Desde el Departamento Ejecutivo local trabajan intensamente para intentar aplicar el sistema de fotomultas en Mar del Plata, antes de la próxima temporada. El proyecto ya se encuentra en el Concejo Deliberante, mereciendo críticas desde sectores de la oposición.

La Universidad Tecnológica Nacional de La Plata -envuelta en estas horas en algunas controversias judiciales- brindará todo el equipamiento tecnológico a cambio del 40 por ciento de la recaudación, lo cual es considerado excesivo desde el bloque de Acción Marplatense, cuyos representantes recordaron que durante la gestión anterior estaba en marcha una licitación pública con una rentabilidad que no superaba el 16 por ciento.

El secretario de Gobierno de la comuna, Alejandro Vicente, visitó ayer la comisión de Transporte y Tránsito del Concejo para brindar detalles de la iniciativa, aunque desde distintos bloques se solicitaron informes específicos antes de avanzar con el tratamiento.

El proyecto contempla la instalación de 24 equipos de control de violación de luz roja y senda peatonal en semáforos, 24 cinemómetros fijos para control de carriles variables 6 cinemómetros móviles para montaje en vehículos municipales y 40 equipos simuladores de control de semáforos o exceso de velocidad, en una primera etapa.

Se indicó que los fondos obtenidos por las fotomultas se repartirán de la siguiente forma: 40% al municipio, 40% a la UTN y 20% a las arcas provinciales.

Según el proyecto, en cuanto al sistema de multas, “se imposibilitará la obtención de la licencia de conducir a cualquier ciudadano que tuviera infracciones pendientes de pago o resolución”.

Del 16 al 40 por ciento

“Las dos empresas que habían presentado ofertas en el marco de la licitación pública que estaba en marcha lo hacían con una rentabilidad que no superaba el 16%. Ahora le darán a la misma empresa más del 40% de lo recaudado”, señaló el concejal de Acción Marplatense Marcelo Fernández quien añadió que “llama la atención que el Estado municipal aborte un proceso licitatorio público, que había recibido dos ofertas que estaban siendo analizadas por la Comisión Evaluadora que no la integra ningún funcionario político, y en el cual, habían intervenido funcionarios de carrera municipal para impulsar una contratación directa disfrazada de convenio con la UTN”.

“Lo interesante para destacar es que la rentabilidad empresarial que habían propuesto las empresas participantes, en ningún momento superaba el 16%, cuando ahora el convenio que el intendente Arroyo elevó al Concejo pretende darle a uno de los dos oferentes mediante una contratación directa el 40% de lo recaudado”, sostuvo Marcelo Fernández.

Y agregó que otro tema que “nos pone en alerta es que la implementación del sistema impulsado por la UTN está siendo investigado por la Justicia bajo sospecha de que se trata de una fachada que se utiliza de manera ilegal para evitar los procesos licitatorios”.