Por Ramiro Melucci

Carlos Katz, el presidente de Obras Sanitarias, se lo dijo a los concejales hace cerca de un año: la inflación desmedida le genera a la empresa un desfasaje cada vez mayor entre los ingresos y los gastos. El déficit de este año llegó a $ 1.300 millones. Los combustibles, la energía eléctrica, los elementos químicos, los caños y las válvulas que necesita para brindar el servicio superaron el porcentaje inflacionario y dejaron muy atrás el 80% de incremento tarifario que le otorgó el Concejo Deliberante para 2023, con un 20% adicional para los últimos meses.

La empresa sanitaria municipal adeuda pagos a proveedores o paga en forma diferida. Hasta el momento le otorgó al personal un incremento de 110%, que se queda corto con la inflación de casi 200% que se proyecta para el final del año y que obligará a fijar un nuevo aumento salarial.

Urgida ante el escenario adverso, OSSE presentó formalmente un pedido para que el Concejo la autorice a aumentar un 142,7% (el porcentaje de inflación interanual entre octubre de 2022 y octubre de 2023) en enero y febrero. Argumentó que ni “con la recaudación alcanzando los objetivos” ni con “un fuerte ajuste del gasto” fue posible evitar el déficit. E hizo notar “la poca agilidad de la tasa para adaptarse a las situaciones del país”.

La presentación busca anticiparse al tratamiento del presupuesto, que establecerá la tarifa y que ni siquiera ingresó al Concejo. Para que la empresa pueda imprimir sus facturas de enero y febrero con el aumento tampoco hay tiempo para una sesión: el oficialismo se prepara para habilitarlo mañana, en la Comisión de Labor Deliberativa, la que reúne a los presidentes de bloque. En OSSE lo tomarán como un alivio, no como una solución definitiva.

La empresa sanitaria municipal adeuda pagos a proveedores o paga en forma diferida. Hasta el momento le otorgó a los empleados un incremento de 110%, que se queda corto con la inflación de casi 200%

El plan para evitar los desfasajes financieros, para otorgarle a la tarifa la “agilidad” reclamada, estará contemplado en el próximo Reglamento General del Servicio Sanitario, un complemento de cada presupuesto de OSSE. Planteará que los aumentos, en lugar de ser considerados una vez por año, se automaticen de acuerdo con la evolución de un coeficiente de costos de la empresa, denominado “coeficiente C”, que en términos generales sigue el ritmo de la inflación.

De aprobarse el esquema (esta vez el oficialismo cuenta con mayoría propia), OSSE efectuaría incrementos bimestrales: por una cuestión de organización, impresión y distribución de boletas, no podría hacerlo con mayor frecuencia. “La propuesta de ajustes graduales para evitar desfasajes a fin de año es nuestra gran apuesta”, aseguran en la empresa. El objetivo es evitar el incordio de explicar, una vez por año, por qué es necesario un fuerte aumento de tarifa, como sucederá en lo inmediato, con la suba de más del 140%.

En paralelo, las autoridades de OSSE buscarán que este sea el último año que la empresa oficie de agente de cobro de la tasa Girsu, que incrementa los montos de cada factura y no forma parte del servicio de agua, cloaca y mantenimiento de pluviales que presta, sino de la gestión integral de los residuos a cargo del Emsur. “Hay un compromiso de los funcionarios municipales de evaluar el traspaso”, juran. Es, a decir verdad, un compromiso que se inició poco después de que Gustavo Pulti decidiera que la Girsu figurase en la factura de OSSE por su mayor porcentaje de cobrabilidad, y que desde entonces ha atravesado las distintas gestiones.

Los funcionarios de Montenegro lanzaron advertencias sobre el impacto del ajuste, sin cuestionar al gobierno de Milei.

Los aumentos del municipio serán noticia en los próximos días no sólo por OSSE. El gobierno municipal está definiendo los detalles del presupuesto 2024, que a tono con la realidad también contendrá una fuerte suba de tasas. Cerca del intendente recuerdan los lejos que quedó el 73% de aumento de este año de la inflación acumulada. Preparan el terreno para el sacudón.

En un contexto de achique, los municipales acaban de sentarse con el Ejecutivo para solicitar un nuevo incremento salarial. Como las subas de tasas, los sueldos también quedaron retrasados. Esperan para el martes –el mismo día en que debe presentarse el presupuesto tras la nueva prórroga– una respuesta de la comuna.

De momento, la administración de Montenegro mira las medidas del gobierno de Javier Milei sin emitir dictamen. Sus principales funcionarios advirtieron las dificultades que se presentarán este año por la falta de fondos, pero no se adentraron en cuestionamientos al Gobierno nacional. Todavía resta observar la dimensión del impacto en la obra pública y la asistencia social. Habrá que ver, además, si se cumple el convenio por el que la Nación (también la Provincia) envía fondos para el sistema educativo municipal.

La oposición local tampoco arremete contra Milei. En una táctica que excede a la dirigencia marplatense, los derrotados del balotaje optaron por dejar que gobierne el que fue elegido para gobernar. El único que se desmarca de la estrategia y aprovecha el vacío es Pulti. “No podemos mantenernos en silencio –clamó–. Tenemos la obligación de asumir nuestra responsabilidad”. Fue luego de iniciar una ronda de encuentros con sectores de la industria, la producción y los servicios, y de alertar sobre el “efecto brutal” de las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Todavía resta observar la dimensión del impacto en la obra pública y la asistencia social. Habrá que ver, además, si se cumple el convenio por el que la Nación envía fondos para el sistema educativo municipal.

El lugarteniente del intendente en la Legislatura bonaerense, Alejandro Rabinovich, puso la mira en otro objetivo. Se enteró por el Boletín Oficial bonaerense que el gobierno de Alberto Fernández, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), pocos días antes de irse le cedió al de Axel Kicillof el predio más famoso de El Marquesado: el que este año quedó en el centro de la polémica porque había sido cedido para un proyecto agroecológico a una agrupación ligada a Juan Grabois.

Tras la revelación de Rabinovich en tono de denuncia, la Provincia –que según el expediente fue la que solicitó las tierras– reaccionó en silencio. Según la versión que dan en el municipio, desde el Gobierno bonaerense se comunicaron para explicar que la cesión había sido incorporada junto a otras de la AABE en la maraña del cambio de autoridades, y que la intención no fue reinstalar la controversia. “Les creemos”, dicen en el municipio como quien acepta una disculpa. Pero sobre todo quieren creer en una promesa: “También nos dijeron que no le van a entregar las tierras a Grabois”.

Por el asunto hubo contactos con el gobierno de Milei, al que el municipio le solicitó la anulación de la cesión a la Provincia. Resta definir si es factible. De lo contrario, quedará la opción de que la Provincia y la Municipalidad se sienten a dialogar sobre el futuro de los terrenos. Si, como dicen, pretenden llevarse mejor, por algo tendrán que empezar.