Daiana Siano, la empleada municipal que el año pasado denunció por acoso al secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, presentó este martes un expediente para que el intendente Carlos Arroyo instrumente un sumario administrativo al funcionario, tal como lo establece la ley 13.168.

Desde conocido su caso en septiembre del año pasado, Daiana asegura haber sido víctima no sólo del acoso que denunció haber sufrido, sino también de represalias por parte del Ejecutivo que se reflejan en su traslado a otra dependencia municipal.

“Por el presente y en legal tiempo solicito que en la existencia de actos en perjuicio de mi persona de parte del secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, que podrían encuadrar en las previsiones de la ley 13.168 y las modificaciones introducidas por la ley 14.040, en cumplimiento de las disposiciones de esa norma, se ordene en forma inmediata la instrucción de sumario administrativo a efectos de la investigación de los antecedentes que son objeto de esta presentación y se determinen las responsabilidades en el marco de esa normativa del funcionario mencionado.”, señala el texto que ha ingresado hoy al Municipio.

Daiana Siano, la empleada que denunció a Hernán Mourelle, en la comisión de Derechos Humanos para hablar de su caso, en octubre del año pasado. Foto: archivo.

Según señala el texto presente, conforme el artículo 10 de la normativa 13.168 “existe una obligación legal para la administración municipal instruir una información sumarial ante la existencia de una denuncia formalizada en el marco de esa normativa, no estando excluidos funcionarios políticos o que no integran la planta de personal estable”.

En este sentido, y teniendo en cuenta que el acoso se encuentra contemplado en el Reglamento del Personal como una forma de violencia laboral, es que la empleada solicitó que se cumpla con ese paso administrativo.

Mourelle fue denunciado por Daiana en septiembre del año pasado por haberle dirigido durante meses “comentarios fuera de lugar, siempre relacionados con un interés sexual” en un contexto en el cual ella venía reclamando el cobro de una bonificación por disponibilidad, cuyo pago debía ser autorizado por el propio funcionario. Según consta en su declaración, ella misma aclaró que dicho pago había sido firmado -y habilitado- en dos oportunidades por el propio intendente Carlos Arroyo.