Ni la conmoción mundial por el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos sacó de eje a los obispos argentinos, por lo en la asamblea plenaria ratificaron la preocupación de la Iglesia por tres temas de la realidad nacional: pobreza, narcotráfico, reconciliación.

Aunque estos fueron los puntos clave, durante el debate episcopal de esta semana surgieron otras cuestiones coyunturales que preocupan: la situación “difícil y compleja” del sistema carcelario, las expresiones xenófobas contra los migrantes, y los problemas ambientales derivados por el calentamiento global, la minería y la técnica de extracción de hidrocarburos conocida como fracking.

El presidente del Episcopado, monseñor José María Arancedo, fue quien sostuvo la posición eclesiástica, al advertir que la situación social en el país “sigue siendo difícil”, alertar sobre las secuelas de destrucción y muerte que deja “el flagelo” del narcotráfico, y realizar un nuevo llamado a la reconciliación de los argentinos.

El ojo eclesiástico estuvo puesto también en el debate suscitado por el reclamo de los movimientos populares para que se declare por un año la “emergencia social” en el país. Un proyecto que incomoda a los residentes de la Casa Rosada, donde ya se habla de la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri lo vete si se convierte en ley.

La iniciativa, aprobada en un plenario de comisiones del Senado y que se intentará llevar al recinto antes de fin de año, impulsa la creación de un Salario Social Complementario (SSC) para los trabajadores informales. Propone también que la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo tengan un incremento del 15 por ciento para compensar la inflación.

El proyecto legislativo, que unifica la posición de distintos partidos de la oposición, tiene su génesis en una propuesta del abogado Juan Grabois, asesor del papa Francisco y fundador de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), por lo que sus promotores aseguraron que tiene “la bendición” del pontífice.

En este contexto, los obispos evaluaron como un “síntoma preocupante” que el Gobierno haya decidido postergar hasta el 21 de noviembre la nueva reunión de la mesa del diálogo social, instancia que debe avanzar en respuestas concretas al reclamo de gremios y organizaciones de base, para evitar un fin de año conflictivo.

“Cuando el hambre entra en vigencia no da tregua, por lo que no se puede pedir a los pobres que esperen. Cuando los problemas sociales son graves y, urgentes, las respuestas también deben serlo”, dijo a DyN un obispo que participó del plenario episcopal.

La Iglesia logró también esta semana volver a poner en la agenda el tema de la necesidad de profundizar las acciones para combatir el narcotráfico y de instrumentar políticas públicas para erradicar el consumo de drogas.

Lo hizo a través de la Comisión Nacional de Pastoral sobre Drogadependencias, que coordina el sacerdote José María “Pepe” Di Paola, que el domingo le reclamó a las autoridades la pronta declaración de la “emergencia nacional de adicciones” para evitar más muertes de jóvenes por el consumo de estupefacientes.

El responsable del Sedronar, Roberto Moro, reaccionó de inmediato y convocó este jueves al sacerdote a su despacho, delante de quien se comprometió, junto a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, a desarrollar un trabajo articulado con las organizaciones eclesiásticas que abordan el consumo problemático de drogas y alcohol en los barrios.

DyN.