Un grupo especializado en investigación de la corrupción de la Policía Federal detectó irregularidades en el procedimiento mediante el cual el ex intendente Carlos Arroyo otorgó autorizaciones para realizar un boliche en un estacionamiento de Playa Grande.

Vale recordar que antes de dejar el cargo, el intendente Carlos Arroyo autorizó a Playa Azul SA, concesionaria del estacionamiento de Playa Grande, a establecer un boliche en el lugar. Y la forma en la que lo hizo eludió, según lo que investiga el fiscal David Bruna, los procesos de control del municipio.

Ante la complejidad del expediente de llamado a licitación pública por el Estacionamiento Playa Grande -en el que se incluyen los detalles del acuerdo- y la necesidad de un soporte de mayor especialización, el 30 de junio pasado el fiscal Bruna, uno de los titulares de la Fiscalía de Delitos Económicos de Mar del Plata, solicitó que la Unidad
Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal lo analizara de manera pormenorizada.

Pidió el apoyo el fiscal “en relación a la causa en la que se investiga el acuerdo transaccional firmado por la comuna con la firma Playa Azul SA, concesionaria de las cocheras de Playa Grande, a través de la cual a cambio de la realización de una serie de obras, se la autorizaba a habilitar un boliche bailable en ese espacio, lo cual generó una serie de polémicas y medidas previas encaradas por el resto de los concesionarios de ese sector”.

Al cabo de un informe de 26 fojas, la Unidad Investigativa concluyó que se reconocen varios de los puntos ya cuestionados del accionar de la gestión de Arroyo. Algunas de las directivas del fiscal Bruna no pudieron ser cumplidas por carecer los policías de la documentación apropiada, por ello sugirieron obtenerla por medio de orden judicial, como por ejemplo otros expedientes transaccionales. Esto obedece a que Arroyo, en su afán de igualar todos los expedientes, incluso aquellos que nada tienen que ver con el objeto analizado en esta causa penal, quiso incorporarlos. Por eso es que los policías le pidieron al fiscal que los consiga a los efectos de hacer una simple comparación que descarte ese intento de Arroyo.

También el grupo especializado en investigación contra la corrupción solicitó al fiscal Bruna que se requiera al municipio, más precisamente al Concejo Deliberante, “si existe alguna normativa en la que se delimitan las funciones y atribuciones de dicho cuerpo legislativo para saber si en el caso de Playa Azul SA tenía la obligación de pronunciarse a los efectos de aprobar o denegar la petición de obras con el fin de ampliar el objeto de la explotación”.

“Lo solicitado -agrega con claridad- contribuiría a sostener la imputación de abuso de autoridad sobre el ex intendente Arroyo, a fin de determinar si existió o no contrariedad en la resolución con la norma violada, en tanto que si bien el acto podría encontrarse dentro de las facultades conferidas al funcionario, en el caso particular los supuestos fácticos que autorizan su su ejercicio estarían ausentes (el presunto pronunciamiento previo de HCD)”.

En otro pasaje los policías dicen sobre la división de poderes “nociones éstas que, pese a ser básicas de la Teoría del Estado y del Derecho Constitucional, parecen no ser tenidas en cuenta como apoyatura argumental del ex intendente Arroyo en relación al acuerdo transaccional firmado con Playa Azul SA”.