Piden juzgar a contrabandistas de cocaína y divisas falsas
Se trata de diez imputados que fueron investigados durante la última década por formar parte de una asociación ilícita dedicada a cometer estos delitos. Además, se los acusa de lavado de dinero y comercio de estupefacientes.
Entre los imputados está el ex boxeador Héctor Luis Patri, quien fue detenido a mediados de 2018.
La Justicia Federal solicitó que se realice un debate oral contra diez de los imputados por integrar una banda que intentó contrabandear 6,5 kilos de cocaína a Europa y dólares falsos a Estados Unidos.
Se trata de los incriminados en la operación desbaratada por la Policía Federal, que denominó al caso como “Dólar blanco” a mediados de 2018. Entre los detenidos está el ex boxeador Héctor Luis Patri.
La investigación que finalizó con la caída de esta organización criminal -integrada por al menos diez personas con distintos grados de parentesco y amistad- se extendió durante la última década. A través de ella, los pesquisas descubrieron que la banda había cometido distintos delitos: el contrabando de estupefacientes, la introducción de dólares apócrifos en Estados Unidos, el comercio de drogas en Mar del Plata, y el lavado del dinero reunido a través de estos ilícitos previos.
Si bien la causa se inició en el fuero penal económico de la Ciudad de Buenos Aires -Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5- con la detención del hombre dispuesto a viajar a Europa con la droga, las tareas investigativas llegaron hasta Mar del Plata, donde la Fiscalía Federal N°2 desarrolló una causa que permitió dar con los distintos eslabones de la organización, que al menos desde 2009 habría realizado distintas maniobras destinadas al envío de cocaína a España.
En paralelo, se orientó la investigación hacía el aspecto patrimonial, lo cual permitió conocer información que vinculaba a los imputados con el tráfico de dólares falsos a Estados Unidos. Tras los allanamientos realizados en junio de 2018 y las indagatorias recibidas en el Juzgado Federal N°3, se dispuso el procesamiento de diez personas y el secuestro con fines de decomiso de seis automóviles, más de 145 mil pesos y 5.300 dólares.
La nutrida prueba que consta en el expediente, y que fue reunida por el Ministerio Público Fiscal, permitió determinar la conformación de una organización delictiva que estaría integrada en principio por los hermanos Gastón Maximiliano y Walter Luis Russo, la pareja de uno de ellos, Cintia Patri Guerrero, y otros familiares y allegados: María Lucía Milano, Cristian Ricardo Palomeque, Pablo Castagnino, Carmen Haydee Guerrero, el ex boxeador Héctor Luis Patri, Noemí Gallo y Fernando Dodero.
La acusación es por el delito de asociación ilícita y, en algunos casos, también por contrabando de estupefacientes en grado de tentativa, por comercio de estupefacientes y/o por lavado de activos; en tanto que una de las mujeres también está acusada por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.
Lavado
En términos generales, señala el requerimiento de elevación a juicio, las personas imputadas no registran actividad comercial o profesional, ni acreditan ante los organismos tributarios una actividad laboral o un origen patrimonial lícito que justifique su desarrollo patrimonial.
“La metodología para disimular el origen ilícito de esa conformación patrimonial fue introducir al mercado tales ganancias adquiriendo mayoritariamente rodados, realizando remesas de dinero, manejando cifras de dinero en efectivo en las operaciones no bancarizadas, y utilizando testaferros o prestanombres que aparecían como titulares de rodados sin ningún antecedente de solvencia económica”, apunta más adelante el escrito.
Concretamente, la hipótesis acusatoria es que los miembros de la organización realizaban principalmente dos modalidades de lavado de activos: la primera consistía en mandar las ganancias del ilícito a través del sistema de envíos de dinero de empresas de correo; y la segunda, en la adquisición de bienes registrables, en particular automóviles costosos, los cuales eran colocados a nombre de miembros de la organización y/o de terceras personas que actuaban como testaferros, y en muchos casos autorizaban a conducir esos vehículos a otras de las personas imputadas, como mecanismo para simular o dar apariencia a bienes provenientes de actividades prohibidas.