La Fiscalía de Delitos Económicos Nº10 solicitó que la Justicia Federal investigue al intendente Carlos Arroyo y a varios integrantes de su gabinete, entre ellos del secretario de Economía, Hernán Mourelle, por la presunta violación a la Ley Penal Tributaria con motivo de la retención indebida de los aportes  que la comuna debe realizar a las obras sociales a las que se encuentran afiliados sus trabajadores.

El planteo, realizado por los fiscales Carlos Bruna y Roberto Pizzo, abre la posibilidad de que a partir de ahora los funcionarios deban afrontar un nuevo proceso judicial, adicional al que ya vienen siendo sometidos en los Tribunales de la Provincia de Buenos Aires.

Ambos fiscales intervienen en una causa promovida por el presidente de la Obra Mutual Asistencial (OAM), Rubén Pili, quien a comienzos de este año denunció al intendente Carlos Arroyo y a varios de sus funcionarios por incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de fondos y administración fraudulenta.

La denuncia se inició luego de que, tras realizar varios reclamos, OAM no encontrara respuesta a sus planteos para que la comuna cancelara una deuda millonaria, que en aquél momento, ascendía a unos 22 millones de pesos, según había asegurado el propio Pili.

Frente a ese reclamo, el 25 de enero el intendente Arroyo y Mourelle brindaron una conferencia de prensa en la que pretendieron desmentir las acusaciones de la entidad, no obstante lo cual, el secretario de Economía admitió la existencia de una significativa deuda, tanto con OAM como con otras obras sociales.

A partir de entonces la Fiscalía de Delitos Económicos comenzó a reunir testimonios y numerosa documentación.

Tras evaluar esos elementos los fiscales consideraron no sólo estar ante los delitos originalmente denunciados por la obra social.

De acuerdo a su criterio, también existen elementos para presumir que al retener indebidamente los aportes, los funcionarios también habrían violado la Ley Penal Tributaria por lo que en ese caso resulta necesario derivar parte de las actuaciones a la Justicia Federal.

“Estamos ante funcionarios confesos” le explicó a LA CAPITAL el abogado Cesar Sivo, quien representa a OAM, ya que -según explicó- en la conferencia de prensa realizada en el mes de enero tanto el jefe comunal como su secretario de Economía “reconocieron públicamente que no pagan lo que deben“.

Según dijo, a través de la investigación desarrollada hasta el momento y en base a las declaraciones realizadas por los propios funcionarios, existen elementos para sospechar que “se ha cometido un delito tributario“, que por su naturaleza, “debe ser investigado por la Justicia Federal”.

Por ese motivo los fiscales emitieron un dictamen dirigido al juez de Garantías que interviene en la causa original, Daniel De Marco, para que “decline su competencia” en ese aspecto.

“Nuestra parte va a apoyar este criterio por lo que seguramente, a partir de ahora, los funcionarios deberán afrontar dos procesos judiciales simultáneos“, señaló Sivo.

Según explicó el abogado, en la causa que ya se encuentra en trámite “existe mucha documentación” que respalda el planteo realizado por OAM, parte de la cual, servirá para nutrir a la nueva investigación que se inicie en la Justicia Federal.

“Mientras tanto la Justicia Provincial va a seguir adelante con la investigación por malversación”, explicó.

Según consta en la causa original, los denunciados son, además de Arroyo, el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle; la presidenta del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Gabriela Magnoler; el de Deportes (Emder), Carlos López Silva; el de Vialidad (Emvial), Pablo Simoni, y el de Servicios Urbanos (Emsur), Eduardo Leitao. La presentación también incluye al ex secretario de Economía y Hacienda Gustavo Schroeder, al ex titular del Emtur Mario Marchioli y al ex presidente del Emder Guillermo Volponi, actual concejal del PRO.