La compleja situación socio-política de Perú, que incluye una veintena de muertos desde la semana pasada, amenaza con agravarse a partir del rechazo en el Congreso al proyecto para adelantar elecciones a diciembre de 2023 y acortar a abril de 2024 los mandatos de presidente y legisladores, mientras persisten las masivas protestas cuya represión generó dos renuncias en el gabinete de la mandataria Dina Boluarte.

Aunque parecía que existía consenso al respecto, el Congreso no logró la mayoría calificada que exigía el adelanto de las elecciones –porque implica una reforma constitucional- y antes de que pudiera analizarse la reconsideración pedida, la sesión fue suspendida sin nueva fecha por el titulkar del cuerpo, José Williams.

Las bancadas de izquierda y centroizquierda eran las que consideraban que la crisis no se resolvía únicamente con comicios, sino que era preciso modificar la carta magna para que a un futuro Ejecutivo no le pase lo mismo que al del destituido Pedro Castillo, erosionado desde su asunción por un Congreso fragmentado pero marcadamente opositor.

Los bloques de Perú Libre, Magisterial, Perú Democrático, Perú Bicentenario y Cambio Democrático sostenían esa postura.

La cuestión generó tanta polémica que únicamente el fujimorista bloque de Fuerza Popular votó unido, y las demás bancadas, en cambio, sufragaron divididas.

Una reforma constitucional como la que implica adelantar comicios exige una mayoría de 87 votos en dos periodos legislativos consecutivos o 66 votos y un referendo de ratificación.

Para viabilizar la primera opción, Williams había extendido el periodo ordinario hasta el 31 de enero, para abrir uno nuevo en febrero y encarar la segunda votación de la iniciativa ahora frustrada.

La sesión marca otra dificultad en el proceso abierto con la destitución de Castillo, el miércoles de la semana pasada, y la asunción en su lugar de la entonces vice Boluarte.

El Congreso había escuchado ayer al ministro de Justicia, José Tello; y a los responsables de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para que hicieran aportes técnicos sobre la viabilidad del adelanto.

El reclamo de elecciones lo antes posible es central en las protestas que dejaron ya casi una veintena de muertos y que no bajan ni el número de ciudadanos ni el grado de violencia.

El país tiene cinco aeropuertos cerrados, decenas de rutas bloqueadas y clases suspendidas en varios departamentos y rige un estado de emergencia que habilita el accionar de Fuerzas Militares en casos internos. Además, anoche el Gobierno central decretó el toque de queda en 16 provincias.

Para peor, mientras se realizaba la sesión parlamentaria hicieron pública sus renuncias dos integrantes del gabinete de Boluarte: la ministra de Educación, Patricia Correa; y el ministro de Cultura, Jair Pérez.

“Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”, señaló Correa en una carta.

“Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento mi renuncia al cargo. Los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible mi permanencia en su gobierno”, indicó Pérez.

Los dos se referían al accionar de militares y policías, a los que se acusa de la mayoría de las muertes que se registran desde el miércoles de la semana pasada y que alcanzaron las 18, aunque medios y algunas instituciones suben a 20 o 22.

Los graves hechos en Ayacucho, donde grupos locales intentaron tomar el aeropuerto con un saldo de ocho muertos marcaron una bisagra en el accionar de las fuerzas militares y en el estado de emergencia dictado hace apenas días, que restringe derechos.

A pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo y una denuncia del Ministerio Público para que se investigue el accionar de los militares se sumaron denuncias constitucionales del congresista Alex Flores Ramírez contra los responsables de Interior, César Cervantes; y de Defensa, Luis Alberto Otárola, por homicidio calificado y lesiones graves.

Al no haber un registro centralizado de víctimas, los números difieren por las informaciones de provincias y departamentos y por las fuentes que los consignan: policías locales, Defensoría del Pueblo y carteras de salud, entre otras.

En otro intento de llamar a la calma, Boluarte anunció que viajará al interior para atender los reclamos de las protestas y conformar mesas de diálogo con líderes de iglesias y gobernadores regionales.

“Quiero informar que he convocado a los líderes de las iglesias católica, cristiana y evangélica para instalar una mesa de diálogo en cada una de las regiones que se han movilizado con el apoyo de los gobernadores, a quienes ya hemos convocado”, aseguró Boluarte en la ciudad de Chorrillos.

Explicó que pretende abrir espacios para “llamar a los líderes que encabezan las marchas” y escuchar sus demandas. “Todos estos esfuerzos con un claro objetivo: la paz social del país”, subrayó.

Mientras, el expresidente Castillo fue trasladado al penal de Barbadillo, en la periferia de Lima, donde también se encuentra recluido el exmandatario Alberto Fujimori, para cumplir la prisión preventiva por 18 meses que ayer la justicia dispuso en su contra.

Desde que fue destituido, el 7 de este mes, Castillo estaba detenido de manera preliminar en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes).

El penal de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate, es conocido como “la cárcel presidencial” porque ahí es donde Fujimori cumple una condena a 25 años de prisión.