acatamiento por parte de la mayoría de la ciudadanía. Parece difícil, porque lo es, pero no imposible.

(*) Lic. en Sociología. Maestrando en Comunicación Política. Consultor en Comunicación Política