Un joven de 21 años que cuando era menor de edad integró una banda de neonazis condenada por amenazar y golpear a militantes del colectivo Lgbtiq+ ingresó a la Escuela de Policía y el hecho, denunciado por la Correpi, desató la polémica.

Se trata de Marcos Caputo, quien en 2018 fue uno de los siete condenados por la Justicia Federal en el marco de una causa por la conformación de una organización “con una ideología totalitaria, violenta y racista”. Como cuando ocurrieron los hechos investigados el ahora estudiante de policía era menor, no quedaron registrados  oficialmente sus antecedentes.

Esa fue la explicación que obtuvo LA CAPITAL de las fuentes consultadas, en el marco de la controversia que surgió a raíz de la denuncia de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional).

Vale recordar que la sentencia de Caputo no incluyó la prisión efectiva, como sí ocurrió con los otros seis condenados. Eso hizo que el joven pudiera inscribirse, luego de conocido el fallo, en la Escuela de Policía “Juan Vucetich”, a la que ingresó en 2019, donde actualmente se desempeña como suboficial ayudante.

Inclusive, los instructores judiciales que intervinieron en la investigación del caso manifestaron a este medio que, respecto de Caputo, el Tribunal Oral Federal Nº 1 dictó una sentencia en la cual su condena dependía de la realización de distintos cursos y tratamientos de Responsabilidad Legal. Si el joven se sometía a los mismos, que le permitirían conforme establecieron los magistrados una posible resocialización, su condena quedaba sin efecto, lo que finalmente terminó por ocurrir.

Para la Correpi, la decisión de aceptarlo en la fuerza no fue un error ni un descuido, sino más bien “una decisión política”, lo cual fue desmentido absolutamente por fuentes policiales que consultó LA CAPITAL.

“Falla el sistema. Al tratarse de una persona que fue condenada por hechos que cometió cuando era menor, por ley, no quedan registrados los antecedentes. Cuando se inscribió no se presentaron ni aparecieron impedimentos por eso. Es un problema que que se debería resolver con la intervención de la Justicia”, dijo un informante de la fuerza en diálogo con este medio.

A la vez, dejó entrever que es verdad que existe una polémica por la inclusión de Caputo en la Policía Bonaerense como así también resulta contradictoria la posición de los organismos de Derechos Humanos respecto de la resocialización de determinados jóvenes que cometieron delitos cuando eran menores. “Más allá de esto, y del error del sistema que evidentemente puede existir, parece que algunas personas que fueron autoras de hechos delictivos cuando eran adolescentes tienen derecho a la resocialización y otras no, según cada caso y la ideología con la que se lo analice”, protestó la misma fuente.

El fallo

El fallo contra la banda de neonazis que existió años atrás en Mar del Plata se conoció en mayo de 2018, cuando el Tribunal Oral Federal N°1 dictó penas de hasta 9 años y 6 meses de prisión a siete jóvenes a quienes consideró autores de  violentos ataques basados en consignas de ideología nazi, de odio, discriminación y superioridad racial.

Los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Bernardo Bibel resolvieron de manera unánime aplicar una pena de 9 años y 6 meses a Oleksandr Levchenko; 9 años a Alan Olea y a Gonzalo Paniagua; 8 años y 6 meses a Nicolás Caputo; 5 años y 6 meses a Giuliano Spagnolo; 4 años y 6 meses a Franco Pozas y 2 años de tratamiento tutelar a Marcos Caputo.

En tanto, Giardono Spagnolo fue absuelto al no quedar comprobada su participación en la agrupación de bandera neonazi y no haber estado involucrado en los ataques ocurridos contra personas de la comunidad trans, defensores de la igualdad de género y militantes políticos y sociales entre octubre de 2013 y febrero de 2016. En una de esas oportunidades, los incriminados llegaron a golpear con caños de PVC rellenos de cemento a los militantes del colectivo Lgbtiq+.

En el caso de Caputo, que en 2018 tenía 19 años y al momento de los hechos investigados era un adolescente, fue sentenciado a someterse a dos años de un tratamiento de Responsabilidad legal por formar parte de una agrupación destinada a imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor, en concurso ideal por pertenecer a una organización y realizar propaganda basada en teorías o ideas de superioridad de una raza, religión o grupo étnico, en concurso real con lesiones graves por haber sido cometidos con persecución, odio, a una raza.