El fiscal Alejandro Pelegrinelli solicitó elevar a juicio la causa contra el policía que mató al recolector Emanuel Márquez en el predio de disposición final de residuos en agosto del año pasado.

El pedido, que además de la participación del titular de la Fiscalía N° 5 también lleva la firma de los fiscales Leandro Favaro y Paulo Cubas, tiene al oficial subayudante Cristian Matías Andrade imputado de “homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la condición de integrante de la fuerza de seguridad”.

Además, conforme a que se demostró que los disparos que mataron a Márquez fueron disparados por Andrade, los fiscales solicitaron el sobreseimiento de otro policía, Darío Franco, que había sido acusado del crimen en un primer momento.

En su declaración, Andrade había dicho que los disturbios habían derivado en una situación peligrosa y caótica y que los recicladores que se habían acercado al puesto policial los agredían y buscaban sustraer sus armas reglamentarias.

Situándose en ese escenario, reconoció los disparos que efectuó con una escopeta. Vale recordar que la autopsia al cadáver de Márquez había indicado que  recibió un disparo de arma larga. Así se desprendió de la extracción que los médicos forenses hicieron de un taco y nueve perdigones que estaban en el cuerpo del reciclador.

La investigación de Pelegrinelli se centra en lo que ocurrió el 16 de agosto de 2024 a la tarde en el predio de disposición final de residuos, cuando se produjo una confrontación entre Emanuel Márquez y otro recolector. Esa pelea cobró una mayor magnitud y los policías del destacamento intentaron intervenir. Algunos testigos (otros recolectores) señalaron que la policía efectuó algunos disparos al aire y eso alteró los ánimos.

Lo que siguió fue una suerte de revuelta contra los policías, algo que quedó reflejado en un video que circuló por las redes sociales. En esa secuencia se puede ver a Márquez blandiendo un fierro y atacando a los policías entre medio de dos automóviles estacionados. Junto a él otros recicladores también agreden a los policías.

Ante esta situación, Andrade tomó su escopeta marca Mossberg 1720 provista por la Comisaria Quinta para ser
utilizada por los funcionarios policiales que prestan servicio en el predio, y efectuó al menos un disparo que impactó en la cabeza de Márquez, que le provocó la muerte.

Según las conclusiones posteriores de los peritos, Márquez y Andrade se encontraban relativamente enfrentados a no más de tres metros cuando el policía disparó su escopeta.

Ante todas las pruebas reunidas, es que el fiscal Pellegrinelli, con la participación de sus colegas Cubas y Favaro, concluyó que la responsabilidad penal de Andrade tiene que ser dilucidada en un debate oral y no solo en la investación penal preparatoria. Por otra parte, también remarcó que será la defensa del imputado la que decida si será en un juicio con jurados populares o con un tribunal técnico conformado por tres jueces.

Un escenario que no cambió en una década

En el escrito de 76 páginas presentado a la Justicia de Garantías por Pellegrinelli, destacó un informe de 2014 realizado por Javier Eduardo Pettigiani -titular del CATI- en el que daba cuenta de las “dramáticas condiciones imperantes en el predio, padecidas por las casi 300 personas que allí se desempeñan diariamente, sumadas a la ausencia mínima de servicios de seguridad, higiene y salud, como también de los
controles pertinentes por parte de las autoridades competentes”.

“La preocupación existente -continúa el informe de 2014- por parte de los concurrentes al predio, respecto de la gran cantidad de niños presentes en el lugar, siendo éstos el principal objetivo de aquellas personas que venden droga en el lugar, valiéndose de esos menores para efectuar tareas de búsqueda, selección y clasificación de residuos recuperables, a cambio de un porro o bochitas de cocaína”.

Para el fiscal, los hechos en torno al asesinato de Márquez evidencias que todas las condiciones alertadas en el informe del CATI se han agravado con los años: el conflicto social de quienes viven en los límites de la marginalidad, en contexto de consumo problemático de alcohol y drogas, que necesitan revolver la basura para sobrevivir.

El asesinato desde los ojos de los recibladores

Ese 16 de agosto, Márquez había ido junto a sus hermanos y cuñados a trabajar al basural. Habían llegado cerca de las 9 de la mañana hasta las 14. Cuando preparaban todo para irse, Emanuel Márquez tuvo una confrontación con otro recolector: “¿Qué me quisiste decir el otro día?”, dicen que fue la frase que desencadenó la pelea entre ambos.

Márquez y el otro recolector intercambiaron insultos y algunos golpes, hasta que llegó un policía para separarlos. “Vos qué te metés”, le habría dicho la víctima fatal al uniformado, lo que provocó un forcejeo entre ambos.

Uno de los hermanos de Márquez se acercó a defenderlo, atacó al policía, lo que generó el apoyo inmediato del resto de los recolectores, que comenzaron a arrojar piedras. La respuesta de los policías, entre los que estaba Andrade, no se hizo esperar y tiraron con sus escopetas contra las personas.

“La gente empezó a acumular piedras, fierros y cosas para tirarle a los ‘vigis'”, expresó un testigo, quien agregó: “Y en una de esas, en algún forcejeo, uno le robó la pistola reglamentaria, con la que empezó a tirar para arriba”.

La situación se había descontrolado y en el caos ocurrió lo peor: Andrade tomó su escopeta y disparó prácticamente en línea recta, con una leve inclinación hacia arriba. Al estar a corta distancia de los recolectores, el disparo impactó de lleno en la cara de Márquez, quien caminó unos pasos hasta que se desvaneció sobre un auto.

“Lo mataron, lo mataron”, gritó uno de los presentes, lo que provocó la ira del resto de recolectores, que arremetieron contra los policías y la garita.