Los integrantes de una banda de narcotraficantes marplatenses con conexión internacional y que quedarán al descubierto al recibir una carga de 60 kilogramos de marihuana en febrero de 2018 podrían purgar penas de entre 6 y 14 años de prisión si prospera el pedido que el fiscal general solicitó ante el Tribunal Oral Federal.

Nueve de los diez miembros de la organización, de acuerdo a sus distintos roles, fueron acusados por el fiscal general Juan Manuel Pettigiani durante la audiencia realizada en las últimas horas y que fue el tramo final, a espera de la sentencia, de un expediente iniciado gracias a una intervención telefónica autorizada al investigarse  un secuestro extorsivo. A partir de allí, investigación judicial logró desbaratar una organización narcocriminal que contaba con proveedores de cocaína y marihuana, que luego se distribuía a varios puntos de ventas en distintos barrios de Mar del Plata.

Con la asistencia del auxiliar fiscal Carlos Fioriti, el fiscal Pettigiani explicó en su alegato que el avance de la pesquisa y el aviso por parte de la División de Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, a cargo de las tareas de inteligencia de un posible arribo de una carga importante de estupefacientes, permitió el 28 de febrero de 2018 el allanamiento de la vivienda situada en Génova Bis, entre Udine Bis y Pehuajó.

En ese lugar, señaló, se encontraban Carlos “Cato” Giménez y Ángel David Brecciarolli, hoy acusados de liderar la organización junto a Cristian Daniel Domeika, quienes esperaban el arribo de Luis Fernando Nuñez Ayala y Ángel Custodio Nuñez Martínez. El fiscal añadió que padre e hijo viajaron desde Buenos Aires en una camioneta BMW con patente de Paraguay con casi 60 kilos de marihuana, escondida dentro del zócalo del vehículo. Además, en el lugar se secuestraron casi 600 gramos de cocaína, material que era provisto –de acuerdo quedó probado en el debate para el MPF- por la coimputada Marino Rueda Sánchez y por Marcelo Roldán, quien falleció en el marco del proceso. Estas personas, a su vez, se contactaban con proveedores de la ciudad de Buenos Aires para ir en busca del material, explicó Pettigiani.

Además de la acusación por tenencia ilegítima de armas que recae sobre Giménez y Brecciarolli, el fiscal ahondó en la investigación sobre el crecimiento patrimonial de los integrantes de la banda que, de acuerdo a la prueba reunida en el debate y el expediente, tenían como pantallas un corralón de material que solía estar con su persiana baja y una agencia de compra y venta de automóviles.

Indicó que, pese a ello, se logró desentramar que el ingreso central de sus miembros estaba vinculado a la venta de droga. “Los testigos han sido coincidentes en cuanto a que los locales comerciales ubicados en la calle Génova al 8000, pertenecientes a la familia Giménez, constituían una fachada para ocultar el verdadero negocio al que se dedicaban, vinculado al tráfico de estupefacientes”, sostuvo el fiscal durante la audiencia de alegato.

De esta manera, se acreditó que se buscó dar apariencia lícita al beneficio económico de esta actividad ilegal, fundamentalmente mediante la adquisición de vehículos, indicó. Su tenencia informal -detalló Pettigiani- no sólo fue detentada por Carlos Giménez, sino también por su padre Raúl Ricardo Giménez y sus hermanos Ricardo Raúl y Jeremías Ezequiel Giménez. Los automóviles, entendió la fiscalía, eran utilizados también en algunas ocasiones para el pago de sustancia ilegal.

El fiscal acusó a Carlos Giménez, Brecciarolli y Domeika como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y lavado de activos agravados. Los dos primeros suman también la acusación por tenencia ilegítima de arma de fuego. Los pedidos de pena ascienden a 14 años de prisión para “Cato” y de 10 años para los coimputados.

Por otro lado, el fiscal pidió la absolución de Rueda Sánchez respecto al delito de lavado y formuló acusación contra él por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Por ello, solicitó que se le imponga una pena a 8 años de prisión.

Para Núñez Ayala y Núñez Martínez el fiscal solicitó condenas a 6 años de prisión, por considerarlos autores del delito de transporte de estupefacientes. Para Raúl Ricardo, Ricardo Raúl y Jeremías Ezequiel Giménez, la fiscalía solicitó penas de 7 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado por ser realizado con habitualidad y como miembros de una asociación o banda conformada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza.
Cocaína y marihuana para distribuir en Mar del Plata

La hipótesis de investigación, explicó Pettigiani, se vio respaldada por numerosas escuchas telefónicas y tareas de campo, que derivaron en los allanamientos de febrero de 2018. Durante su alegato, el fiscal reparó en que hasta el 2016 “Cato” Giménez hablaba en código con la intención de que su rol en el tráfico de estupefacientes pasara inadvertido: utilizaba palabras o frases como “llegaron las chicas”, “ya vino mi amiga”, “la piba viene en el colectivo”, “alimento para perros”, “bolsa de cal”, “preparo el asado”, al hacer referencia a la sustancia estupefaciente.

Añadió que, desde comienzos de 2017, “de manera directa y categórica, sintiéndose impune, abandona en los diálogos telefónicos los rodeos hablando de manera directa sobre drogas, precios, cantidades y calidades del material estupefaciente al que se encontraba vinculado, o sea de marihuana y cocaína”.

El fiscal consideró ilustrativa, en este sentido, una conversación entre el acusado y otra persona de diciembre de 2017: “El auto estuvo cargado una semana… Se confundieron conmigo, la verdad yo no vendí pan…. Decile a la Bety (posiblemente una revendedora) que conmigo se confundió, me debe trescientas lucas. Yo no vendo pan, yo vendo droga boludo, vendo droga, vendo droga, me recontra re paro de mano por mi droga”.

En otro fragmento del alegato, el representante del MPF indicó que once audios daban “un fiel reflejo de la operatividad que utilizaba “Cato” horas previas a recibir la mercadería y su posterior distribución, casi de inmediato a sus ‘clientes’”.

La evidencia, relató el fiscal, arrojó que primero anoticiaba de la llegada del cargamento a las personas encargadas de los lugares de venta, pactaba la cantidad deseada en cada caso y con la mercancía en su poder iniciaba el fraccionamiento y distribución en el momento, para lo cual realizaba un recorrido en vehículo por los diferentes puntos previamente establecidos.

Los roles de la banda

Domeika era cuñado y –de acuerdo a la acusación- mano derecha de Carlos Giménez. Durante el alegato, el fiscal evidenció, en base a la prueba, los pedidos de sustancias estupefacientes que se hicieron uno a otro mediante comunicaciones telefónicas como la citada a continuación:

– Dani, sabés lo que necesito… Cien litros de gasoil para el camión.
– Bueno, qué es lo que querés hacer, ¿Lo venís a buscar o qué?
– Me lo dejás ahí, en la cajita del camión ese que tenés vos ahí.

Marina Yarit Rueda Sánchez –junto a su pareja Claudio Marcelo Roldán, fallecido y sobreseído- fue acusada por ser uno de los enlaces que la banda utilizaba para aprovisionarse de cocaína, quien a su vez contaba con un “dealer” que residía en la ciudad de Buenos Aires identificado como “Eta”, ubicado en un eslabón superior de la cadena de tráfico.

Al momento de los allanamientos, en la vivienda del barrio 2 de Abril de Rueda Sánchez se secuestraron, además de más de 80 mil pesos, un cuaderno con su nombre e inscripciones por demás elocuentes para la fiscalía: “Tato 110.000 pesos + 70.000 en saldos de la fea, ahora 70 + faso 45 queda”; “900 gramos + medio X+”. Debajo de la inscripción 900 gramos, se lee “6300 dolares” y debajo de “medio X” se lee “3500 dólares”. “Podríamos decir que el cuaderno secuestrado habla por sí solo”, apuntó el fiscal al referirse a las anotaciones sobre precios, tanto en dólares como en pesos, que reflejan los valores abonados o bien adeudados en concepto de compraventa de estupefacientes.

Por su parte Núñez Martínez y Núñez Ayala, padre e hijo, fueron acusados como los encargados de proveer la marihuana a la organización y fueron quienes llevaron a bordo de una camioneta con patente paraguaya los casi 60 kilos de marihuana el día de los allanamientos hasta una vivienda que la prueba demostró que ya conocían.

Al analizar el rol de Brecciarolli, el fiscal entendió que cumplía una doble función. Por un lado, indicó que había facilitado su casa para efectuar la transacción con los imputados de nacionalidad paraguaya. Y explicó que, por otro lado, el predio donde se encontraba la vivienda servía para guardar los vehículos que la organización iba adquiriendo con las ganancias obtenidas de ese tráfico. En el interior de la propiedad se secuestraron casi 600 gramos de cocaína, además de documentación y armas de fuego.

El fiscal citó otra llamada telefónica interceptada en la investigación entre Domeika y su pareja, hermana del principal acusado, acerca de una camioneta:

– Yo se la compro. Me quedo con las chatas y las motos que tengo, si yo empecé hacer una cadenita con lo otro ahora. Yo mañana de lo otro compro 10 kilos, que lo pago con una moto. Que obviamente de cajón que se me va la moto de la negra.
– Y si ahí cagaste porque se te va una moto buena.
– Y todavía le quedo debiendo 5 lucas al chabón, pero no importa porque yo le hago 40 mil a eso. Pero de entrada se me va. Después hay que salir a remontarla.

Este recorte de una comunicación más extensa para el MPF señala “a las claras que el producido de la actividad del tráfico de estupefacientes, era utilizado para la adquisición de vehículos pero, además, que para esa provisión de estupefacientes no sólo se utilizaba dinero sino, como se vio, bienes registrables, los que eran obtenidos y/o cedidos de manera informal”.

El fiscal ubicó en las maniobras de lavado a los tres principales responsables de la organización y a los familiares de “Cato” Giménez, su padre y sus hermanos.

“El comportamiento de los imputados en la presente causa ha cumplido con las tres etapas del lavado de activos: colocación, estratificación e integración. El dinero obtenido producto del tráfico de estupefacientes fue colocado en el sistema financiero formal bajo el ropaje de una ‘agencia de autos, un corralón y un polirrubro’ durante los años de su funcionamiento. Posteriormente, aunque también de forma paralela, los imputados se valieron de distintas maniobras de diversificación mediante las cuales camuflaron el origen de esos fondos en la economía a través de operaciones de compraventa de vehículos. A través de esta diversificación de los fondos ilícitos, lograron darle apariencia de licitud”, sostuvo Pettigiani en su alegato.

El fiscal citó los testimonios de los vecinos de la familia Giménez en el barrio Las Heras, producto de las tareas de investigación realizadas por la fuerza, que indicaron un “llamativo” crecimiento patrimonial, de emprendimientos comerciales y coches de alta gama, y explicó que también “se hallaron casos de manejos inusuales de dinero en efectivo”. Un claro ejemplo, puntualizó, fueron los 411 mil pesos encontrados en el interior del Chevrolet Corsa que manejaba el principal acusado al momento de los allanamientos. “Cato era el dueño de la droga, todos sabían que ese era el negocio familiar”, expresó el fiscal en la audiencia.

La droga había sido escondida dentro la carrocería de la camioneta BMW.

Pedido de decomiso

Los vehículos secuestrados en la investigación habían sido valuados, en marzo de 2018, por 3 millones de pesos, y la actualización del precio dólar arroja un valor total actual de 25 millones de pesos, según dejó constancia el fiscal en la audiencia.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 23 del Código Penal, la fiscalía solicitó el decomiso de la totalidad de los bienes y dinero –que asciende a 558.467 pesos- secuestrados.

Entre los bienes objeto de decomiso se encuentran aquellos instrumentos utilizados para la comisión de los delitos: el auto en que se movía Giménez, en cuyo interior se encontraron 411 mil pesos, una balanza digital y un arma calibre 38; y el BMW con patente de Paraguay donde se secuestró la droga.

Por otro lado, y luego de acreditarse para el MPF el delito de lavado, Pettigiani entendió que “las ganancias de la organización estaban destinadas a la adquisición de vehículos, sus transferencias de manera informal entre los imputados y utilizándose en algunos casos esos vehículos como moneda de cambio”, por lo que requirió también el decomiso de 45 vehículos, entre ellos cuatro 0 km, varias motos, dos cuatriciclos, dos camiones y un tractor.