El bloque de Unión por la Patria del Concejo Deliberante presentó un proyecto de ordenanza para que se vuelva a declarar la emergencia por violencia de género en el partido.

La bancada opositora advirtió sobre un “aumento” de los casos que tienen como víctimas a “mujeres y diversidades” en General Pueyrredon y mencionó “la necesidad de contar con herramientas específicas para trabajar” en su “prevención y erradicación”.

La iniciativa, impulsada por la concejala Valeria Crespo, recuerda que en el país rige la ley 26485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, que implicó un cambio de paradigma al incorporar la idea de “protección integral” y ser de aplicación en todo el territorio.

En su artículo 4°, la ley define que “se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el espacio analógico o digital, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial”.

Además, se considera violencia indirecta “toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”.

Conforme surge del registro de Violencia Familiar de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, cada año ha ido creciendo la cantidad de denuncias recibidas en los Juzgados de Familia del Departamento
Judicial de Mar del Plata. En 2020 fueron iniciadas 7.104 causas; en 2021, 8.523 y en 2022 –último dato disponible–, 9.856.

La primera emergencia por violencia de género se aprobó en Mar del Plata en junio de 2016. Había sido impulsada por la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola. Desde entonces fue prorrogada, pero hoy está vencida.

El objetivo de la emergencia es “generar espacios psicoterapéuticos, psicosocioeducativos, recreativos y de
desarrollo personal –tanto en los centros de salud, como en instituciones educativas y de infancia y adolescencias– dirigidos a revertir prácticas discriminatorias y/o violentas hacia las mujeres y diversidades, a fin de desarrollar
formas de sociabilidad basadas en el respeto y la responsabilidad afectiva”.

También “promover campañas integrales de difusión” y “una agenda de sensibilización acerca de las paternidades activas y las prácticas de cuidado y autocuidado en varones”.

El proyecto promueve la continuidad del régimen de asignaciones económicas temporales que se otorga a las personas en situación de violencia por motivos de género y diversidad. El monto “será el equivalente al cien por ciento del haber mínimo jubilatorio nominal determinado por la Anses por un plazo mínimo de seis meses renovable por seis meses más, priorizando la metodología de pago por depósito directo en la cuenta bancaria de las mujeres y disidencias beneficiarias”.

También se debería “garantizar la cantidad necesaria de dispositivos de alertas (botones antipánico)” y “gestionar los dispositivos duales para mujeres y disidencias en situación de violencia, de manera tal que su entrega sea inmediata a la solicitud realizada por la persona en situación de violencia”.

Además, la ordenanza establecería la necesidad de “continuar las obras de ampliación y puesta en valor del Hogar Dra. Gloria Galé y concluir la totalidad de la obra de la Casa de Medio Camino, destinada a favorecer la autonomía progresiva de las personas en situación de violencia por motivos de género y diversidad”. Así como la obligatoriedad de “garantizar otro tipo de alojamiento” llegado el caso de que esos sitios tengan su capacidad completa.