Una organización que se dedicaba al narcotráfico y fue desarticulada cuando le llegó un cargamento con 60 kilogramos de marihuana ocultos en un vehículo podría ir a juicio oral si prospera el pedido del fiscal federal general, Daniel Adler.

Además del delito de narcotráfico también a alguno de los miembros de la denominada “banda de Cato” se les imputa el delito de lavado de activos, ya que la droga era “transformada en automóviles”.

Las escuchas obtenidas en medio de un secuestro extorsivo abrieron una investigación sobre comercialización de estupefacientes que con el correr de los meses encontró lazos con distintas causas de narcocriminalidad de Mar del Plata y la zona.

Las tareas investigativas que llevó adelante la Policía Federal – dirigidas por el subcomisario José Pérez de Drogas Peligrosas de PFA en esa ciudad-, sumadas a las escuchas y numerosos informes de organismos estatales y entidades privadas permitieron desbaratar, en febrero de 2018, a una organización narco internacional que recibía grandes cantidades de droga del exterior, la fraccionaba y comercializaba, y las ganancias ilícitas que obtenía las volcaba a la compra de vehículos y viviendas.

“Este caso demuestra cómo un grupo de personas organizado pudo mantener durante mucho tiempo una estructura de comercialización que incluía la importación del material estupefaciente, su distribución, venta y posterior lavado de activos: la marihuana era convertida en automóviles”, sostuvo Adler al referirse al caso.

Los lazos familiares y de cercanía de los dos principales sospechosos -y cuñados entre sí-, Carlos Esteban “Cato” Giménez y Daniel Domeika permitieron dar con el resto de los integrantes de la organización que actuó entre 2014 y 2018 en la ciudad, y tenía como epicentro al barrio Las Heras.

El 27 de febrero de 2018 los efectivos de la Policía Federal Argentina que tenían intervenida la línea de Giménez escucharon que estaba a la espera de un cargamento de estupefacientes que llevaba desde la Ciudad de Buenos Aires. Con la orden judicial dictada, se allanó una vivienda ubicada en la calle Génova bis entre Pehuajó y Udine bis: el resultado fue el secuestro de casi 60 kilos de marihuana y 500 gramos de cocaína, armas de fuego, más de 400 mil pesos, una balanza, diez automóviles y una moto, entre otros elementos de interés para la investigación. Además, se encontraron dos armas, una pistola 9mm y un revólver calibre 38, por las que quedaron imputados dos miembros de la banda, por tenencia ilegal de arma de guerra.

Al día siguiente, se allanaron todas las viviendas de los investigados e investigadas y se secuestró gran cantidad de automotores, documentación vehicular, sustancia de estiramiento y dinero en efectivo.
Con toda la prueba reunida a partir de la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal N°2 y la intervención del juez federal Santiago Inchausti, y con la pesquisa, once integrantes de la banda –aunque llegarían 10 a juicio por el fallecimiento de uno de los proveedores de droga- fueron procesados, la mayoría por el delito de comercialización y distribución de sustancia estupefaciente –que recibían de distintos proveedores, fraccionaban y almacenaban- en Mar del Plata y zonas aledañas, desarrollando una red de líneas y puntos de venta.

El dinero que obtenían de la venta de droga era resguardado en vehículos y propiedades; incluso, utilizaban rodados como moneda de cambio.

El avance de la pesquisa logró determinar que el beneficio económico del tráfico de drogas se introdujo efectivamente en el mercado por medio de la compra de bienes muebles, mayormente automotores, que eran utilizados para el transporte, acopio y pago de estupefacientes, lo que les permitía reinvertir en las maniobras de narcotráfico. También compraron bienes inmuebles, que tenían de forma indistinta los miembros de la organización, y que se usaban para recibir, acopiar y distribuir la droga.

Más allá de las pantallas comerciales que tenían con un corralón de materiales para la construcción y un kiosco, ambos ubicados en el predio de Génova al 8500, y la agencia informal de autos que funcionaba en Avenida Polonia al 400, sus integrantes no poseían actividad comercial/profesional lícita –a excepción de dos de ellos que estaban inscriptos en Bienes Personales y Monotributo ante AFIP- que justifique el patrimonio detectado durante la investigación: se estimó que tenían cerca de 670 mil pesos de dinero en efectivo, 52 automóviles, 3 motos, la documentación que acredita la posesión de al menos otros diez autos y una decena de inmuebles.

Siete de los acusados, todos de nacionalidad argentina, están procesados por el delito de lavado de activos, agravado por ser realizado con habitualidad y como miembros de una asociación o banda conformada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza, en carácter de coautores y en los términos establecidos por los artículos 303 incisos 1 y 2 a), y 45 del Código Penal. En tanto, para la mujer de nacionalidad boliviana que está acusada de ser proveedora de la banda, el delito fue calificado como lavado de activos en su figura atenuada.

Los roles de la organización

Para Adler, Cato Giménez –quien era el principal encargado de la organización- y Domeika, con quien tenía un estrecho vínculo más allá de ser cuñados, tuvieron roles activos en las actividades que posibilitaron el comercio de estupefacientes, y el lavado de activos de bienes provenientes del narcotráfico, principalmente mediante la adquisición de automotores e inmuebles de manera ilegítima o informal.

También quedaron implicados el padre de Giménez, Raúl, y sus dos hermanos, Ricardo y Jeremías Giménez. Según la pesquisa, Raúl simulaba dedicarse a la venta de materiales de construcción en un negocio situado en Génova al 8500, que habría servido para ocultar la actividad delictiva desplegada por la banda.

La droga había sido escondida dentro la carrocería de la camioneta BMW.

Allí se ocultaban los autos que eran utilizados como “moneda de cambio” en el comercio de estupefacientes. Ricardo, por su parte, de acuerdo siempre a la hipótesis fiscal, tenía como función ingresar la droga al país, proveer los autos e introducir al mercado los rodados recibidos como parte de pago del comercio de estupefacientes. En tanto Jeremías también se desempeñaba en el corralón.

Ángel Brecciarolli, por su parte, de acuerdo a la acusación fiscal, estuvo en la vivienda de calle Génova donde se realizó el primer allanamiento y hallazgo de la droga, y colaboraba también con la actividad del cuidado de vehículos: en su domicilio se secuestraron 10 autos. Gabriela Menna es pareja de Ricardo Giménez, y en su rol de gestora de automotores desempeñó un rol determinante para realizar operaciones comerciales con automóviles -a nombre propio y a favor de terceros- que permitieron la concreción de diversas operaciones comerciales, muchas de manera informal, dado que se trataba de vehículos producto del tráfico de estupefacientes.

Mariana Yarit Rueda Sánchez, junto con su pareja Claudio Marcelo Roldan –quien fue sobreseído luego de su fallecimiento-, era una de las proveedoras de material estupefaciente que traía desde la Ciudad de Buenos Aires, según el MPF.

Los otros proveedores eran los ciudadanos paraguayos Luis Fernando Núñez Ayala y Ángel Custodio Núñez Martínez –quienes junto a Ángel Custodio Mello Alfonso, que se encuentra prófugo de la Justicia- llevaron la sustancia marihuana hasta la vivienda de la calle Génova el día del allanamiento de febrero de 2018.

A su vez, el entrecruzamiento de datos permitió determinar que la banda mantenía vínculos con otros grupos dedicados al narcotráfico en la ciudad, como el grupo “Binot”, por medio de conversaciones de Giménez con la hija y nieta de Horacio y Oscar Binot –ambos detenidos por causas de narcocriminalidad-; Juan Manuel Mariscal –quien fue condenado en 2014 a 7 años de prisión- y sus allegados; e incluso con el grupo “Esteban”, cuyo líder fue detenido en febrero de 2019 luego de profugarse de la Justicia, a tal punto que Ricardo Giménez junto a los Esteban registraron una salida del país en abril de 2015 desde el cruce Paso de los Libres con destino a Brasil en un transporte de carga, regresando al país apenas una hora después, sin quedar registrado el medio utilizado para su reingreso.